El Gobierno descarta ahora castigar a las autonomías por incumplir la ley de vivienda, pero premiará a las que cumplan

La conferencia sectorial de Vivienda se ha convertido este jueves en el epicentro de un nuevo conflicto político entre el Partido Popular y el ministerio que encabeza Isabel Rodríguez a consecuencia del cumplimiento de la Ley de Vivienda. En este clima de tensión, la ministra ha matizado su discurso de la semana pasada, en el que amenazó con retirar financiación a las comunidades que no cumplieran la norma. En esta ocasión Rodríguez se ha comprometido a premiar a aquellos territorios que implementen efectivamente las medidas establecidas. “Esta ley permite que, atendiendo a su literalidad, hoy pudiéramos estar bajando el precio de todos los alquileres de las zonas tensionadas en un 5%, beneficiando de esta manera a las familias, y que al mismo tiempo los caseros pudieran tener una bonificación fiscal de hasta el 90%. ¿Por qué no lo hacemos? No lo entiendo e intuyo que la ciudadanía tampoco”, ha declarado ante los medios antes de la conferencia sectorial.

La ministra ha prometido que “no faltarán recursos por parte del Gobierno de España”, siempre y cuando las comunidades cumplan las normas. “La ley nos obliga a todos”, ha dicho. La normativa contempla que es competencia de las autonomías declarar zonas tensionadas y en el ministerio han detallado que de lo que se trata es de “premiar” a quienes sí reconocen un problema en esta materia, aplicando medidas extraordinarias. “No se trata de castigar a las insumisas quitándoles fondos, pero sí premiar a las que lo están haciendo bien”, ha señalado un portavoz ministerial.

Previamente a estas declaraciones, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, denunció lo que los populares consideran un “chantaje” por parte del Gobierno. “No toleraremos la amenaza y el chantaje de la ministra Isabel Rodríguez de retirar los fondos a las comunidades autónomas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su ley y que se ha demostrado que es perjudicial para los ciudadanos”, indica un comunicado firmado por 13 territorios gobernados por el PP, incluidas Ceuta y Melilla, que se ha hecho público unas horas antes del arranque de la conferencia sectorial.

Además, las comunidades del PP han reclamado al ministerio que “dialogue con los representantes políticos para alcanzar acuerdos, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general y la de la vivienda en particular”. La ministra dijo la semana pasada que se planteaban retirar financiación a comunidades que no aplican la ley, pero no señaló a qué tipo de incumplimientos se refería. El control de precios es solo unas de las iniciativas que recoge la norma, que también orienta y da directrices en otras políticas como la construcción de vivienda pública.

A pesar de la tensión política entre Gobierno y oposición, la conferencia sectorial ha ratificado, por unanimidad, el reparto de los 200 millones de euros del bono alquiler joven. Esta ayuda, que se fija en 250 euros al mes durante un plazo de dos años, busca apoyar la emancipación de los jóvenes, quienes enfrentan serias dificultades para acceder a un hogar y tratar la distribución de los fondos era el objetivo principal del encuentro. El reparto de los fondos prevé otorgar 34,2 millones de euros para Andalucía, 31,8 millones a Madrid y 29 millones para Cataluña, las tres comunidades que más reciben, al ser las más pobladas. A pesar de que la ministra insistió en las últimas semanas en que exigiría a las autonomías que aportasen una cantidad complementaria a esta ayuda, el acuerdo finalmente se ha zanjado sin que exista la obligación de una corresponsabilidad financiera. El consejero madrileño defiende que para que las autonomías puedan aportar esa cantidad extra tendría que modificarse el decreto, mientras que fuentes ministeriales aseguran que no es cierto, puesto que territorios como Cataluña ya lo están haciendo.

47.000 rehabilitaciones

En el encuentro, la ministra de Vivienda también ha presentado un informe relativo al Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana incluido dentro del plan de recuperación financiado con fondos europeos. Según el documento, el Gobierno ya ha transferido a las comunidades autónomas 4.328 millones de euros de los 5.500 que se contemplaban en total. Es decir, el 85% de la partida. Con estas inversiones, están planificadas 24.463 viviendas, 47.000 rehabilitaciones a través del programa de barrios, y la tramitación de otras 600.000 casas en rehabilitación a través de las convocatorias autonómicas. Además, se han puesto sobre la mesa los puntos a tratar en el diseño del próximo Plan Estatal de Vivienda, en el que se trabaja desde el mes de julio y que constituía el segundo plato fuerte del encuentro.

En el ministerio señalan que es en el nuevo Plan Estatal donde se plasmarían los criterios para dotar de estímulos económicos a las comunidades que cumplan con los postulados de la ley de vivienda y el resto de programas de ayudas en esta materia. Al respecto, el consejero de Madrid ha insistido al cierre de la conferencia en que el Partido Popular apuesta por políticas enmarcadas “dentro de un proyecto liberal”, por lo que descartan por completo declarar zonas tensionadas en aquellos sitios donde gobiernan.

Pese a que los populares insisten en que el control de precios no es el mecanismo adecuado para regular el mercado, la consejera de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque (PSC), ha destacado los primeros resultados que ha tenido la iniciativa en el territorio que representa. De momento es el único que aplica esa disposición de la norma, aunque este miércoles el País Vasco comunicó la declaración de Errenteria (Gipuzkoa) como zona tensionada. Según ha revelado Paneque, los precios del alquiler en Cataluña han registrado una caída de entre el 3% y el 5% durante los dos primeros trimestres de 2024. Esta disminución coincide con la entrada en vigor, en marzo de este año, de la regulación de las rentas que regula la norma estatal. La consejera catalana ha valorado que, aunque la reducción no es muy significativa, se observa un efecto positivo en la contención de precios. Y ha recordado que se espera que la próxima semana se publiquen cifras más detalladas.

Más políticas y menos confrontación

Tanto el ministerio como las comunidades han coincidido en que se ha mantenido un “tono cordial” en el encuentro, después de la matización que ha hecho Isabel Rodríguez sobre sus palabras de la semana pasada. Antes de la reunión, el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso (PSE), aseguraba que este tipo de conferencia “no es lugar para la confrontación partidista”. El representante del País Vasco pedía además al PP que le dé una oportunidad a la ley estatal, pues apenas lleva un año desde que se puso en marcha y necesita mayor recorrido. En sintonía con la visión del Gobierno, ha explicado la decisión de convertir a Errenteria en el primer municipio vasco en ser declarado oficialmente zona tensionada en vivienda. Además, se ha comprometido a que más municipios entren en el futuro dentro del mismo marco jurídico. “Las capitales vascas están inmersas en un enorme problema de tensión en el mercado de la vivienda”, ha justificado.

De forma similar, el consejero de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, también socialista, instaba a los populares a no seguir la estrategia de confrontación de Puidgemont. “Yo invito al Partido Popular a que no le copie y le adelante por el carril de la radicalidad”, insistía en una comparecencia previa a la reunión de consejeros. También recordaba el carácter “crucial” del encuentro, sirviendo como antesala a la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez para final de año, donde se abordarán acuerdos en materia de vivienda. “El éxito de estos acuerdos depende de la voluntad de todas las partes”, ha advertido.

Por las palabras de quienes han hablado a la salida, la impresión es que la tensión con que arrancó la jornada se ha rebajado. Sin embargo, el resultado de la conferencia sectorial no ha gustado a los socios minoritarios de Gobierno. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, ha catalogado de “despropósito” la postura de la ministra respecto al Partido Popular y su rechazo a la ley de vivienda. “Debe cumplirse. Los gobiernos del PP la están boicoteando y hay que torcerles el brazo para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Es un clamor social”, ha escrito en sus redes sociales.