Las sensibles relaciones políticas de la empresa familiar

Cuestiones de agenda han impedido que Alberto Núñez Fejóo pueda acudir el próximo 11 de mayo en Madrid a la Asamblea Anual de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), colectivo que la derecha suele cuidar con mimo. El político gallego, que sí estuvo en las jornadas organizadas por el Cercle d’Economía en Barcelona el viernes (recuperar el voto catalán es fundamental), ha delegado en la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pensando seguramente en no fallar al congreso que se celebra en otoño y al que tanto en el Gobierno (Mariano Rajoy) como en la oposición (Pablo Casado), han sido habituales la presencia de los líderes populares. El propio Feijóo, siendo presidente de la Xunta de Galicia, fue muy activo en el que se celebró en 2016 en A Coruña. La asamblea del miércoles, en la que el empresario vasco Andrés Sendagorta sustituirá en la presidencia del IEF al catalán Marc Puig, sí contará con la presencia de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, a la que el nuevo presidente seguramente le enviará sus objetivos y reivindicaciones: fiscalidad adecuada, reparto justo de los fondos europeos y cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

Los empresarios familiares siempre han mantenido el equilibrio entre los dos principales partidos e invitado a sus grandes eventos anuales a sus líderes y, aunque Díaz sea de Izquierda Unida, se considera que no rompe la costumbre por su pertenencia al Gobierno. No obstante, no deja de chocar que no sea la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, la invitada. Ha podido influir, según algunas fuentes, que en los últimos años el IEF ha sufrido el plantón de Pedro Sánchez en los congresos a los que suele ser habitual que acuda el presidente del Gobierno, además del Rey. Las incógnitas quedan en el aire. Por otra parte, para los dirigentes políticos resulta importante confraternizar con este colectivo empresarial, que representa nada menos que el 60% del PIB, el 70% del empleo y el 90% de las empresas nacionales.

El nombramiento de Sendagorta ha supuesto cierta sorpresa, ya que se esperaba que la institución eligiera a uno de los cuatro vicepresidentes e, incluso, a una de las dos mujeres (Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Ibérica, y Sabina Fluxá, vicepresidenta de Iberostar), ya que habría supuesto que, por primera vez, presidiera el instituto una mujer. Los otros dos vicepresidentes son Juan March, presidente del grupo March, y Miguel Abelló, presidente de Torreal. Los cuatro representan segundas o terceras generaciones de sus grupos; pero, al final, los pronósticos fallaron y recayó en Sendagorta, también segunda generación del grupo de ingeniería y tecnología puntero en su sector. Sendagorta forma parte en la actualidad de la junta directiva, en la que además figuran los expresidentes José Manuel Entrecanales (Acciona), Francisco Riberas (Gestamp), Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló) e Ignacio Osborne (Grupo Osborne) y María Helena Antolín (Grupo Antolín), Carmen Riu (Riu Hoteles), Vicente Boluda (Boluda Corporación Marítima), Eloi Planes (Fluidra), Carlos Godó (Grupo Godó), Fernando Rodés (ISP), Alfonso Sesé (Grupo Sesé) y Federico Michavila (Torrecid).

En la regularidad con que suele funcionar el IEF no se esperan cambios drásticos en la hoja de ruta del nuevo presidente respecto a sus anteriores y al espíritu reflejado en el compromiso institucional firmado con las asociaciones territoriales en el congreso celebrado el pasado otoño en Pamplona por su antecesor, Marc Puig. A este le tocó dirigir el instituto en el periodo más convulso por la pandemia, por lo que su protagonismo mediático se limitó prácticamente a este evento, en el que reclamó al ausente Sánchez “fomentar la diversidad, la promoción de la igualdad entre los géneros, la inclusión social y la generación de empleo estable y de calidad adecuado a las necesidades de las empresas”. Puig se ofreció además a liderar y participar de forma activa en las inversiones de los fondos europeos, tarea que le queda pendiente a Sendagorta y que muchos empresarios consideran de estancamiento.

Otra de las claves del discurso del IEF ha sido siempre la defensa de una fiscalidad favorable a la empresa para mejorar la competitividad. En ese sentido, las conclusiones del informe de expertos encargado por el Gobierno conocidas el pasado febrero han tranquilizado a los empresarios. El informe señala que la actual fiscalidad es adecuada y que no tienen por qué tocarse ni el impuesto de patrimonio ni el de sucesiones, considerados vitales para la supervivencia de sus grupos.

El Manifiesto de Pamplona también persigue la sostenibilidad entendida desde tres ángulos diferentes e inseparables: empresarial, social y medioambiental. Es decir, “gestionar mediante prácticas empresariales y de inversión a largo plazo basadas en criterios éticos, que permitan un crecimiento sostenible y que tomen en consideración los intereses de trabajadores, clientes, proveedores, accionistas, instituciones, administraciones y la sociedad en su conjunto”. Eso supone, entre otras cosas, trabajar de forma respetuosa con el medioambiente, adoptando las modificaciones que sean necesarias en sus procesos para reducir las emisiones de CO₂ en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.