La ‘desescalada’ para volver a la normalidad económica

Este lunes comienza la fase de reconstrucción de la economía, lo que se llama “desescalada”, poniendo fin a la hibernación con permiso retribuido. Para organizar esa transición, los ministros que forman la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y los agentes sociales negocian unas guías que permitan arbitrar la vuelta a la actividad. Se reunieron, vía telemática, un par de veces esta semana para diseñar y estudiar el proceso.

“Recuperar la normalidad resultará complicado porque no va a ser como antes, eso hay que asumirlo”, reconoce la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que subraya que “cada paso es importante para dar el siguiente”. Ese primer paso, o primer hito de la desescalada, es el de los sectores no esenciales para los que se decretó una paralización hace 15 días para ayudar a no bloquear las UCI.

La decisión originó polémica, sobre todo en el mundo empresarial, que protestó por no haber sido informado y por el impacto que suponía en industrias pesadas. Ante eso, la vuelta a la normalidad obliga a una responsabilidad compartida entre la Administración, las empresas y los sindicatos. Se trata de diseñar un encadenamiento de horarios o las condiciones de seguridad en cada centro.

La segunda fase corre menos prisa con, teóricamente, 15 días más por delante hasta que se levante el estado de alarma. Para la vicepresidenta Ribera, “los próximos días son fundamentales para graduar la desescalada y recuperar los espacios de normalidad”. Para ello, será preciso “identificar los elementos significativos para realizar un proceso gradual”. Son sectores relacionados con el turismo y los servicios que llevan ya más de un mes cerrados y cuya recuperación no va a ser precisamente fácil.

El Gobierno, según Ribera, confía en que sea una recuperación pautada, pero, al mismo tiempo, que “sirva para dar un salto cualitativo en la economía”. En ese sentido, ha planteado la posibilidad de negociar unos nuevos Pactos de La Moncloa o un gran pacto en el que participarían los grupos políticos y los agentes sociales. Estos sí están por la labor, aunque con condiciones, pero no piensan así todos los partidos.

Para apoyar este proceso, en todo caso, el Ejecutivo puso en marcha una línea de avales destinada a facilitar la liquidez de autónomos, pymes y empresas y que garantiza operaciones concedidas desde el 18 de marzo. La línea ya está operativa, una vez que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades financieras han suscrito los correspondientes convenios de colaboración esta semana.

La línea de avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones. El primer tramo activado tiene un importe de 20.000 millones, de los cuales el 50% se reserva para garantizar préstamos de autónomos y pymes. La CEOE ha pedido que se amplíe a 50.000 millones por necesidades de las empresas, sobre todo pymes. El ICO garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones de los concedidos por entidades financieras para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Las entidades financieras, por su parte, deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de septiembre. Además, deberán transferir a sus clientes el beneficio derivado del aval público, en forma de menores intereses o mayor plazo, entre otras opciones. Asimismo, no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

Para asegurar un adecuado reparto de los avales entre los operadores financieros (entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico) se ha aprobado una distribución separada de los dos tramos. En cada uno de ellos, el importe se distribuirá entre cada entidad en función de su cuota de mercado a cierre de 2019, por un lado, en relación con el crédito a autónomos y pymes y, por otro lado, a grandes empresas, según la información comunicada por el Banco de España. También tendrán acceso a esta línea las entidades que a cierre de 2019 no tuvieran saldo de crédito registrado en el Banco de España. Se les reservará una cuota agregada del 1%.

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