El ingreso mínimo vital deja fuera a 200.000 familias de rentas bajas que tienen patrimonio pero no liquidez

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una renta de último recurso que beneficia actualmente a millones de personas (un 40%, menores de edad) y que cumple ahora cinco años desde su creación en 2020, en plena pandemia. En su corta vida, es una de las normas que más modificaciones ha experimentado, debido a que el legislador intenta adecuar su diseño a las necesidades de sus potenciales beneficiarios, que son los colectivos más vulnerables y a los que es más difícil llegar. Así, los requisitos que deben cumplir el medio millón de hogares que lo reciben en la actualidad —que tienen que ver con las rentas, la determinación de la unidad familiar o la compatibilidad de esta prestación con un salario— han ido variando con los años. Y un nuevo dato conocido este miércoles incita a abordar nuevos cambios: actualmente hay algo más de 200.000 familias que cumplen las exigencias de la ley en materia de rentas bajas, pero por el patrimonio que tienen (fuera de la vivienda habitual) son excluidos de la ayuda pese a no disponer de suficientes ingresos para afrontar el día a día.

La cifra ha sido facilitada por el catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED Luis Ayala, experto en el análisis de rentas mínimas en España, durante unas jornadas organizadas por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Ayala ha hecho el cálculo con datos de la Agencia Tributaria de los solicitantes a los que se les ha rechazado el ingreso mínimo. “Cuando planteamos estos casos estamos pensando, por ejemplo, en gente que tiene una segunda vivienda heredada en el pueblo, que no puede transformar fácilmente en liquidez [dinero corriente] para el día a día”, indicado Ayala.

Este no ha sido el único dato que el experto ha puesto sobre la mesa para suscitar la necesidad de seguir rediseñando la prestación. Ayala también ha señalado que, de manera automática, una de cada cinco solicitudes se rechazan nada más presentarse porque la composición de la unidad familiar no coincide con la inscrita en el padrón. El catedrático ha explicado que ese requisito es fácil que no se dé por la inestabilidad que caracteriza a muchas familias de beneficiarios potenciales del IMV. Una situación que agrava la crisis de acceso a la vivienda, que hace que a muchos les cueste permanecer mucho tiempo en la misma casa.

No obstante, ambas cuestiones son, según los expertos que han participado en la jornada, dos ejemplos entre muchos de los requisitos que se podrían rediseñar para conseguir el objetivo principal: que el ingreso mínimo vital llegue a un número mucho mayor de potenciales perceptores. Según han recordado, las últimas cifras de beneficiarios auditadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) el pasado mes de julio apuntan a que el IMV solo llega al 45% de sus potenciales beneficiarios.

Según los datos estadísticos más recientes, correspondientes a septiembre, los hogares que recibían solo el ingreso mínimo sumaban algo más de 450.000. Si a estos se suman los perceptores del complemento de ayuda para la infancia (que lo pueden recibir solicitantes que superen los requisitos del IMV) las familias beneficiarias superarían ampliamente las 700.000. No obstante, la Airef separa estas dos ayudas y hace su cálculo del denominado efecto non take up (que mide los beneficiarios potenciales que no acceden a la ayuda por diversos motivos) poniendo en relación los hogares que reciben solo el IMV con respecto al universo potencial de más de 800.000 familias que el Gobierno calculó inicialmente.

Así, el último análisis de la Autoridad Fiscal indica que en la actualidad el grupo de familias que potencialmente podría cobrar el IMV, pero que ni siquiera lo ha solicitado, es de alrededor del 55%; y del 72% entre los posibles beneficiarios del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

6.000 millones para acabar con la pobreza

El escaso grado de cobertura es el principal defecto del actual diseño de la prestación, ha coincidido los participantes en la jornada. Según ha detallado el economista Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, la inversión destinada al pago de estas prestaciones superó los 6.000 millones el año pasado. Por ello, De la Fuente ha calculado que “dar cobertura al 100% de los potenciales beneficiarios y sacar a todo el mundo del umbral de la pobreza costaría otros 6.000 millones aproximadamente”. Esa inversión estaría en torno al 0,75% del PIB, “una cantidad de recursos muy modesta y asumible”, ha dicho el director de Fedea.

Tanto Ayala como De la Fuente han considerado que el IMV está siendo una prestación muy útil para combatir la pobreza en España. Pero al mismo tiempo coinciden en que tiene mucho margen de mejora. Para aumentar su eficacia y que llegue a más personas, creen imprescindible simplificar los procedimientos administrativos y reducir los plazos de tramitación, de forma que lleguen a ser prácticamente automáticos. Ambos creen, además, que sería conveniente transferir la competencia y la gestión del IMV a las comunidades autónomas por dos motivos. El primero, según ha explicado el director de Fedea, porque los servicios sociales autonómicos están más pegados a la realidad de los colectivos vulnerables que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que lo gestiona actualmente. Y, en segundo lugar, porque a la hora de hacer el acompañamiento para la integración laboral de los beneficiarios, los servicios de intermediación en el empleo también están en manos de los Gobiernos autónomos.

Si bien, en este punto ha intervenido el que fuera secretario de Estado de Seguridad Social del PSOE, Octavio Granado, para precisar que más que una cesión a las comunidades, la gestión de esta ayuda se debería traspasar a los servicios sociales de base, que están en los ayuntamientos.

Estos expertos también aconsejan rediseñar los actuales incentivos para compatibilizar esta ayuda y el sueldo procedente de un trabajo. En concreto, proponen una fuerte simplificación de los requisitos y el esquema para compatibilizar esta ayuda y un salario, así como introducir una retirada gradual de la prestación “para que trabajar siempre resulte rentable”, indica el documento de propuestas que firman.

Ayala ha urgido a que se solucione “el auténtico drama que supone para muchas familias” que la Seguridad Social les exija la devolución de entre 4.000 y 8.000 euros por un cambio de condiciones en la ayuda. “Esto es una clara deficiencia en la gestión que se tiene que solucionar, porque mete a muchas personas en un endeudamiento crónico”, se ha quejado el académico de la UNED, quien ha sumado un tercer motivo para trasferir el IMV a las comunidades. Cree que ese paso aumentaría la equidad interterritorial en la materia, ya que actualmente cada región actúa de manera distinta con las rentas mínimas que existían ya antes de la creación del ingreso mínimo vital. El experto ha descrito “un auténtico barullo de ayudas”, porque mientras unas regiones como el País Vasco o Navarra, complementan con sus rentas mínimas el IMV, otras comunidades como la de Madrid o Aragón, directamente han eliminado en su mayoría las rentas que antes daban a los colectivos vulnerables.