El PP europeo propone un euro digital desinflado frente a la ambición del BCE y la Comisión Europea

Ya es oficial: el Parlamento Europeo es la institución de la UE que ve con más reticencias el euro digital. Al menos lo es un parte significativa de él, el grupo mayoritario, el Partido Popular Europeo. Este viernes ha presentado su informe sobre el proyecto legal que presentó la Comisión Europea hace más de dos años y en él condiciona con nitidez el desarrollo pleno de la versión digital de la moneda única a que no exista una alternativa emanada del sector bancario europeo. La condición se aleja de la propuesta inicial del Ejecutivo de la UE y de la postura que mantiene el BCE. Con todo, este informe todavía puede cambiar con las enmiendas que presenten los demás grupos parlamentarios.

Hasta ahora, el euro digital ha avanzado de forma lenta pero inexorable. Esta misma semana el BCE ha fijado la fecha para salir a la calle definitivamente, 2029. Pero para que este plan pueda cumplirse falta una pieza clave: las normas que lo regulen. Desde julio de 2023, el proyecto que presentó el Ejecutivo de la UE ha dormido el sueño de los justos, hasta que en los últimos meses se ha acelerado ante la presión de un Banco Central que precisa de certezas legislativas para poder avanzar en el desarrollo de la moneda. En septiembre fueron los Estados miembros quienes se sentaron las bases de una posición que pretender tener ultimada a finales de año.

En el Parlamento Europeo, el otro colegislador de la UE, este viernes se ha conocido el borrador del ponente de la norma, el eurodiputado español del PP Fernando Navarrete. De él se conoce su escepticismo con este proyecto y eso se plasma en una postura que desinfla parte de lo que presentó en su momento la Comisión. Navarrete, para empezar, divide el euro digital en dos partes: una es off line, es decir, funcionaría sin conexión a internet. Se trataría, en esencia, de un monedero digital con el que el ciudadano podría pagar en los comercios que, obligatoriamente, deberían darle esta opción. La otra, la llamada on line, solo se desarrollaría si el sector financiero no despliega sistemas de pagos privados que funcionen en todos los países de la UE, sean interoperables, dependan del eurosistema y sean de capital europeo.

La mejor prueba de que el BCE esperaba con impaciencia el paso dado este viernes por el Parlamento está en su reacción ya hoy mismo: “Acogemos con satisfacción la publicación del proyecto de informe del ponente del Parlamento sobre el Reglamento del euro digital y lo estamos evaluando”. No obstante, la máxima autoridad monetaria de la eurozona recuerda que lo conocido este viernes no es la posición de la Eurocámara. “La posición definitiva sobre el Reglamento se determinará en el debate que se celebrará en el Parlamento Europeo, y el BCE está dispuesto a prestar asistencia técnica a los legisladores”.

Este planteamiento gusta en el sector privado a poco que se pregunte. Fuentes de la industria explicaban hace semanas a este diario que, una vez la banca ha asumido que el euro digital iba a salir adelante, ahora busca que le amenace la menor tarta posible del negocio, tanto en los pagos como en los depósitos. La versión digital de la moneda única se ha concebido, por un lado, principalmente como una alternativa de pagos electrónica a los sistemas actuales, casi todos estadounidenses: Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay. Por otro, permitiría que los ciudadanos abrieran una cuenta en el BCE −a través de la banca comercial− que sería, en realidad, ese monedero electrónico desde el que se harían los pagos.

Desde el sector privado apenas se ha avanzado, hasta que en los últimos años, ante la presión oficial a través de la creación de esta alternativa pública −impulsada por la necesidad de autonomía geopolítica− el sector privado se ha puesto serio y está impulsando iniciativas como Bizum (sistema que se está desarrollando en España, Portugal e Italia) o Wero (Francia, Alemania, Bélgica).

Navarrete siempre ha visto el euro digital como un riesgo potencial para la estabilidad y, de hecho, lo deja claro en su propio informe. “Por su propia naturaleza, la forma on line del euro digital conlleva riesgos de desintermediación bancaria, pérdida de depósitos, competencia directa con soluciones de pago privadas y, en última instancia, un impacto negativo en la capacidad de financiación de las empresas y los hogares europeos", escribe en la nota explicativa que acompaña al texto legal. Por eso, continúa, “el euro digital on line está supeditado a la ausencia de una solución paneuropea privada y soberana para los pagos minoristas". “Esta condición garantiza que el euro digital actúe como una red de seguridad contra la fragmentación del mercado, y no como un ecosistema de pagos paralelo que impida que las soluciones privadas alcancen una escala paneuropea o desaliente la innovación continua”, continúa.

¿Cómo se calibraría si hay una alternativa privada? Le correspondería a la Comisión evaluarlo “en el plazo de seis meses desde que el Banco Central Europeo notifique la finalización de los trabajos para la emisión del euro digital offline". Si el resultado del examen fuera negativo, “la Comisión estará facultada” para fijar la fecha de lanzamiento de la versión online.

Ahora arranca la siguiente fase: con este informe sobre la mesa, que se presentará oficialmente en el Parlamento Europeo el próximo miércoles, empieza la negociación entre los grupos parlamentarios. A falta de ver lo que pasa en la sesión de la próxima semana, se puede avanzar que habrá críticas desde el lado socialdemócrata, que siempre ha sido más partidario de este proyecto, a esta posición y también desde los liberales de Renew y Los Verdes. Después comenzará el proceso de negociación para ahormar una posición común de la Eurocámara que negocie con el Consejo de la UE la forma definitiva del texto legal.

Los plazos que se manejan desde los dos colegisladores apuntan a que la negociación entre ambas partes será en la segunda mitad de 2026. El Eurogrupo y el Ecofin, los ministros de Finanzas de la zona euro y la UE, respectivamente, confían en tener fijada su postura a finales de año, una vez en septiembre lograron pactar con el BCE que la decisión de fijar los límites de tenencias en las cuentas que los ciudadanos podrán tener en el regulador se fijará de forma compartida entre el propio BCE y el Eurogrupo. El consenso del Parlamento se espera para más tarde, la primavera de 2026.