Frente a la expulsión: por el derecho a la universidad pública en Madrid

Este año la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) publicó su prestigioso informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. Madrid, 2025. En su prólogo, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid (CM), Emilio Viciana, afirmaba que este informe “pone de manifiesto las bases de excelencia y calidad con las que está comprometida la institución universitaria”.

Cuando entramos al texto a comprobar la denominada “excelencia” de Madrid, nos encontramos datos como los siguientes: “Entre 2009 y 2022 fue la región con mayor incremento de la recaudación por tasas, precios públicos y otros ingresos y la de mayor descenso de lo recibido por transferencias corrientes. Asimismo fue la segunda región con menor incremento de los gastos de personal.” Y continúa: “En 2024 registraba el segundo precio medio más alto del crédito y la región muestra el precio más alto [de máster], de 52 euros/crédito frente a los 30 euros/crédito del promedio español”

A pesar de los múltiples datos en la misma dirección, ¿leyó Viciana el informe que prologó? Es muy probable que no, porque si lo hubiese hecho quizás no habría inflado tanto su discurso triunfalista. Desgraciadamente, los datos de la asfixia de la universidad pública en Madrid son sistemáticamente demoledores, como siguen demostrando todos los análisis serios del tema, desde los mencionados informes de la CYD y los de la conferencia de rectores (CRUE), los que por ejemplo viene realizando este diario, o los elaborados por las Plataformas x la Pública. La realidad es muy tozuda y sin duda contribuye a explicar la fuerza adquirida por las masivas movilizaciones de este 2025 y las huelgas del pasado 28 de abril, y del 26 y 27 de noviembre.

¿Pero cuál es realmente el cambio de modelo al que apuntan las políticas de la Comunidad de Madrid en el ámbito universitario? ¿Cuáles son sus objetivos menos explícitos? Para entenderlos mejor, podemos seguir leyendo entre líneas en el citado prólogo de Viciana.

Según el consejero, el modelo Madrid busca que la universidad “tienda puentes con la empresa”. O en nuestra interpretación, que la educación pública rompa puentes con todo aquello que no sirva directamente para “la empresa”, y se subordine cada vez más a un principio de rentabilidad impropio de un servicio público. A esto apunta que ya 3 de cada 10 estudiantes en Madrid estudien en las universidades privadas, o el nuevo diseño de los consejos sociales que prevé la próxima Ley de Enseñanzas Superiores (LESUC). En esos espacios tendrá cada vez más poder de decisión élites políticas y económicas elegidas a dedo por la Comunidad de Madrid, como ya ha sucedido con casos como el de Francisco Marhuenda, Carlos Mayor Oreja u otros.

Citando nuevamente al consejero, en su modelo de universidad se buscará cada vez más que “la investigación se haga por los mejores y en las áreas en las que es realmente necesario”. Bajo nuestro punto de vista, este discurso de “los mejores” viene a decirnos que aquel profesorado, personal, áreas de investigación o grados que puntuemos menos en sus criterios de “los mejores”, podremos en última instancia ser expulsados de la universidad pública, como quien pierde en una suerte de juego del calamar. A esto apunta el velocísimo avance de las universidades privadas sobre las públicas: por cada 100 personas que entraron a trabajar en la universidad madrileña entre 2016 y 2024, 53 lo hicieron para las privadas. El capital privado captó a más recursos humanos en solo ocho años que las seis universidades públicas de Madrid.

Por último, escribe Viciana: “Las universidades madrileñas son… puerta de entrada para los estudiantes de Hispanoamérica… lo que nos otorga una gran responsabilidad pero también una oportunidad histórica para consolidarnos como la capital de los estudios superiores en español”. La campaña Make Madrid your choice, los viajes de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los rectores a Estados Unidos o el discurso de la neohispanidad apuntan a esta apuesta por la miamización de Madrid. No deja de ser significativo que la propia web institucional de la Comunidad de Madrid contiene la etiqueta “Miami”.

Pero la cara amable del supuesto aperturismo ayusista, que presenta Madrid como una tierra de libertad y oportunidades, conlleva en su cara menos amable la expulsión de facto de quienes no puedan pagar. El proyecto de que Madrid sea cada vez más una máquina de atracción de capital inmobiliario o de ricos estudiantes hispanohablantes, implica algo menos confesable: que Madrid sea también una máquina de expulsión, de quien no puede asumir los astronómicos precios de la vivienda, o de quienes no puedan hipotecarse para pagar sus estudios o su seguro privado de salud.

Frente a este modelo de expulsión que nos quieren imponer, el emergente movimiento por la universidad pública tenemos que ser capaces de mantener y elevar el pulso al Gobierno madrileño. No solo tenemos los datos de nuestro lado, también hemos sido capaces de levantar una movilización histórica. Si conseguimos el apoyo de las cientos de miles de familias que también se están jugando su futuro en esta batalla por la educación pública, podremos revertir la asfixia y parar la LESUC. Porque a Ayuso no le basta con su mayoría absoluta, necesita también una legitimidad de la que, en este momento, carece.