Se acaba la moratoria contable para las empresas en pérdidas por la covid

Una pesada losa que arrastran desde hace años. Para muchas empresas, eso son las pérdidas generadas durante la pandemia. Algunas optaron por la disolución, pero otras se agarraron a un salvavidas legal creado en plena crisis para ayudarlas a seguir levantando la persiana cada día. Se trata de la moratoria contable o moratoria societaria, un instrumento que les ha permitido esquivar esta causa de disolución que contempla la ley, a pesar de los números rojos que figuran en los libros contables de los peores años de la covid, 2020 y 2021. De este modo, compañías de la hostelería, el comercio, el turismo, la construcción o la automoción han podido funcionar como si esos deterioros no existieran y también han contado con tiempo extra para intentar recuperarse de los desequilibrios en sus balances. Pero esta “ficción” contable, como la califican los expertos, termina el 31 de diciembre de 2024.

Para evitar una hecatombe económica y empresarial por las restricciones del coronavirus, en 2020 el Gobierno puso en marcha dos medidas de alto impacto: una moratoria concursal, que finalizó en junio de 2022, y una moratoria societaria o contable. El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, amplió los efectos de esta última hasta el cierre de 2024 con el fin de apoyar a las empresas que, antes de la crisis y en condiciones normales, tenían capacidad para asumir sus obligaciones y seguir funcionando. ¿El objetivo? Que el parón económico no truncara su viabilidad.

“La moratoria ha permitido a las empresas en dificultades económicas mejorar su estabilidad financiera en un contexto de recuperación y facilitar el proceso de reestructuración empresarial sin la presión de tener que mostrar viabilidad o solvencia en el corto plazo”, explica Victoria Vilar, socia de fusiones y adquisiciones de Zadal. Además, les ha dado más margen para planificar a largo plazo, adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y, en los escenarios más optimistas, acometer innovaciones y mejoras. Gracias a ella, las empresas han podido obviar los deterioros registrados en los ejercicios más duros para acogerse a la opción de eludir la causa legal de disolución si su patrimonio neto quedaba por debajo de la mitad de su capital social. Y es que, si una empresa llega a este punto, la Ley de Sociedades de Capital obliga a los administradores a convocar una junta en los dos meses siguientes para decidir si ponen punto final a la actividad de la compañía o si adoptan medidas para sacar a flote el negocio.

No es que no existan las pérdidas, porque están ahí y figuran en el balance, pero se actúa como si no existieran, aclara Juan Díaz Hidalgo, socio de mercantil de Eversheds Sutherland. El abogado cuenta que en estos años muchas empresas que no lograron remontar el vuelo optaron por no alargar la agonía y echaron el cierre. Y, en todo caso, advierte de que “las empresas han tenido que seguir haciendo su contabilidad. Si en 2022 y 2023 la situación se seguía deteriorando, con esos números ya tendrían que haber ido a la causa de disolución porque no todas las empresas se acogieron a la moratoria, no era obligatorio”.

Un balón de oxígeno

Algunas han logrado recuperarse a niveles previos de la covid en estos últimos ejercicios. “En algunos casos, el paso del tiempo ha evidenciado que se trataba de pérdidas meramente coyunturales”, explica Victoria Vilar, que señala que, en estos años, incluso en el mercado de fusiones y adquisiciones, ha sido habitual no tener en cuenta los resultados de 2020 y 2021 en la valoración de la compañía objeto de una operación.

Pero otras empresas están en el límite. “Las que hayan tenido un desempeño negativo a posteriori, es muy probable que hayan ido a concurso. Y las empresas que podrían estar en la cuerda floja son casos muy concretos”, advierte Manuel García-Villarrubia, socio de concursal de Uría. Los especialistas creen que no debería haber grandes sorpresas y que, a estas alturas, con los balances contables sobre la mesa, el panorama debería estar más o menos claro para los administradores.

La moratoria toca algo muy sensible: la responsabilidad de los administradores. En números rojos, “si no convocan la junta en dos meses para adoptar decisiones, habría responsabilidad solidaria de los administradores y tendrán que responder con su patrimonio personal. Con esto se crea un incentivo para que sean diligentes al adoptar las medidas”, señala Juan Díaz Hidalgo. Precisamente el principal beneficio de ambas moratorias ha sido poner en estado de hibernación esta responsabilidad.

Hay coincidencia en que, en los dos ejercicios anteriores a este 2024, ha habido una suerte de depuración natural de negocios inviables, que se han disuelto, y también de empresas en dificultades para afrontar sus deudas, por ejemplo, casos de sociedades que no estaban en desequilibro patrimonial, pero que sí se encontraban en situación de concurso.

El impacto del fin de la moratoria apenas se notará en grandes empresas y multinacionales, pero las pymes lo pueden tener más difícil. “Al final, la economía real es la que funciona. Esto es una ficción que puede haber ayudado, pero la realidad se impone. Una cosa es el desbalance patrimonial, pero la mayoría de las empresas mueren por falta de liquidez”, concluye Juan Díaz Hidalgo. Ahora es el momento de revisar las cuentas para saber si la situación es crítica. “El administrador debe saber ahora, con los datos disponibles y los constatados contablemente, si la carroza se va a convertir en calabaza y determinar las medidas que puede adoptar “, explica Manuel García-Villarrubia, que recalca que los directivos de las empresas deben ser diligentes si ven que la empresa no remonta. El tiempo se agota.