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Los tropiezos del capitalismo sostenible

La falta de estándares internacionales choca con las iniciativas para construir un tejido empresarial más responsable

Inversion ESG
Varios vehículos eléctricos Model Y ruedan durante la inauguración de la fábrica de Tesla en Berlín, en marzo.Patrick Pleul (dpa / picture alliance / Getty)
María Fernández

El empresario Elon Musk estalló en Twitter (una de tantas veces) la pasada primavera cuando S&P eliminó a Tesla, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo, de su índice 500 ESG, un listado de empresas que cumplen con ciertos estándares ambientales, sociales y de buen gobierno. En esa clasificación —que suma una rentabilidad del 13% en los tres últimos años—, la petrolera estadounidense Exxon está entre los 10 valores más sostenibles del planeta.

“S&P 500 ESG es una estafa. Ha sido construido por falsos guerreros de la justicia social”, atacó el empresario. Tenía motivos para estar enfadado: las acciones de una compañía que sale de un índice pueden perder valor, porque muchos fondos de inversión indexados hacen coincidir sus carteras con las referencias a las que siguen. Y hay montones de índices con ese enfoque supuestamente sostenible que responde a las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance. MSCI, por ejemplo, es el mayor proveedor mundial de clasificaciones ESG, con más de 1.500 de renta variable y fija. Responden a una corriente motivada por las preocupaciones sobre los cambios sociales y las crecientes complejidades a las que se enfrentan las empresas, más visibles que nunca en este verano de sequía, incendios y altos precios.

En el mundo hay 65.000 millones de activos invertidos en fondos vinculados a estos estándares. Su enfoque de sostenibilidad se hace cada día más necesario, pero muy a menudo se cuestiona. “ESG, tres letras que no salvarán el planeta”, titulaba hace algunas semanas The Economist. Por muchos motivos: cerrar una empresa de carbón puede ser fantástico para el medio ambiente, pero fatal para sus empleados o para la población donde se asienta, y no siempre es fácil conjugar esos intereses contrapuestos. Además, no todas las empresas pueden cumplir con la miríada de objetivos que surgen para responder a los crecientes retos que enfrenta la humanidad. Eso hace que consumidores e inversores estén desconcertados, porque a menudo los estándares de medición no son homogéneos o son sencillos de manipular, lo que da lugar al conocido como lavado verde (greenwashing).

Cada poco tiempo salta un escándalo: en junio The New York Times publicaba una investigación del regulador estadounidense (SEC) sobre los fondos ESG de Goldman Sachs. Meses antes otro caso parecido salpicaba a Asoka Woehrmann, directora del negocio de gestión de activos de Deutsche Bank, y en mayo, HSBC suspendió a Stuart Kirk, su director de inversión responsable por cuestionar los efectos del cambio climático. Dijo que eso del calentamiento global no tiene fundamento y es cosa de un grupo de chiflados.

Cambios en Europa

Pero hay esperanza. Los gobiernos, sobre todo en Europa, están construyendo un cuerpo normativo más robusto que evite tomaduras de pelo a ahorradores y consumidores. Desde 2018 el continente viene impulsando un importante paquete legislativo que, junto al Pacto Verde Europeo de 2019, pretende dirigir flujos de capital hacia esa economía más sostenible e introducir los compromisos internacionales sobre el clima. Aunque a menudo son herramientas poco conectadas entre sí. Como ejemplo están el estándar europeo de bonos verdes, el reglamento SFDR o la directiva CSRD —que acaban de acordar el Consejo y el Parlamento Europeo— que busca más transparencia en los reportes que realizan las grandes compañías sobre cuestiones de sostenibilidad. Iniciativas, eso sí, enfocadas a empresas de cierto tamaño.

“El contexto actual de la emergencia climática precisa de espacios donde las empresas se sitúen en otro paradigma en su responsabilidad social”, reflexiona al otro lado del teléfono Ricard Espelt, investigador del grupo Digital Commons de la UOC. Esa narrativa de la que habla Espelt está encontrando otra pequeña vía de escape en una figura que, con bastante retraso, se acaba de aprobar en España: las sociedades de beneficio e interés común (SBIC), recogidas en el proyecto de ley Crea y Crece.

También llamadas “empresas con propósito”, tienen su alter ego en las benefit corporation estado­unidenses, las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo de Colombia, Uruguay, Ecuador o Perú; las italianas società benefit o las francesas sociétés à misión. Su regulación varía según los Estados, y a menudo supone un empujón para aquellas empresas que demuestren estar interesadas por algo más que el dinero.

Para Pablo Sánchez, director de B Lab Spain, una organización sin ánimo de lucro que impulsó el reconocimiento parlamentario de las SBIC, la transformación que proponen va más allá del modelo ESG, “que es un elemento técnico de cumplimiento de gestión que no está transformando el modelo empresarial”. Las nuevas SBIC, en cambio, buscarían un giro más a ese compromiso de tener un impacto positivo entre todos los que forman parte de una empresa.

A modo de ejemplo, es lo que lleva años intentando hacer en la suya Raúl Espada, fundador de La Escalera de Fumío, una pequeña agencia de publicidad donde a los empleados se les informa cada tres meses de cómo va económicamente la compañía, tienen contratos estables y vacaciones ilimitadas. “En publicidad la gente está muy quemada, con horarios que no se respetan y contratos precarios que hacen que empresas como la nuestra no podamos competir en términos de igualdad en los concursos”. Es una microempresa: no intenta salvar el mundo, solo hacerlo un poco más habitable.

¿Qué es una empresa comprometida?

Pablo Sánchez, director de B Lab, define las características que deben tener las llamadas “empresas con propósito”, una figura reconocida en numerosos países con variaciones. “Deben incluir en sus estatutos sociales el triple objetivo de generar valor económico, social y ambiental”, lo que incluye una protección de los administradores ante los accionistas cuando tomen decisiones que no prioricen la rentabilidad sobre otros condicionantes. “Deben tener sistemas de gestión y medición de impacto social y ambiental (políticas de contratación, inclusión, diversidad, igualdad, proveedores) y una política de rendición de cuentas y transparencia pública”. 


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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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