Los verdaderos motivos del fichaje de Albert Rivera por Martínez-Echevarría

"Vuelvo a mi profesión”, proclamó Albert Rivera el pasado lunes al anunciar su fichaje por el bufete Martínez-Echevarría. La idea, nada espontánea (la empleó también en su perfil de Twitter), pretendía ser un escudo ante las posibles acusaciones de puerta giratoria que suelen acompañar el salto de los políticos al sector privado. Sin embargo, con apenas un par de años de experiencia en la asesoría jurídica de La Caixa, sería difícil explicar su incorporación solo por su perfil como abogado.

Muestra de ello es la posición que tendrá en el despacho: presidente ejecutivo; cargo que aúna funciones representativas y la dirección de la estrategia y la generación de negocio. De hecho, nadie en el mundo jurídico augura ver a Rivera acompañando a un cliente al juzgado o liderando una negociación. De él se espera otra cosa.

Más que a un abogado, Martínez-Echevarría ficha al expresidente de Ciudadanos, a quien, como exdirigente, se le presume una alta capacidad de gestión y de toma de decisiones. También una agenda y unas relaciones privilegiadas. En este sentido, fuentes del sector apuntan al interés de bufete, originario de Málaga y con presencia en Granada, Almería y Córdoba, de crecer en la Andalucía occidental, en donde su influencia es menor. Especialmente, en Sevilla y en el entorno de la Junta, cogobernada por Ciudadanos y el PP. Un objetivo que también tendría en Madrid, en donde Cs también forma parte de los Gobiernos regional y municipal. En este empeño, el nuevo presidente de la firma puede ser clave. “El reto es crecer, crecer y crecer”, afirmó el lunes Rivera.

Desde el bufete no esconden que su interés es fruto de su trayectoria en Ciudadanos. “Levantó un proyecto político de la nada, y 14 años en la vida pública dan una experiencia enriquecedora en todos los ámbitos, no solo en el jurídico”, explican. Y descartan que su contratación pueda tener un impacto negativo en la reputación del despacho porque “siempre dijo que no estaría en política toda la vida; ha sido coherente”.

Año de fichajes

Con la contratación de Rivera, los bufetes completan un año de fichajes de relumbrón provenientes de la política. Hace 12 meses se anunció la incorporación de Soraya Sáenz de Santamaría por Cuatrecasas y en enero la de María Dolores de Cospedal por CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Así, los despachos parecen haber cogido el testigo de las empresas del Ibex 35 como destino de los políticos que abandonan la vida pública. Unos casos que, especialmente durante la crisis, crearon un gran malestar social. ¿Es comparable dar el salto a un bufete con hacerlo a una gran empresa? La respuesta requiere varios matices.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el análisis de cada caso es distinto en función del cargo que ostente el político en el bufete. No es lo mismo incorporarse como socio, como Sáenz de Santamaría o Cospedal (quienes, por cierto, son abogadas del Estado), que hacerlo como asesor, puesto de José María Aznar en Latham & Watkins o Rafael Catalá en Herbert Smith Freehills. Así, mientras la labor de los segundos es esencialmente comercial o de tejer relaciones, a los primeros también se les va a exigir ejercer el Derecho. O lo que es lo mismo: facturar.

Lo que descartan varios headhunters es que estemos ante un auge del trasvase de políticos a despachos. “Se han juntado tres casos muy mediáticos, pero estos movimientos los ha habido siempre”, subraya uno de ellos. En 2016, Carme Chacón se integró en el área de Derecho Público de Ramón y Cajal Abogados. Tres años antes, José Bono fue nombrado asesor de Cremades & Calvo-Sotelo. Otros, como Alberto Ruiz-Gallardón o José María Michavila, fundaron su propia firma. En la última, por cierto, también trabaja Ángel Acebes.

Otro ejemplo es el de Francisco Caamaño, ministro de Justicia entre 2009 y 2011, y, en la actualidad, socio de CCS Abogados. “Para hablar de puerta giratoria, tiene que haber un conflicto de interés, incluso, aunque no esté recogido en la ley”, reflexiona. Caamaño defiende que debe permitirse a quien pasa por la política volver a su profesión anterior y, en el caso concreto de los despachos, eso vale tanto para el que ejerce de abogado como para los asesores. Una posición que, a pesar de valerse de su influencia, no le suscita rechazo porque “existe en todas empresas”.

El problema es que detectar el conflicto de interés en el caso de los bufetes es más complejo que en otras compañías, añade Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. “Si el político participa en la aprobación de una norma del sector energético y después se va a una eléctrica, ahí no hay duda”. En los despachos, esa relación es más difícil de destapar. “Habría que saber si la firma trabaja para alguna empresa sobre la que el exmandatario tomó decisiones, pero la confidencialidad abogado-cliente lo impide”, apunta.

En opinión del decano del IE Law School, Javier de Cendra, en España el sistema de evaluación de los conflictos de intereses no genera confianza porque la oficina competente no es independiente (pertenece al Ministerio de Hacienda) y, además, carece de los recursos necesarios para realizar investigaciones a fondo. No obstante, añade que “un despacho no puede permitirse la percepción del mercado de que se está aprovechando de una influencia ilegítima”. Y es que la reputación es clave para las firmas. Tanto es así que algunas como Garrigues o Uría tienen como norma no contratar políticos.