CAE: las siglas que esconden una desconocida fuente de ingresos para los vecinos

Las comunidades de propietarios cuentan con un nuevo aliado para conseguir ingresos. Es el certificado de ahorro energético (CAE), un sistema que funciona con éxito en otros países, como Francia, y que acredita el ahorro de energía que se consigue tras llevar a cabo una actuación de eficiencia energética en un edificio. Lo mejor, y aquí esta la novedad, es que esos certificados, esos ahorros obtenidos, pueden venderse. Un CAE equivale a 1 kilovatio hora (KWh) de ahorro energético. Es decir, si un cambio a luces led ahorra 100 KWh se emitirán (y se podrán comercializar) 100 CAE.

Este documento, de momento un gran desconocido para los vecinos porque su implantación en España es muy reciente, va a marcar un antes y un después. No se trata solo de reducir la factura energética, sino de obtener una contraprestación económica con la que hasta ahora no contaban.

Los CAE funcionan como un título o activo que se puede monetizar. Es decir, los certificados que genera una comunidad de vecinos se venden —ya sea directamente o a través de empresas intermediarias— a los denominados sujetos obligados: comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor y operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, que están obligados por ley a obtener una determinada cuota anual de ahorro energético. En 2024, se contabilizan 706 compañías, de las que 455 tienen una obligación total de ahorro de 4.299 gigavatios hora (GWh). Entre ellas están Naturgy, Repsol, Iberdrola, Cepsa, EDP y muchas otras menos conocidas para el gran público.

Hasta ahora, estos sujetos obligados solo podían cumplir ingresando un dinero al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), que se creó en 2014, depende del Ministerio de Transición Ecológica y tiene como objetivo financiar iniciativas nacionales de eficiencia energética. Pero en enero de 2023, el Gobierno aprueba el real decreto 36/2023, que establece el sistema de CAE. Ahora, estas empresas pueden cumplir con su obligación bien pagando con dinero al FNEE, como ya hacían, o bien comprando CAE a comunidades de propietarios o a empresas del sector transporte, industrial o terciario. Evidentemente, los sujetos obligados solo elegirán adquirir certificados si les cuesta menos que pagar al FNEE —la equivalencia financiera en la orden de obligaciones de 2024 es de 182 euros por megavatio hora (MWh)—.

La mejor oferta

¿Cuánto están recibiendo los vecinos? Hasta ahora las ofertas se han movido entre los 20 y 90 euros por CAE, siempre muy por debajo de los 182 euros. Las comunidades tendrán que ser capaces de negociar, de la mejor forma posible, la venta de sus ahorros. Con la contraprestación actual de los CAE, “se podría cubrir entre un 10% y un 15% de inversión en este tipo de actuaciones”, indica Clara Pilar González-Pedraz, responsable de la Unidad de Energía de EQA Sistemas, empresa verificadora acreditada.

Recientemente, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha acordado con Repsol un pago de entre 100 y 110 euros por CAE, aunque “no hay exclusividad de trabajar con esta compañía”, dice el tesorero Peio Mendia. El potencial para los vecinos es tremendo. “Una comunidad en Navarra que ha hecho una fachada ventilada puede llegar a obtener 1.000 euros por propietario”, añade Mendía.

El Gobierno considera que los certificados acelerarán la implementación de medidas de eficiencia energética en España y facilitarán el cumplimiento de los objetivos europeos de ahorro para 2030, que son 3,4 veces más ambiciosos que los que se fijaron en 2020. “El origen este tipo de herramienta está en la empresa, en la institución, en el particular, que decide llevar a cabo una actuación de eficiencia energética. Es el primer propietario del ahorro y esto es importante porque no es que alguien me imponga una obligación, sino que es algo que me va a permitir generar un ingreso”, destacó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera en la presentación, el 3 de abril, de la rehabilitación energética del Teatro Real de Madrid, la primera actuación que solicitó la emisión de CAE en España (con 963.159 CAE emitidos).

Aunque los primeros certificados emitidos han sido los de una mancomunidad de 1.200 viviendas y 29 edificios en Alcorcón (Madrid), que contaba con un sistema centralizado de gas. “Se ha incorporado la aerotermia como sistema principal de generación de calor frente a las calderas de gas”, indica José Sierra, director de I+D+i de Remica, empresa acreditada por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para gestionar los CAE (ayuda a los sujetos obligados a conseguir certificados). La actuación, que ha recibido 14 millones de euros de los fondos Next Generation y que ha sido verificada por Eqa, ha generado 8,78 millones de CAE, es decir, ha producido un ahorro de 8,78 millones de kWh por año, que han sido vendidos a Repsol. “Supone para los vecinos un beneficio económico medio del 21% del importe de la nueva instalación”, cuenta Sierra.

Federico Cerrato, administrador de fincas de la empresa Fisconta, ha gestionado este año certificados para cuatro edificios de viviendas en las localidades madrileñas de Móstoles y Alcorcón, que han llevado a cabo la rehabilitación energética de la envolvente (fachada y cubierta). “En la primera toma de contacto me ofrecieron vender por 20 euros, pero no lo acepté y seguí negociando con más empresas. Al final he encontrado un sujeto obligado que paga 95 euros”, sostiene Cerrato.

El edificio de la calle Juan Ramón Jiménez, número 2, en Móstoles, ha emitido 232.403 CAE que equivalen a 232.403 KWh. El importe que cobrará la comunidad de vecinos por su comercialización es de 22.078 euros más IVA. La obra de la calle Vizcaya, número 8, en Alcorcón, sin embargo, ha generado 26.621 CAE, que se han vendido por 2.527 euros. Los certificados están en proceso de verificación, por lo que es previsible que los vecinos cobren en junio.

“Los edificios disfrutan del menor consumo por la medida de eficiencia y, adicionalmente, pueden vender ese título que es el CAE a un sujeto obligado”, resume Cerrato. Además, recuerda el administrador de fincas, “monetizar los CAE es compatible con la ayuda de los fondos Next Generation”. Ahora bien, los ingresos por la venta de estos documentos no están exentos de tributación y computan como ganancia patrimonial en el IRPF, a diferencia de las subvenciones europeas.

Las actuaciones susceptibles de emitir estos títulos van desde el cambio a iluminación eficiente, sustitución de generador de climatización por bomba de calor aire-aire, renovación o sustitución de ventanas, rehabilitación de la envolvente para mejorar su consumo energético, o sustitución de caldera de combustión por bomba de calor.

Eso sí, el volumen mínimo de ahorro energético es de 30 megavatios por año, aunque se pueden agrupar las actuaciones de distintos edificios para poder alcanzar ese límite. Además, “el hecho de unir varios proyectos asegura poder vender a mejor precio”, cree Cerrato, que está en conversaciones con otros administradores de fincas para aunar actuaciones.

El mecanismo, que permitirá canalizar una inversión acumulada superior a los 41.000 millones de euros hasta 2030 por su capacidad de movilizar inversiones en eficiencia energética, funciona de manera que el ahorro debe ser verificado por una empresa acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación y validado después por las comunidades autónomas, que emiten un informe. El Ministerio para la Transición Ecológica, como coordinador nacional, se encarga de elevar los ahorros al Registro Nacional de Ahorros Certificados. Los sujetos obligados que compran CAE podrá utilizarlos para liquidar su obligación o para venderlos a otras empresas.

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