Condiciones para una desescalada de la inflación

Según las previsiones de algunos de los más prestigiosos think tanks, la economía española tiene la capacidad de absorber la crisis energética y de suministros: su crecimiento sufrirá un recorte severo, especialmente en los próximos meses, pero sin caer en la tan temida estanflación y retomando impulso en el próximo ejercicio. El rebote del turismo, el colchón de ahorro generado por la pandemia, y el plus de inversión aportado por los fondos europeos figuran entre los principales focos de resistencia.

Todas estas previsiones, sin embargo, están sujetas a una conjetura: que la inflación emprenda una rápida desescalada, de modo que la virulencia de los precios energéticos tenga efectos transitorios y no perjudique el grueso del tejido productivo. Según el Banco de España, el IPC pasaría del 7,5% este año al 2% el que viene, mimetizando el objetivo del BCE.

Ojalá se cumpla este vaticinio, porque sin duda es el mejor de los escenarios ante un shock energético de gran magnitud, que entraña múltiples riesgos. El más conocido, como lo señalan los expertos monetarios, es la amenaza de una espiral de precios y de salarios que se cierne sobre nuestra economía.

Cada uno de los sectores intenta recuperar la erosión de capacidad de compra generada por la inflación. La remuneración media por asalariado, que ya se redujo un 3,6% en términos reales en 2021, podría sufrir un recorte adicional superior al 4% este año. Y los sectores industriales no energéticos han tenido que comprimir sus márgenes, lo que les aboca a incrementar sus precios. Es un hecho que el IPC, descontando la energía y los alimentos frescos, se incrementa ya a tasas próximas al 3,5%.

La mecánica de las expectativas de inflación es un riesgo aún más potente: según el Banco de Pagos Internacionales (que agrupa a la mayoría de bancos centrales del mundo), el alza de los precios está superando el umbral a partir del cual los consumidores y las empresas perciben un riesgo elevado de pérdida de poder adquisitivo. Estaríamos por tanto dejando atrás la era de la gran moderación, caracterizada por una relativa despreocupación social en relación a la inflación. Ahora cualquier incremento parcial de precios se percibe como una señal de espiral generalizada, y por tanto nutre las expectativas alcistas. El organismo internacional detecta esta mecánica en EE UU.

Sin duda es prematuro concluir que las expectativas se han desanclado también en Europa. Pero el riesgo es que andemos ese mismo camino, algo que tendría consecuencias tanto para las personas en situación de vulnerabilidad como para las empresas más afectadas por la crisis energética y que se exponen a riesgos financieros y de morosidad.

En este contexto, es comprensible que la política monetaria intente anclar las expectativas, abriéndose a incrementos de tipos de interés. Es crucial, sin embargo, que ese ajuste sea gradual y que tenga en cuenta el riesgo de deterioro coyuntural que provocaría una intensificación del conflicto bélico, o un parón en los flujos de financiación de economías endeudadas como la nuestra. El rendimiento del bono público a 10 años ya supera el 1,7%.

Pero el arma monetaria no basta. También es importante una política fiscal que actúe de manera quirúrgica, aunque potente, para contener la amenaza de desgarro del aparato productivo y compensar los hogares con bajos niveles de renta (a la inversa, la subvención al consumo de hidrocarburos, además de entrañar un alto coste presupuestario, no es susceptible de calmar las expectativas de inflación, ni de contener las desigualdades económicas y sociales). El anuncio de un tope al precio al gas que entra en el mercado eléctrico es otra medida que, a falta de más detalles, permitiría iniciar una desescalada de la inflación. Todo ello condiciona la eventualidad de un acuerdo de rentas, haciendo más verosímil el pronóstico de una recuperación sin inflación.

Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas. En Twitter: @RaymondTorres_