Las autonomías y los centros educativos podrán fijar una parte mayor del currículo con la nueva ley

PSOE y Podemos pactan con varios grupos del bloque de la investidura una enmienda que se votará este martes en la comisión de Educación, donde se tramita la Lomloe

Aula de un instituto de Santiago de Compostela, a principios de octubre.
Aula de un instituto de Santiago de Compostela, a principios de octubre.OSCAR CORRAL / EL PAÍS

PSOE, Podemos y varios grupos parlamentarios, que conjuntamente suman mayoría en la comisión de Educación del Congreso, han pactado una enmienda transaccional que permite a las autonomías y a los centros fijar una parte mayor del currículo, según han asegurado a este periódico fuentes parlamentarias. Está previsto que la enmienda, de la que todavía quedan algunos flecos por cerrar, sea votada este martes en la ponencia que tramita la reforma de la ley educativa, la Lomloe. Los cambios aprobados por la comisión serán incorporadas al proyecto legislativo que el Gobierno quiere que llegue al pleno antes de fin de año.

La enmienda, que se enmarca en una reforma más amplía del currículo, ha sido negociada con buena parte de los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez. Y reservará al Gobierno la fijación de, al menos, la mitad del currículo. El proyecto de la nueva ley, aprobado en marzo por el Consejo de Ministros, contempla que el Ejecutivo fije el 55% de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 65% en las autonomías sin ella, en línea con lo que estableció en 2006 la ley elaborada por el Gobierno socialista. Un sistema que el PP cambió con la Lomce, la norma ahora vigente, que estableció un esquema que reserva al Gobierno la definición casi completa de las asignaturas troncales, dejando a las comunidades el diseño de las asignaturas específicas y de libre configuración.

La enmienda rebajará el porcentaje de currículo que fija el Gobierno. Las fuentes parlamentarias consultadas defienden, sin embargo, que el objetivo del acuerdo no es reducir el peso del ministerio para que aumente el de las autonomías, sino que ambos niveles de la Administración cedan y que quienes ganen autonomía para definir una parte del currículo sean los centros educativos. Y así lo recoge el acuerdo alcanzado para modificar el artículo 6 del proyecto de ley.

En septiembre, PSOE y Unidas Podemos presentaron una enmienda que preveía que los centros educativos pudieran completar “el currículo de las diferentes etapas y ciclos, disponiendo de un 10% de los horarios escolares, dentro del margen que establezcan las autoridades educativas”. Pero tras las negociaciones mantenidas a varias bandas en las últimas semanas lo más probable es que la enmienda transaccional diga que los centros fijarán un porcentaje del currículo, dejando que sean las comunidades autónomas las que especifiquen cuál.

Fuentes que han participado en la negociación argumentan que en los centros educativos se han gestado las grandes experiencias de innovación pedagógica, y que la petición de disponer de autonomía curricular por parte de las corrientes renovadoras ya fue planteada hace 30 años durante la elaboración de la Logse, la ley educativa aprobada en 1990 por el PSOE que configuró la estructura actual del sistema educativo. Ahora, los centros ya disponen de cierto grado de autonomía, pero los impulsores de la enmienda señalan que menos de lo habitual en los países de la OCDE.

La enmienda transaccional contempla vincular esa nueva autonomía curricular con el desarrollo de las competencias básicas —las habilidades y conocimientos que, más allá del concepto clásico de contenido, los alumnos deben haber adquirido al finalizar la escolarización para poder desenvolverse en la sociedad— y los llamados elementos transversales, como pueden ser los derechos humanos, la sostenibilidad, la igualdad de género y la educación afectivo-sexual. Es decir, que los centros orienten esa parte del horario que van a poder definir a esos dos ámbitos.

Si, como creen los parlamentarios consultados, la enmienda sale adelante, será una señal favorable a que la ley también puede hacerlo. En julio, el Congreso rechazó el bloque social del plan de reconstrucción por el desacuerdo en las cuestiones educativas, lo que despertó dudas sobre la viabilidad de la norma. La semana pasada, en cambio, el Ministerio de Educación logró convalidar el decreto sobre medidas urgentes ante la pandemia con 187 votos, 11 más de los que necesita una ley orgánica como la de educación para ser aprobada.

Modernización permanente

Existe un consenso bastante amplio en la comunidad educativa sobre la necesidad de reformar el currículo —el conjunto de objetivos, contenidos, competencias, metodología pedagógica y criterios de evaluación— español, tan largo y exhaustivo que a menudo es comparado con una enciclopedia. Además de aligerarlo, dando más peso a las competencias básicas y reduciendo unos contenidos muy prolijos, el Gobierno incluyó en su proyecto de ley educativa, la Lomloe, la creación de “una unidad” en la estructura del Ministerio de Educación dedicada a reformarlo de forma permanente, adaptándolo a los cambios sociales y tecnológicos que se van produciendo sin necesidad de realizar una modificación de la ley.

Las características de dicha unidad, que se llamará Instituto de Desarrollo Curricular, fueron perfiladas en una Proposición No de Ley del PSOE aprobada por el Congreso en septiembre. Junto al Gobierno participarán en él las comunidades autónomas, los centros educativos, docentes y otros expertos. Y elevará propuestas “que sirvan de fundamento para las normas reguladoras del currículo” que deba aprobar el ministerio mediante real decreto. El objetivo, señalan fuentes parlamentarias, es hacer un currículo “más participativo y abierto a la sociedad”.

El Gobierno aspira a aprobar la nueva ley educativa antes de fin de año. La comisión de Educación del Congreso rechazó la semana pasada la petición de PP, Ciudadanos y Vox para llamar a comparecer, tras el periodo de enmiendas, a miembros de la comunidad educativa. Los tres partidos que lo proponían criticaron que ello suponía reducir la participación de la sociedad en la nueva ley. Parlamentarios de los dos partidos que integran el Gobierno afirman, por su parte, que las comparecencias una vez tramitadas las enmiendas a la ley carecen de sentido y que el objetivo de la solicitud era generar ruido y retrasar la tramitación de la ley.

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