Nuevo palo de Bruselas a Temu: no evaluó los riesgos de la venta de productos ilegales

La guerra regulatoria de Bruselas contra las grandes tecnológicas de más allá de la Unión continúa sumando batallas. La Comisión Europea ha determinado este lunes de forma preliminar que el gigante chino del comercio electrónico Temu incumplió la obligación, conforme al reglamento de servicios digitales (DSA), de evaluar adecuadamente los riesgos de la difusión de productos ilegales en su mercado.

En otoño de 2024, el consejo que agrupa a las autoridades de Consumo de los diferentes Estados de la UE y la Comisión Europea denunciaron que esta plataforma de comercio electrónico había actuado contra las normas de la propia Unión de protección a los consumidores, ordenando una corrección de su actitud. La demanda, además, llegaba pocos días después de que el propio Ejecutivo comunitario abriese una investigación a Temu por sospechas de incumplimiento de determinados aspectos de la DSA.

Ahora, según Bruselas, las pruebas han demostrado que existe un alto riesgo para los consumidores de la UE de encontrarse con productos ilegales en la citada plataforma, uno de los principales competidores de Amazon. En concreto, el análisis de un ejercicio de compras anónimas realizado por la propia Comisión reveló que es muy probable que los consumidores que compran en Temu puedan encontrar productos no conformes en la oferta, como juguetes para bebés y pequeños aparatos electrónicos.

Según el análisis de la Comisión, igualmente, la evaluación de riesgos de Temu realizada en octubre de 2024 fue inexacta y se basó en información general del sector en lugar de centrarse en detalles específicos de su propio mercado. Por lo tanto, este análisis podría haber dado lugar a medidas de mitigación inadecuadas contra la difusión de productos ilegales.

La Comisión afirma también que seguirá su investigación sobre otras presuntas infracciones abiertas en octubre de 2024, incluyendo la eficacia de sus medidas de mitigación, la utilización de funciones de diseño adictivas, la transparencia de sus sistemas de recomendación a los usuarios y el acceso a los datos para investigadores.

Bruselas precisa que las conclusiones preliminares enviadas este lunes se entienden sin perjuicio del resultado final de la investigación, y recuerda que Temu tiene ahora la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, examinando el expediente de investigación de la Comisión y respondiendo por escrito a las conclusiones preliminares de la Comisión. Paralelamente, se consultará al Comité Europeo de Servicios Digitales.

Fuentes de Temu han señalado que la compañía “seguirá cooperando plenamente con la Comisión”.

Si se confirmasen las conclusiones preliminares de la Comisión, esta adoptará una decisión de incumplimiento que determine que Temu ha infringido el artículo 34 de la DSA. Dicha decisión podría conllevar multas de hasta el 6% de la facturación anual mundial total del proveedor, además de ordenar la adopción de medidas para subsanar la infracción. Una decisión de incumplimiento también podría dar lugar a un período de supervisión reforzada para garantizar el cumplimiento de las medidas que el proveedor se propone adoptar para subsanar la infracción.

Temu es una compañía no cotizada y no publica sus resultados como tal. Su compañía matriz, PDD Holdings, sí lo hace y registró unos ingresos de 35.500 millones de dólares (unos 30.400 millones de euros) en el conjunto del pasado ejercicio de 2024, pero no se especifica qué parte corresponde a Temu y, por tanto, sobre qué cifra se aplicaría la multa.

Además, al margen, Bruselas ha planteado la introducción de una tasa de dos euros para los paquetes de bajo coste que entren en la UE, en un movimiento que afectaría a Temu y Shein. De hecho, el comisario de Comercio, Maros Sefcofic, ha reclamado al Parlamento Europeo que reactive la reforma aduanera de la Unión. Cada año entran en la Unión Europea varios miles de millones de pequeños paquetes por las aduanas que eluden el pago de aranceles por tener un valor menor de 150 euros. Y eso cuesta a las arcas de la Unión unos 1.500 millones de euros.