Las explotaciones familiares agrarias, al filo de la supervivencia

Las explotaciones familiares agrarias son, sobre el papel, más 750.000 frente a las más de 900.000 existentes en el sector y constituyen el eje de la actividad y la producción del campo. A la vez, son una pieza clave para el sostenimiento del territorio rural. De ese volumen, algo más de 60.000 tiene personalidad jurídica y están en manos de grandes grupos o bajo entidades asociativas en sus diferentes formas. Su presencia se halla generalizada en todos los territorios, si bien son una figura dominante en las estructuras más minifundistas desde las provincias de la cornisa Cantábrica a las tierras de levante. Extraoficialmente se estima, sin embargo, que el grueso de la producción agraria se concreta en poco más de 300.000 explotaciones. Se cree que docenas de miles de esas pequeñas explotaciones que figuran en el censo, en la práctica forman parte, por diferentes sistemas de arrendamiento, de explotaciones más grandes.

La estructura minifundista de las explotaciones familiares se enfrenta además a la elevada edad de los profesionales, agricultores y ganaderos: más del 40% supera los 65 años, un 67% ya pasó de los 55 y solamente un 4% tiene menos de los 35 años. Esta falta de relevo generacional que podía aumentar las posibilidades de conseguir explotaciones familiares de una mayor dimensión, frena su desarrollo por distintas cuestiones, como la legislación en materia de sucesiones, la fiscalidad o por la propia actitud de los agricultores.

Frente a esta situación, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un proceso para la aprobación de una nueva Ley de la Agricultura Familiar con el objetivo de redefinir y apoyar el mantenimiento de este modelo de explotación como una pieza clave en el conjunto de la actividad en el campo, muy especialmente en algunos sectores menos extensivos.

Fondos de inversión

A las dificultades emanadas del propio sector, se suman hoy otras como la competencia que supone el desembarco en el campo de los fondos de inversión o de corporaciones agroalimentarias que representan una competencia directa para las mismas. Esta nueva realidad supone más dificultades para ampliar y consolidar el peso de la explotación familiar desde la perspectiva de la producción. Consecuencia de ello, también más obstáculos para operar en los mercados, frente a las economías de escala de los grandes grupos que operan tanto en la industria como en la distribución.

Los responsables del Ministerio de Agricultura quieren impulsar diferentes medidas directas e indirectas en materias como financiación, fiscalidad o nuevas normativas en aspectos claves como relevo generacional, jefes de explotación, el papel de la mujer o arrendamientos. El interés teórico de la Administración central por abordar la problemática de la explotación familiar en el sector agrario viene de lejos y responde a la necesidad de actualizar la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995 a la nueva realidad social y económica.

El asociacionismo en sus diferentes fórmulas, tanto desde la perspectiva de la producción, como para la compra de insumos o para la comercialización de sus producciones, supone la posibilidad de tener una mejor posición en los mercados y con ello defender también la rentabilidad de las explotaciones familiares, que son las más débiles en la cadena alimentaria.

Desde el sector agrario se denuncia el escaso interés público para atender las demandas y potenciar la figura de las explotaciones familiares en el campo, ya por su función socioeconómica como por su papel para sostener el medio rural y frenar el despoblamiento. Las organizaciones reclaman que esta nueva disposición no sea solamente papel mojado con planteamientos técnicos y sin unos planteamientos acordes con sus necesidades. Entre los principales objetivos del Ministerio de Agricultura destaca estimular al sector para la formación de explotaciones agrarias familiares con unas dimensiones suficientes que permitan el desarrollo de una actividad rentable y con ingresos suficientes para sus titulares. Asimismo, se quiere favorecer el asociacionismo en el objetivo de llegar a explotaciones familiares dimensionadas y viables, así como frenar el fraccionamiento de las fincas rústicas, incrementando a la vez la movilidad del mercado de la tierra en propiedad o el arrendamiento. Finalmente, entre otras medidas, se plantea facilitar el acceso al crédito, especialmente cuando se trata de modernizar las explotaciones.