Jefe, tenemos a un inspector de trabajo en recepción

La maquinaria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social nunca se para. Pendiente de que el Gobierno refuerce su estructura y sus medios, este organismo es uno de los que más asusta a las empresas cuando los funcionarios atraviesan sus puertas o cuando reciben una notificación que lleva su sello. Porque sus cerca de 3.000 efectivos vigilan el cumplimiento de las compañías en materia laboral. Cada día más. En 2023 realizaron 607.000 actuaciones, un 10% por encima del año anterior, según los datos del Ministerio de Trabajo, que ha declinado responder a las preguntas de este periódico. Tiene en marcha muchas campañas, algunas tradicionales y recurrentes, como pueda ser el fraude en la cotización o en las prestaciones, y otras de temporada, como actualmente sucede con las medidas de conciliación e igualdad de género, explica un inspector que pide anonimato.

Por ello, las organizaciones deben estar preparadas para cuando les llegue el momento de someterse a este escrutinio. Que les llegará. “Las compañías no saben muy bien cómo funciona la Inspección y a qué se dedica. Y cuando les pide documentación, tampoco saben a lo que están obligadas y a lo que no”, mantiene David Díaz, director del área laboral de Baker McKenzie. Por ello no es de extrañar que tanto los propios funcionarios como los bufetes de abogados impartan cursos para enseñar a las organizaciones cómo deben actuar ante una inspección. Creen que antes de la visita, normalmente sin previo aviso, es básico contar con un protocolo para saber reaccionar y salir airosos del trance.

La Inspección de Trabajo actúa previa denuncia (que puede poner cualquier persona y es confidencial), o bien cuando recibe una comunicación anónima a través del buzón que tiene habilitado para ello, a resultas de un cruce masivo de datos normalmente entre la Tesorería de Seguridad Social y el SEPE, o a petición de otras administraciones, especialmente juzgados. En torno al 15% de sus actuaciones acaban en sanción, cuya cuantía oscila entre 70 y 225.018 euros en el caso de las relaciones laborales y puede llegar hasta casi el millón (983.736 euros) cuando de prevención de riesgos laborales se trata.

Colaboración es la palabra mágica que citan todos los expertos consultados a la hora de abordar una inspección. Si no la hay, la empresa puede ser objeto de sanción. Y por colaboración se entiende que el responsable de recursos humanos o alguno de los miembros del departamento atiendan al representante público y aporten la documentación que solicita. “Por ejemplo, en el caso de una denuncia por exceso de horas extras, es importante tener la documentación en el centro de trabajo”, explica el inspector. “Cuando la empresa dice que el registro de jornada está en la gestoría, la presunción juega a favor del denunciante”, añade.

“Hay que entregar la documentación que te pide el inspector si es razonable y, si no lo es, hacérselo ver”, aprecia Jorge Aranaz, socio de Cuatrecasas. Además, continúa el letrado, se debe facilitar la documentación bien colocada, ordenada en el sentido que interese a la empresa, para que así la vea el funcionario. Y, si falta algo, no negarlo ni esconderlo porque la inspección suele requerir para modificar la conducta y, en caso de no hacerlo, sanciona.

No está de más que los representantes de los trabajadores estén presentes durante la visita del alto funcionario. Tampoco que asista el abogado de la empresa, según Juan Grangel, of counsel de Baker McKenzie y exdirector de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que avisa de que las declaraciones espontáneas recogidas durante la inspección tienen más peso que las realizadas en los despachos en el caso de que se llegue a los juzgados.

El control del fraude en la contratación (especialmente de los trabajadores temporales, a tiempo parcial y fijos discontinuos) y del tiempo de trabajo representan buena parte del grueso de las actuaciones actuales de la Inspección (más de la mitad de las realizadas el año pasado en materia de relaciones laborales), le siguen los salarios, y a mucha distancia los planes de igualdad, repasa Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), que suma la prevención de riesgos laborales entre las cuestiones más relevantes a vigilar.

Unas actuaciones que para la abogada Tania Flores, del bufete dPG Legal, tienen afán recaudatorio. La letrada se queja de que “en una semana hemos recibido dos citaciones”. Para comprobar si una empresa cumplía con la cuota de empleados con discapacidad y si en otra la abundancia de dietas y sus deducciones estaban justificadas. En ambas, cuenta Flores, han salido airosos, tras aportar la documentación de los últimos cuatro años en el segundo caso (el inspector puede requerir hasta los últimos cinco años). Ercoreca niega que la institución actúe siguiendo criterios recaudatorios. “No hay intención sancionadora”, declara.

“Nuestra función es que aflore el fraude, detectar las bolsas que existen”, asegura el inspector, que distingue entre requerimiento del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo (la mayoría de las actuaciones) y las sanciones (entre el 10% y el 15% del total). “En los temas documentales no solemos sancionar, en cambio, en los fraudes de las prestaciones o en extranjería no perdonamos ni una”, prosigue. El alto funcionario es consciente de que existen empresas como las de reparto a domicilio que han impulsado la ley de riders con presupuestos multimillonarios para afrontar las sanciones por operar con falsos autónomos o de que la duración media de un contrato en España es de 46 días, pues los empresarios proceden a rescindir muchos indefinidos durante el periodo de prueba para que les salga más barato. Muchos opinan que defraudar sale barato.

300 normas a cumplir

Tras la covid el trabajo de los inspectores se ha incrementado sobremanera, con más de 300 normas laborales aprobadas desde entonces, destaca Ana Ercoreca, para quien el mercado de trabajo cada vez es más complejo. Por eso no sorprende la afirmación de Grangel: “Muchas veces las empresas no son conscientes de cuál es su situación interna. Están incumpliendo la legislación laboral y no lo saben”, algo que ocurre sobre todo en cotizaciones a la Seguridad Social, contratos, tiempo de trabajo y horas extraordinarias o en materia de igualdad y riesgos psicosociales. En su despacho, cerca de una decena de empresas acaban de someterse a una inspección por el registro horario (el año pasado las infracciones detectadas se dispararon un 45% hasta sumar 14.292 y las sanciones impuestas superaron los 15 millones de euros).

“Tenemos tal profusión normativa que a veces estar al día de todo es muy complicado para las empresas. Hasta la covid estábamos tranquilos, después se han ido sucediendo una norma tras otra a golpe de decreto”, apoya Aranaz. Ercoreca cree que las empresas no son incumplidoras de por sí, pero cuando por ejemplo en el sector de hostelería no han dado de alta a los trabajadores, difícilmente se puede esperar que les paguen correctamente. Si no hacen lo básico...

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