El gran bazar de las energías renovables bulle: la compraventa de activos se multiplica a precios nunca vistos

Imaginemos una emulsión formada por el batir de las olas, el aire y compuestos orgánicos disueltos en el agua salada. El resultado es espuma de mar. Cambiemos los componentes por dinero, crisis medioambiental, regulación, marketing verde y cierre de cuentas anuales. Eso es el sector de las energías renovables en estos momentos. Agitación y espuma. Solo en el tercer trimestre de 2023, según datos de iDeals-M&A Community, se anunciaron más de 30 nuevas operaciones de compraventa de activos en España. En torno a 80 operaciones de compraventa significativas en el año. Toda una peineta sectorial a la subida de la inflación, el miedo a la recesión y el encarecimiento del dinero y la financiación. “Es la consolidación normal de un sector que ha pasado por una fase de crecimiento desde la nada y que ahora tiene que consolidarse de dos formas, orgánicamente con fusiones, o con empresas que desaparecen. Teoría normal de mercado”, explica José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Acciona Energía, el fondo de inversión Brookfield, la portuguesa EDPR y Macquarie protagonizan los últimos anuncios. Pero no hay un solo fondo, asociación o empresa del sector renovable que no esté ojo avizor. Endesa, siguiendo la estela de Iberdrola, apura la venta de una participación minoritaria en proyectos renovables de 2.000 MW. “Las grandes compañías energéticas venden participaciones minoritarias [de sus carteras renovables] porque consolidan el activo en sus cuentas, se imputan entero el ebitda [beneficio bruto], mientras desinvierten caja que tenían atrapada; en las operaciones medianas, generalmente el desarrollador vende el 100%”, asegura Vicente Jorro, socio fundador de Agere Energy & Infrastructure Partners.

Las estrategias no son homogéneas, pero el resultado es el mismo: agitación y espuma con la intervención de todos los grandes fondos de Wall Street y alrededores —Goldman Sachs, EIP, JP Morgan, el canadiense Brookfield— y decenas de instituciones inversoras con estrategias y plazos diferentes. La fiebre no es de un día. El Real Decreto 8/2023, recién aprobado, que amplía los plazos de las autorizaciones en el sector fotovoltaico hasta tres años, mantiene alta la temperatura. El decreto, según coinciden agentes del sector como Donoso o Jorro, elimina incertidumbres que habían paralizado numerosas operaciones de compraventa de activos. Se ha relajado la tensión entre los vendedores, que ya no tendrán tanta prisa, y los precios tenderán al alza. Se asegura la continuidad de las transacciones en el mercado verde.

En ese contexto, Acciona Energía ha encargado a BNP Paribas la venta de 308 MW eólicos “hibridables” en Albacete y Valencia. Son terrenos en los que se pueden instalar, además de generadores eólicos, 372 MW de paneles solares adicionales. Acciona, la matriz, detalló la estrategia en su Informe de tendencias del tercer trimestre de este año: realizar desinversiones “oportunistas” para encajar en su política financiera “el punto más alto de inversión” y “cristalizar valor”. Traducido, aprovechar la coyuntura para obtener recursos con los que mantener el pedaleo. Acciona Energía espera obtener 500 millones en la venta. La empresa construía en un año normal 700 MW nuevos y en los próximos años quiere construir a un ritmo de 1.800 MW. Vender en el punto álgido para obtener recursos con los que construir nuevos activos que no tardarán en revalorizarse.

Los planes del fondo canadiense Brookfield responden a la misma estrategia. Brookfield quiere vender por 1.500 millones 28 plantas eólicas y 10 fotovoltaicas de Saeta Yield, la compañía que controló mediante opa en 2018 con una inversión de 1.000 millones. En la operación no entrarían las siete plantas termosolares de Saeta, una reserva para futuras nuevas desinversiones. Las que salen por las que entran. En marzo, Brookfield adquirió a KKR el 50% que no controlaba en la solar XElio. Como el fondo canadiense, la portuguesa EDP Renewables también lo tiene claro. La compañía que dirige Miguel Stil­well ha vendido activos en España —257 MW eólicos a la austriaca Verbund— y en Polonia. El objetivo: rotar activos para crear valor —obtener el máximo precio—, reciclar el capital y reinvertirlo en nuevos proyectos.

En lo que va de año, según datos de KPMG, hay más de 8 GW que han cambiado de manos. No son nuevas capacidades, sino rotación de proyectos. Cambios de cromos a precios que en el sector eólico y en parques ya en operación —generadores de caja— han alcanzado valores nunca vistos. “Hasta 1,7 millones de euros por MW cuando construir un parque sale por 1,4 millones de MW”, asegura Jorro.

Aunque todo reluce, no todo es —o ha sido— oro en el sector. Dato de la Agencia Internacional de la Energía: la combinación de tipos de interés elevados, la inflación y la disminución de los precios de la energía ha tenido gran impacto en las carteras; el valor promedio de la cartera de los mayores desarrolladores de energías renovables en Europa disminuyó de aproximadamente 660.000 dólares (593.000 euros) por MW en septiembre de 2022 a aproximadamente 295.000 dólares de MW en septiembre de 2023.

Impulso europeo

Todo tiene su causa. En la UE —y en España—, la gran agitación renovable hunde raíces en las medidas temporales —y excepcionales— que la Comisión Europea aprobó en 2022 para multiplicar la potencia renovable. Se trataba de hacer frente a los temores desatados por la invasión rusa de Ucrania. Pero la cosa se ha animado. Como explica el experto en Energía Javier García Breva (Informe IPM), la nueva Directiva de Renovables (directiva UE 2023/2413) publicada en octubre en el Diario Oficial de la Unión Europea, convierte en permanentes aquellas medidas temporales y excepcionales. Es un nuevo empujón para que el sector verde burbujee.

La prioridad de la nueva directiva es la integración masiva de energías más o menos limpias en el menor tiempo posible para triplicar la potencia instalada en Europa. Para ello propone eliminar barreras que impiden su crecimiento con una batería de medidas. A saber: identificación y desarrollo de “zonas de aceleración renovable”; limitación de los plazos de los procedimientos de autorización a 12 meses, y simplificación de la evaluación ambiental. “Da igual el modelo”, resume Breva, “y da igual quién invierta y cómo”. Todo un efecto llamada a la multiplicación de las operaciones corporativas. La posibilidad de que el número de operaciones —más allá de las energías verdes tradicionales como la eólica o la fotovoltaica— se multipliquen es alta porque la normativa añade más tecnologías a la transición, con energías no fósiles que se considerarán renovables si su uso reduce un 70% las emisiones.

El empujón comunitario, manga ancha incluida, persigue un objetivo de energías renovables de al menos el 42,5% del consumo final bruto de energía para el conjunto de los Estados miembros en 2030. El compromiso de España, con pacto de PSOE y de Sumar, llega al 48% de cuota renovable sobre el uso final de la energía en la misma fecha y un 81% en la generación de electricidad. Y sin nucleares en 2035.

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