Abusos en el campo: fraude al contratar, convenios incumplidos y alojamientos infrahumanos

Este verano, en un pueblo de la provincia de Lleida llamado Massalcoreig, cuentan que un agricultor pagó como tocaba a sus temporeros el primer mes: según convenio y también las horas extra. Pero el segundo mes dejó de pagar. Los trabajadores se concentraron frente a su casa para protestar y reclamarle las deudas, y hasta vinieron los Mossos d’Esquadra ante tal revuelo. Pero al agricultor, conocido en la comarca como un mal pagador, le bastó solo con encerrarse unas horas. Tener tiempo también es un indicador de riqueza, y los temporeros, la mayoría inmigrantes y con gran necesidad de trabajar para sobrevivir y seguir mandando dinero a sus países de origen, no lo tenían para continuar con las protestas. Resignados, optaron por olvidarlo e ir a buscar otro trabajo.

Las condiciones de las personas que trabajan en la temporada de fruta en España, ya sea en las diferentes cosechas o en los almacenes, en general han mejorado en los últimos años, al menos sobre el papel: en la mayoría de los convenios el sueldo lo marca el salario mínimo interprofesional, pero hay una mayor protección en las condiciones laborales, en ámbitos como el alojamiento o los desplazamientos. Y aunque los sindicatos explican que la mayoría de los agricultores cumplen con sus deberes, también advierten que hay algunos que no lo hacen. Y en este mundo, no cumplir con unas exigencias tan básicas implica dejar a los trabajadores en situaciones muy precarias, de miseria.

En una antigua pocilga abandonada, situada en medio de extensos cultivos de pera, entre dos pequeñas poblaciones leridanas —Vilanova de la Barca y Torrelameu—, viven hacinadas 25 personas que todavía están trabajando en esta zona. Es final de temporada y aquí ya solo queda cosechar la manzana. Cuando acaben se irán a Jaén o a Almería, a Valencia o a La Rioja. Duermen en colchones en las antiguas cuadras de cerdos, cocinan entre unos muros incompletos y prácticamente al aire libre, el lavabo es un agujero con unas tablas, cogen agua de la acequia, y hacen fuego en el suelo. No hay luz, así que por la noche usan las linternas de los móviles. Con unas bicicletas que ahora están tiradas por el suelo y una moto destartalada van a los pueblos a comprar comida, pero también reciben ayuda alimentaria de la Cruz Roja de vez en cuando, o se buscan la vida: en la parte de atrás hay cinco o seis jabalíes pequeños, asados, que dan cuenta de ello.

“Aquí se está muy mal”, resume Kwaku Dekih, de 49 años. En invierno vive en Zaragoza, pero ya hace tres años que viene a hacer la temporada en Lleida, trabajando para el agricultor que les ha dicho que duerman en este sitio. Tiene contrato de trabajo, permiso de residencia y tarjeta sanitaria, toda la documentación en orden, pero malvive en una pocilga. “El jefe tiene otra casa pero no cabemos todos”, dice. El convenio provincial de Lleida especifica que el empresario tiene que proporcionar un alojamiento en condiciones, y que puede descontar el coste del sueldo de los temporeros —en los convenios de Huesca y Zaragoza también es obligatorio dar alojamiento, pero gratuito—. Muchos agricultores alquilan camas en los albergues municipales, o tienen algún edificio habilitado en su finca para albergar a los trabajadores. En el caso de Dekih, el agricultor acoge a un grupo de senegaleses en una casa habilitada en su finca, y a este grupo, originario de Ghana, lo deja en el asentamiento ilegal. “Este año no ha habido trabajo, y ahora ya se está acabando”, cuenta otro temporero. Son todos hombres: ”Aquí de esta manera las mujeres no pueden estar”, justifica otro. Explican que además cobran por debajo del convenio (7,5 euros la hora, cuando lo establecido son 9,02) y que hay algunos, pocos, que trabajan sin contrato. Al cabo un rato, cuando el olfato ya se ha acostumbrado al olor de la basura y la carne asada, otro de los habitantes del asentamiento se acerca, enfadado y borracho. “Aquí no ayuda nadie, vosotros tenéis casa y familia, vivid vosotros aquí”, dice como puede.

A este asentamiento ilegal solo se llega por caminos de tierra, es difícil dar con él. Por ellos llegaron Nadia Chakrad y Samira Elansari cuando lo descubrieron. Son dos de las 75 miembros de un equipo técnico del Servei d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat que, financiado con una subvención de la Unión Europea, este verano se han dedicado a visitar albergues, plantaciones y asentamientos para registrar infracciones e informar a los temporeros. Han documentado casos de impagos como el de Massalcoreig, pero también casos de fraude en empresas de trabajo temporal (ETT), incumplimientos del convenio en temas como el transporte y el alojamiento y situaciones extremas como la del asentamiento ilegal de Vilanova de la Barca.

“Es muy fácil engañarles”

El sindicato CC OO, que ha vehiculado parte de las inspecciones, ha elaborado un informe con todo ello que presentará próximamente. “Detectamos varias problemáticas. Gente que, con o sin documentación, trabajan sin estar asegurados; personas a las que no se les facilita un albergue; contrataciones mediante ETT que aplican convenios de fuera y no se les puede reclamar porque el administrador vive en Rumanía u otro país; falta de inspectores, que cuando llegan al sitio ya se han marchado todos los que están en situación irregular; coches patera que transportan a los temporeros a otra comunidad con el convenio de aquí, y a los que les cobran seis euros al día por el transporte; fraude en los contratos, suplantación de identidad, impagos...”, enumera Hipòlit Cisó, de la federación de Industria de CC OO en Lleida. “Hay gente que cumple con la normativa, pero otros que no. Y es muy fácil engañar a los temporeros, el 70% son de fuera, lo único que quieren es trabajar muchas horas, se adaptan a todo y además tienen miedo de denunciar o reclamar porque se quedan sin trabajo”, concluye.

En Lleida se movilizan cada año aproximadamente 35.000 temporeros. Unos kilómetros más al oeste, en las provincias de Huesca y Zaragoza, los problemas son los mismos y los números parecidos (28.388 personas empleadas este agosto, el 81% extranjeros, con un total de 44.421 contratos, según los datos que ha recogido el sindicato). Pero ahí no existe este programa para inspeccionar e informar a los temporeros. “Lo hacemos nosotros desde el sindicato, y también hemos visto cosas como estas”, señala Jaime Alloza, de la federación de Industria de CC OO Aragón. Incide en el problema de las empresas de trabajo temporal: “Hay gente de aquí o gente que lleva años viniendo, que se constituyen como una ETT para gestionar las cuadrillas: solo trabaja quien ellos dicen. También hacen trabajar a personas sin documentación con los papeles de otros, como ocurrió en la zona del Almunia este verano, cuando se detuvo a 18 personas. Son comportamientos mafiosos, de trata de personas, y los agricultores evaden su responsabilidad al contratar a las ETT”.

En Aragón, el 25,2% de los contratos de temporeros son por ETT, y en algunas zonas llega hasta ser un tercio del total. “Hay algunas que funcionan bien, y sirven para los picos de producción. Pero otras son un fraude”, explica Rachid El Jazouli, responsable de Industria en CC OO Aragón. El principal problema, sin embargo, es otra vez el alojamiento. En unas cuevas de Riela, en chabolas en todo el Bajo Cinca, o en Fraga. “En la misma estación de autobuses. Gente que trabaja, está dada de alta, y duerme ahí cada noche, como sardinas. No denuncian por miedo”.