El ‘lobby’ feroz sigue de caza en Bruselas

Para llevar plantado desde 2001 al lado de una de las entradas más discretas del Parlamento Europeo, el árbol que regalaron unas asociaciones de lobistas a la Eurocámara luce un poco raquítico. La imagen, sin embargo, no hace justicia a la fuerza de este poder casi siempre en la sombra pero al que se siente en cada esquina de Bruselas, considerada la capital del lobby de Europa y la segunda del mundo tras Washington.

Hace ahora casi un año, el Qatargate, el escándalo de presuntos sobornos a eurodiputados para influir a favor de intereses de países como Qatar o Marruecos, provocó la promesa de una revisión profunda de las prácticas y normas de transparencia de las múltiples organizaciones de cabildeo que actúan en la capital belga. Pese a algunos cambios ya implementados (menos de los reclamados por las ONG que vigilan a los lobbies), que entraron en vigor a comienzos de noviembre, unas semanas más tarde, varios eurodiputados denunciaban el intenso cabildeo, rayano en el acoso, que estaban sufriendo en vísperas de una votación clave para reducir los residuos de envases y embalajes, una normativa que ha puesto en pie de guerra a buena parte de ese sector y a la industria de la comida rápida.

Desde la orilla de los lobistas, se asegura que no ha sido una campaña más dura que otras a las que deberían estar acostumbrados los legisladores europeos. Pero las prácticas empleadas —lobistas colgaron durante una noche 1.500 carteles en las puertas de los despachos de los legisladores, a los que interceptaron también en pasillos, tras reuniones o incluso en el bar de la Eurocámara— pusieron de relieve que la poderosa rama del lobby (pese a su raquítico árbol simbólico) sigue siendo muy robusta. Y que todavía queda, como mínimo, mucho por discutir y revisar respecto a unas prácticas legales pero que, al menos en algunas ocasiones, rebasan los límites, si no legales, sí los de la decencia, como dijo la parlamentaria italiana Maria-Angela Danzì, que se quejó formalmente a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Un batallón merodea el Parlamento

Según Transparencia Internacional, al menos 48.000 personas trabajan en Bruselas en organizaciones que buscan influir en las instituciones europeas y sus decisiones. Casi 7.700 tienen un pase para entrar en el Parlamento Europeo, el foco principal del cabildeo bruselense. Las instituciones de la UE cuentan con un registro de transparencia en el que están inscritas casi 12.000 organizaciones con un presupuesto de 1.800 millones de euros, según TI. Otras organizaciones que vigilan las tareas de cabildeo hacen incluso “tours” por las calles aledañas al Parlamento Europeo en las que, en edificios anodinos de oficinas, se pueden ver los nombres de poderosos bufetes de abogados y de las principales empresas y conglomerados del mundo.

Nadie pone en duda la importancia del cabildeo, que también ejercen activamente muchas ONG. De hecho, está incluso consagrado en el Tratado de la UE, que en su artículo 11 estipula que “las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión” y “mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil”.

Pero al menos desde el Qatargate, las sensibilidades están a flor de piel.

Las nuevas normas ahora en vigor implican, entre otros, que solo los lobistas registrados en el Registro de Transparencia pueden pedir acceso al Parlamento Europeo, espacio en el cual tienen prohibido abordar a eurodiputados de forma deshonesta y, sobre todo, no sin antes identificarse plenamente. Por su parte, se recomienda a los eurodiputados reunirse solo con los lobistas que se hayan inscrito en el registro de transparencia y que hagan públicos dichos encuentros. Las puertas giratorias, además, se han reforzado. Pero no lo suficiente, clama TI, que también lamenta que los requisitos para los contactos con los representantes de grupos de interés sean solo recomendaciones y no obligación, o que el personal que vigila estas prácticas sea claramente insuficiente: una decena de personas para comprobar que los miles de inscritos en el registro de transparencia han revelado correctamente sus datos y son quienes dicen ser.

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