Por qué concertar el bachillerato es una pésima idea

El principal argumento esgrimido para justificar la creación de conciertos en la etapa de Bachillerato ha sido garantizar la “libertad de elección”. Se asume que la idea de la libertad educativa, recogida en la Constitución Española, se limita a la dimensión negativa del término, es decir, a la libertad individual para escoger entre productos predeterminados en el mercado educativo. Sin embargo, la libertad educativa es un concepto mucho más complejo que supone garantizar la posibilidad de las familias para participar en la vida de los centros, la libertad de enseñanza, la posibilidad de crear centros o la autonomía de las universidades. Asimismo, si profundizamos en la idea de libertad debemos considerar la educación como un bien común que facilita el desarrollo de las potencialidades que permiten a la ciudadanía llevar a cabo sus proyectos vitales, y por ende ser libre.

En cualquier caso, España es de los países donde esa idea de libertad de elección está más preservada y la competición entre centros es mayor. De acuerdo con estudio de la Fundación Novae Terrae y OIDEL, nuestro país es el décimo del mundo “con mayor libertad en educación”. De facto, aunque los sistemas de subsidios a centros privados son relativamente frecuentes a nivel internacional, España supone una rareza en lo que respecta al número de estudiantes matriculados en centros concertados, especialmente en Educación Primaria (sólo superado por Bélgica). De acuerdo con los datos de PISA, mientras que el número de estudiantes matriculado en centros privados independientes es similar a la OCDE y la UE (sobre el 5%), el número de estudiantes inscritos en centros concertados en España es del 24%, lo que supone el doble de la medida de la OCDE (11%) y un tercio más que la Unión Europea (15%). En la mayoría de los países de Europa la enseñanza concertada es residual, al mismo tiempo que en algunos países como Portugal ha experimentado una auténtica revolución educativa reduciendo su dependencia del sector privado a través de un proceso de “des-concertación “.

La propuesta de mantener y ampliar los conciertos educativos en bachillerato sale al rescate del sistema de doble red en un contexto de caída demográfica y pérdida de población escolar, al tiempo que responde a una de las batallas ideológicas de sectores conservadores y liberales. Esta política se encuadra dentro de una ola privatizadora que busca reducir la cobertura pública a través de la restricción presupuestaria, la infraoferta de plazas públicas y las transferencias a entidades privadas, que han visto incrementado su presupuesto un 30% desde el curso 2014-2015, muy lejos de las ampliaciones del sector público. Esta tendencia privatizadora tiene muchas manifestaciones y recurre a diferentes estrategias como la financiación a las familias de Escuelas Privadas de Educación Infantil, los cheques escolares para cursar bachillerato en centros privados o las mal llamadas becas para FP en centros privados. En esta línea se mantienen los conciertos en etapas obligatorias no siendo necesarios, al tiempo que se busca ampliar los mismos al Bachillerato. Incluso dejando de lado las cuestiones ideológicas, desde el punto de vista técnico existen al menos tres argumentos relevantes que desaconsejan esta decisión.

En primer lugar, es necesario referirse a la mencionada caída demográfica. Tomando como referencia los últimos 20 años, los nacimientos alcanzaron su punto álgido a finales de la primera década, y desde entonces cada año esta cifra se ha ido contrayendo. En 2022 se alcanzó el mínimo histórico (desde la guerra civil), pero todo parece indicar que 2023 será incluso peor, con una estimación de 200.000 nacimientos menos que en 2008 (cuando nacieron más de 500.000 bebés). Esta curva se ha trasladado con pequeñas variaciones al sistema educativo, lo que se ha traducido en que este curso haya 300.000 estudiantes menos del segundo ciclo de Educación Infantil y de Primaria, mientras que los estudiantes de bachillerato aumentan. La mejora en las tasas de escolarización en esta etapa, la reducción del abandono educativo temprano y la llegada de las cohortes más numerosas hacer prever que durante los siguientes cursos el número de jóvenes matriculados en bachillerato aumente. Sin embargo, las mismas cifras hacen suponer que en menos de un lustro, el invierno demográfico llegará también a esta etapa, “sobrando” plazas escolares. En ese momento, será necesaria una restructuración de la oferta que conllevará, entre otras medidas, cerrar líneas y centros como ya está ocurriendo en las etapas precedentes. Sin embargo, la mayoría de gobiernos autonómicos están haciendo recaer la perdida demográfica sobre los centros públicos de manera exclusiva, puesto que los conciertos no permiten ajustar sus dimensiones al alumnado dado que se renuevan cada, al menos, cada 4 años. Incluso en algunos casos sentencias judiciales han permitido extender conciertos una vez finalizados y concluida su razón de ser. La historia de los conciertos educativos en España muestra cómo estos aumentan muy rápido en un contexto de expansión educativa, pero se reducen lentamente cuando se produce pérdida demográfica. En este sentido, mantener y crear nuevos conciertos supone una losa para la planificación educativa, al tiempo que una pérdida de eficiencia del sistema. Es decir, en la medida en que exista sobreoferta y una oferta atomizada, se producirán solapamientos que se traducen en un mayor gasto que afectará a la maltrecha inversión educativa. Al mismo tiempo, se desatará una mayor competencia entre redes en una suerte de batalla escolar por las matrículas, que hasta la fecha no ha demostrado tener ningún beneficio sobre la educación.

En segundo lugar, es necesario hacer alusión al problema de segregación escolar, una de las mayores debilidades de nuestro sistema educativo. A pesar de que las alianzas público-privadas en educación gozan de cada vez más aceptación, existe suficiente consenso académico para afirmar que estas contribuyen de manera directa a la generación de desigualdades. Los sistemas educativos con altos porcentajes de centros privados tienden a favorecer la estratificación entre escuelas y la segregación escolar, especialmente si existe una infrafinanciación de la educación. En nuestro caso, las diferencias se pueden observar atendiendo a múltiples factores como el nivel socioeconómico, la orientación religiosa del alumnado, el origen nacional, las necesidades educativas o la ruralidad. En todos estos casos existe un reparto asimétrico entre la escuela pública y la concertada. A pesar de que existe una alta heterogeneidad entre los centros concertados y que la segregación también afecta a los centros públicos, diferentes trabajos centrados en el caso español apuntan que la doble red es el elemento que más contribuye a la segregación escolar y, por ende, a la generación de desigualdades. Por otra parte, parece poco conveniente establecer nuevos conciertos educativos cuando todavía no se ha resuelto el problema de la exigencia a las familias del pago de cuotas o copagos ilegales. Es decir, aunque todas las leyes educativas han recogido explícitamente la prohibición de cobrar cuotas, se constata que es una práctica generalizada que afecta, aproximadamente, al 90% de los centros concertados. Es previsible que al extender el sistema de conciertos a nuevas etapas se extienda asimismo esta mala práctica, que supone a la postre un aumento de la financiación por parte de las familias y uno de los principales focos de la segregación.

Un tercer motivo que desaconseja la concertación del bachillerato tiene que ver con la naturaleza de esta etapa. La existencia de una prueba de acceso a la universidad en la que la nota de acceso está condicionada por la nota del bachillerato genera importantes dilemas morales, puesto que determina la distribución de un bien generalmente escaso como son las plazas disponibles para estudiar en la universidad. En este punto cabe recordar que la situación de los docentes de la concertada, cuyos salarios son sufragados con dinero público, pero no han participado en procesos bajo los criterios de libre concurrencia, mérito y capacidad, supone una anomalía en el ordenamiento jurídico español. Esta singularidad se extiende a la capacidad que se les otorga para expedir calificaciones del alumnado y competir en igualdad de condiciones con los estudiantes que proceden de centros públicos, cuya calificación ha sido determinada por un funcionario. En este sentido, diferentes trabajos como el presentado por el Observatorio del Sistema Universitario han puesto de manifiesto que los estudiantes procedentes de centros privados tienden a obtener mayores calificaciones que no correlacionan con las del examen de acceso a la universidad, pero que lógicamente aumentan sus opciones generando inequidad. Coherente con estos datos, se ha observado que los estudiantes de los centros públicos con similar calificación en las pruebas de acceso que sus compañeros de la concertada tienen más probabilidades de obtener buenos resultados en la etapa universitaria.

La educación pública, gratuita y universal es uno de los principales pilares en los que se asienta toda sociedad moderna y democrática. En España, no fue hasta mediados del siglo XIX que se implantó la gratuidad de la educación primaria y, hoy por hoy, con un consolidado acceso universal a la educación y un nivel de desarrollo suficiente del país para garantizar la provisión de la educación básica por medios propios, tiene poco sentido “externalizar” o “privatizar” el ejercicio al derecho a la educación. Desde el punto de vista técnico, nuestra sociedad y nuestros gobiernos tienen en sus manos los recursos presupuestarios necesarios no sólo para resistirse a los impulsos privatizadores, sino también para mejorar la dotación económica que se destina a Educación. Si queremos una apuesta en firme por la Educación es necesario aunar fuerzas para garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a la escuela y la compensación de desigualdades. Sólo de esta manera estaremos apostando por una educación de calidad, justa y equitativa.

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