Sumar denuncia a Iberia, Ryanair, EasyJet y Vueling ante la AESA por subir el precio de los vuelos durante los incendios en Galicia

Vuelos a 400 y 500 euros entre Madrid y Vigo con precios multiplicados, en algunos casos, hasta por cinco. La ola de incendios en Galicia el pasado agosto, que dejó cortada durante una semana la conexión ferroviaria con Madrid y afectó a la comunicaciones de las principales autovías (A6 y A52), provocó un aumento de la demanda del tráfico aéreo que llevo a una subida del coste de los billetes por parte de las aerolíneas. Eso es lo que denuncia el grupo parlamentario de Sumar, que este miércoles por la tarde formalizó una demanda contra Iberia, Ryanair, EasyJet y Vueling ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Los diputados instan al organismo a “intervenir, investigar los hechos y tomar las medidas necesarias para proteger el interés general, la equidad territorial y los derechos económicos de la ciudadanía”. Entre otras cuestiones, piden que se compense a los pasajeros, por ejemplo, con el reembolso de la compra.

El grupo, en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, expone que estas prácticas tarifarias se produjeron durante la crisis que dejó casi 96.000 hectáreas calcinadas “sin información clara, previa ni justificada”, y en un momento en el que la demanda de transporte “no era voluntaria, sino obligada por una situación de fuerza mayor”. “La combinación de factores —emergencia climática, interrupción de servicios públicos, falta de alternativas y precios inflados— coloca a los consumidores en una posición de vulnerabilidad extrema, lo que exige una respuesta institucional", justifican.

Para Sumar, lo ocurrido constituye un “grave desequilibrio en los derechos del consumidor y pone en cuestión la capacidad del mercado aéreo para autorregularse en situaciones críticas”. “Las compañías denunciadas actuaron con una lógica puramente especulativa, aprovechando una emergencia pública para maximizar ingresos, sin valorar las consecuencias sociales de sus decisiones”, critica el texto, firmado por su portavoz, Verónica Barbero, y los parlamentarios Manuel Lago y Fèlix Alonso, que ya censuraron públicamente a las aerolíneas en el Congreso durante un pleno el pasado septiembre.

El grupo denuncia lo que considera prácticas abusivas contrarias a la normativa de consumidores y usuarios; un incumplimiento del deber de transparencia e información en la fijación de precios; un posible abuso de posición dominante y práctica restrictiva de la competencia y, por último, la vulneración del principio de servicio esencial y de continuidad en situaciones críticas.

Sumar argumenta que la actuación de las aerolíneas supone una vulneración de los principios básicos de protección al consumidor reconocidos en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). También señala que las compañías impusieron “incrementos súbitos y desproporcionados” en el precio de los billetes “sin que mediara explicación alguna sobre las razones objetivas de esa subida ni sobre los criterios empleados para fijarla”. Defiende la denuncia que la información puesta a disposición del consumidor “se limitó a mostrar el nuevo precio en los canales de venta, sin ofrecer datos que permitieran comprender la lógica económica de la variación ni prever razonablemente el alcance de la obligación asumida. Esta opacidad constituye una vulneración directa del artículo 60 del TRLGDCU, que exige no solo mostrar la cifra final, sino también garantizar que el consumidor pueda entender y evaluar el precio ofrecido en condiciones de transparencia”.

Entre otras cuestiones, Sumar expone que el transporte aéreo, aunque liberalizado en cuanto a la fijación de precios, “no deja de estar sometido a una serie de obligaciones de servicio público y de continuidad” que derivan tanto de la normativa nacional como de la europea. Subraya el texto que estas obligaciones son “particularmente relevantes en contextos de emergencia, donde el acceso a la movilidad se convierte en una necesidad básica para los ciudadanos”.

Por todo ello, Sumar pide a la AESA que verifique el carácter abusivo y desproporcionado de las tarifas impuestas por dichas compañías en vuelos nacionales “hacia y desde Galicia” durante el periodo de emergencia, así como el incumplimiento de los deberes de transparencia e información en la fijación y comunicación de los precios. Reclama, además, que declare la existencia de infracciones de la normativa de defensa de los consumidores y usuarios, de la Ley de Navegación Aérea, de la Ley de Defensa de la Competencia y de la normativa europea aplicable, “calificando las conductas como prácticas abusivas y que vulneraron las obligaciones básicas de transparencia en la fijación de precios”. El grupo solicita también que imponga las sanciones correspondientes, que adopte medidas correctoras y preventivas, entre ellas, la “compensación o reembolso para los pasajeros” que se vieron obligados a pagar tarifas desorbitadas durante el periodo objeto de denuncia y “traslade, en su caso, el resultado de la investigación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a la Comisión Europea, a los efectos de depurar posibles responsabilidades en materia de competencia y abuso de posición dominante.