Bustinduy luce el apoyo de organizaciones de consumidores de toda Europa en la batalla de las maletas contra las ‘low cost’

La batalla del departamento español de Consumo contra algunas de las prácticas comerciales de las aerolíneas de bajo coste comienza a saltar fronteras dentro de Europa. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha aprovechado la celebración en Madrid de la reunión ejecutiva de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) para lucir el respaldo de asociaciones en 31 países a la histórica multa de 179 millones impuesta a cinco aerolíneas el pasado mes de noviembre: Ryanair, Vueling, Easyjet, Volotea y Norwegian. El castigo a las compañías se debe a políticas como cobrar por la maleta que se sube a la cabina del avión, imponer tarifas extra por reservas asientos contiguos para menores y demás personas dependientes, o por la falta de claridad en los precios que finalmente se cobran a los viajeros en comparación con los billetes ofertados en las páginas web de las aerolíneas.

Bustinduy ha abierto el foro integrado por 44 organizaciones de consumidores y su ministerio dice contar con el respaldo de todas ellas en 31 países. “En España estamos trabajando para que las instituciones dejen de proteger más a las empresas que a los consumidores”, ha declarado el ministro, quien busca que su acción se convierta en corriente en el resto de Europa. Desde el BEUC también se exige a la Comisión Europea “que se mantenga del lado de los consumidores frente a las empresas que cometen abusos”. La asociación española OCU ha anunciado acciones para que las aerolíneas indemnicen a los pasajeros que han sido víctimas de lo que aprecian como claros abusos.

El director general de BEUC, Agustín Reyna, es quien ha mostrado respaldo al Ministerio de Consumo en nombre de toda la organización, destacando “la importancia que tiene la política de defensa de los consumidores como eje central del desarrollo del mercado único europeo”.

Pablo Bustinduy se ha referido esta mañana a la creciente ola de denuncias en países europeos “por prácticas abusivas de aerolíneas”. Una vez abierto en España el sonoro enfrentamiento con las compañías aéreas, en el que la líder del sector Ryanair está actuando con especial virulencia contra el propio ministro (carga con el 60% de la sanción), Pablo Bustinduy afirma que este país lidera un cambio de tendencia en Europa para que los derechos de la ciudadanía se antepongan a las prácticas abusivas de las grandes empresas, “y para que las relaciones de consumo sean más democráticas, justas y transparentes”. El titular de Consumo ha rematado sus argumentos advirtiendo una vez más que “ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”.

El ministerio se ha puesto a disposición de otros gobiernos para trasladar su experiencia en un caso ya judicializado, tras los recursos presentados en la Audiencia Nacional por cada una de las aerolíneas sancionadas. El caso español ha centrado parte del orden del día de la reunión del BEUC a la vista de que organizaciones de consumidores de otros países están acumulando denuncias.

Años de tira y afloja

La resolución de noviembre cerró el expediente sancionador iniciado en junio de 2023 por la Secretaría General de Consumo y que amenazaba a algunas de las mayores referencias del bajo coste con fuertes multas. A finales de mayo de 2024 Consumo advirtió que el correctivo sería superior a los 150 millones. Por entonces fracasaban los recursos de casación por parte de las empresas ante el ministerio. De ahí, la contienda continúa ahora en los tribunales. La pena económica más elevada es para Ryanair con 107,7 millones, seguida de Vueling, con 39,2 millones; Easyjet debe pagar 29,1 millones; Norwegian fue multada con 1,6 millones de euros, y Volotea, con 1,2 millones.

Los recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional se apoyan, según fuentes jurídicas, en el Reglamento UE1008/2008, por el que se permite la libertad tarifaria en el transporte aéreo. También pretenden hacer valer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, de 2014, en la que se abrió la mano a la tarificación de la maleta en cabina cuando excede “las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones”, sin entrar a fijar cuáles son esas medidas.

Desde Consumo se aprecia, sin embargo, que su sanción está basada en resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del año 2014 y respeta la legislación comunitaria. En el seno de la CE se debate desde hace meses para intentar fijar unas medidas estándar del equipaje de mano. Las compañías multadas, todas ellas con importante actividad en España, dicen haber sido agraviadas frente a otros competidores que mantienen las mismas prácticas comerciales que ellas mismas no han frenado mientras el caso sigue vivo ante la justicia.

En España, la OCU se centra ahora en que los viajeros afectados por prácticas abusivas en el transporte aéreo sean indemnizados. La portavoz de la asociación, Ilena Izverniceanu, ha anunciado la puesta en marcha de un “pleito testigo” para reclamar la devolución del pago por equipaje de cabina en los casos que conciernen a Ryanair.

En el encuentro de asociaciones europeas de consumidores también se ha discutido sobre los planes de acción de la BEUC en relación a la nueva Agenda Europea del Consumidor 2025-2030, uno de los principales retos que, en palabras de la propia entidad, debe afrontar la Comisión Europea en su nueva legislatura. Sobre la mesa destaca la necesidad de aumentar la seguridad de los consumidores en sus actividades online, con fraudes que han alcanzado a un 45% de los consumidores, según datos de la CE.