La lucha contra la corrupción en las empresas españolas tiene todavía bastantes ángulos muertos

España y sus empresas combaten la corrupción y rechazan los sobornos transnacionales. La afirmación es cierta; tan cierta como decir que España y sus empresas están a favor de un aire más limpio. Son verdades con letra pequeña. España suscribió en 2000 el Convenio de la OCDE de lucha contra de la corrupción de 1997; reformó el Código Penal en los años 2010 y 2015 para ajustar las responsabilidades de las personas jurídicas —las empresas— en las prácticas corruptas y todas las grandes empresas, sin excepción, tienen departamentos internos dedicados a prevenir las malas prácticas —áreas de compliance—. Pero hechos son hechos. Periódicamente afloran de forma lenta y pesada casos de corrupción transnacional que afectan a grandes compañías. El último, la multa de 80 millones de EE UU a la filial de Telefónica en Venezuela para cerrar, con acuerdo de las partes, una investigación sobre sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano en 2014.

Los informes de la OCDE sobre España destacan los avances en la lucha contra la corrupción empresarial de los últimos años, pero también desnudan la realidad. En 2022, la OCDE concluyó que “desde que la Convención de la OCDE contra el Cohecho Internacional entró en vigor hace más de 20 años, España ha condenado solo a dos personas en un caso de cohecho internacional, y no ha condenado a una sola empresa. España sigue cerrando casos prematuramente”. Desde entonces, según fuentes jurídicas, la situación ha cambiado poco. A los condenados que mencionaba la OCDE hace dos años —dos empleados de la editorial Aplicaciones Pedagógicas y Comercialización Editorial que, según la sentencia, sobornaron a un ministro de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial— solo se ha añadido otra condena: la del exdirector comercial de la empresa de armamento semipública Defex —liquidada en 2017— por comisiones y sobornos en Camerún.

Defex, absuelta como sociedad en el caso, arrastra todavía investigaciones por sus actuaciones en Angola y Arabia Saudí. El caso de la empresa de armamento es uno de los más notables de los últimos años; forma parte de una significativa lista de compañías españolas afectadas por investigaciones: Duro Felguera también por sobornos en Venezuela —”el tema sigue su curso legal”, dicen en la empresa—; FCC por sobornos en Panamá; la pública Mercasa (2019) por pagos a funcionarios por contratos públicos en varios países de América Latina u OHLA en México —la firma no ha dado detalles sobre el estado actual del caso—. Otras investigaciones sobre grandes compañías o sus filiales —Iberdrola en EE UU o el consorcio constructor del AVE a La Meca— se han cerrado sin consecuencias.

Pilar Otero, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, enumera algunas de las causas por las que no hay sentencias condenatorias por corrupción transnacional en España: la complejidad de los procedimientos, con multitud de piezas separadas; la regulación deficiente; la dificultad de recabar pruebas y dudas en casos en los que puede haber habido ya sanción en origen. El resultado es un freno a los enjuiciamientos de estos delitos en España. Y culpables que no pagan. Otero apunta como ejemplo a la filial en España de Fresenius Medical Care, “que realizó prácticas corruptas en España, a la que se le ha aplicado la FCPA [La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero aprobada en EE UU en 1977], y, sin embargo, no ha sido enjuiciada en nuestro país”.

El combate contra la gran corrupción transnacional afecta sobre todo a áreas como América Latina o África y no ha tenido grandes logros en España. Podría dar la falsa sensación de que las empresas españolas no caen en la tentación. Pero si se baja un poco el listón y se pasa de la gran corrupción político empresarial al fraude —definido como actos u omisiones, deliberados o imprudentes, que engañan para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o evadir una obligación—, el mapa para España y sus empresas es preocupante.

El número de empresas españolas sancionadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están aumentando, aunque sin demasiado ruido, porque los procedimientos se resuelven mayoritariamente a través de procesos negociados. En la conferencia titulada Fraude y corrupción en los proyectos multilaterales: perspectivas, retos y experiencias, celebrada en septiembre de 2022 y organizada por el Consejo General de la Abogacía, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada española en Washington, se detalló que España ocupa el puesto número 22 de los países sancionados por el Banco Mundial, por número de empresas. Y el cuarto en el caso del BID. En el mismo acto, Marlon Q. Paz, socio de Latham & Watkins, remachó: “En las sanciones por fraude, España es uno de los más frecuentes, de los países desarrollados es el número uno”.

Los datos no son para presumir, aunque hay margen para el optimismo. Jose F. Zamarriego, presidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom), así lo cree. “Hay una gran sensibilización [en las empresas]; se está evolucionando mucho y bien. Las personas jurídicas cada vez son más conscientes de la necesidad de implementar sistemas de gestión de compliance y los tribunales se van pronunciando; van ayudando a clarificar situaciones”.

Más formal que efectivo

Para Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (ORSC), la botella no está precisamente llena. “Las empresas han adoptado políticas de cumplimiento, pero estas, en muchos casos, son más formales que efectivas y dejan margen a la corrupción”. “A pesar de las reformas legislativas y la inclusión de la responsabilidad jurídica de las empresas, la persecución de delitos fuera de España ha sido mínima”. Vázquez hace, además, un pronóstico con posibilidades de acertar. “[Casos de corrupción] se han producido, se están produciendo y se seguirán produciendo en el futuro”.

Aparentemente, la lucha contra la corrupción funciona, pero conviene mirar detrás de la cortina. Haz Fundación, constituida en 2007 para impulsar el buen gobierno, elabora un ranking anual sobre la actividad de compliance de las grandes empresas —prevención, gestión, control, y reacción de riesgos operativos y legales—. La lista de 2024 es interesante. Haz Fundación distingue entre empresas transparentes —muestran todo—, translúcidas —hay luz pero no hay detalles— y opacas. Su conclusión: la mayoría de las firmas del Ibex 35 (66%) son consideradas translúcidas en sus prácticas de compliance; el 23%, transparente, y un 11%, opaco. Queda mucho trabajo por hacer. “Se ha avanzado”, explica Javier Marín Cavanna, director de la fundación, “pero hay un margen de mejora muy importante, porque la legislación en estos temas es relativamente reciente”.

Fuentes de uno de los bufetes de asesoramiento legal a grandes corporaciones más afamado de España añaden otro detalle importante: la presión que ha supuesto la reforma del Código Penal ha durado unos años, pero o se actualizan los cambios, o la presión se desvanecerá. Es algo negativo para el conjunto de la sociedad porque cuesta dinero, aunque no está claro cuánto. En España, el coste estimado de la corrupción se sitúa entre 60.000 y 90.000 millones anuales, entre el 4% y el 6% del PIB. La cifra se basa en informes de la Comisión Europea y ONG especializadas, como Transparency International y Corporate Europe Observatory. A estas alturas, al menos, está claro que el consejero delegado de General Motors Charles Erwin Wilson —luego secretario de Defensa con Eisenhower— nunca tuvo razón: lo que es bueno para General Motors no siempre es bueno para EE UU.