Bruselas avala el veto español de la compra de Talgo por el grupo húngaro Ganz-MaVag

Si hay revuelo o inquietud por el veto del Gobierno español a la compra de Talgo por parte del grupo húngaro Ganz-MaVag, no es en Bruselas. Se trata de una “prerrogativa” de los Estados y la Comisión Europea no ve, a priori, objeciones a la decisión española. Según ha subrayado una portavoz este jueves, Madrid ni siquiera tenía obligación de informarle con prioridad —aunque según varias fuentes gubernamentales sí lo ha hecho— antes de dar ese paso. Y pese a las amenazas de la empresa húngara de acudir al Ejecutivo europeo para rebatir la decisión, a la sede de la institución en la capital belga todavía no ha llegado queja alguna, tampoco desde el Gobierno de Víktor Orbán.

“La prerrogativa de esta decisión es del Estado y la Comisión no tiene que aprobar ex ante la decisión de España de vetar esa adquisición”, ha explicado la portavoz de la Comisión para estabilidad financiera y unión de mercados de capitales, Francesca Dalboni, a una pregunta de este diario, antes de añadir: “No tenemos ningún comentario específico”.

Según ha recordado, los tratados recogen la posibilidad de que los Estados miembros puedan “restringir libertades de mercado único, como la libertad de establecimiento y de movimiento de capital, por motivos de seguridad”. Esto siempre y cuando, ha agregado, esas medidas estén “justificadas y sean proporcionales al objetivo perseguido”.

España informó al Ejecutivo europeo del veto a la compra de Talgo por la empresa húngara, según han confirmado hasta tres fuentes del Gobierno a EL PAÍS . Y eso que, como ha recalcado este jueves la portavoz comunitaria, “los Estados miembros no tienen la obligación de informarnos de estas medidas, nadie está requerido de informar a la Comisión”. Al mismo tiempo, con una operación presentada de forma oficial en marzo pasado, lo lógico hubiera sido que, si Bruselas hubiera tenido algún tipo de objeción, hubiera lanzado algún tipo de advertencia, cosa que no ha hecho en ningún momento.

El Gobierno español decidió el martes en Consejo de Ministros rechazar la adquisición del fabricante español de trenes por parte del consorcio húngaro, por motivo de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España. Según averiguó este diario, entre la documentación analizada para vetar la compra había informes del Centro Nacional de Inteligencia y de Seguridad Nacional que revelan los nexos de Ganz-Ma Vag con la compañía rusa Transmashholding, incluso tras el comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania. También destacaban los vínculos entre personas clave del conglomerado con Orbán, uno de los jefes de Gobierno más prorrusos de la UE, lo que lleva tiempo provocando no pocas tensiones con Bruselas.

La Comisión ha eludido valorar la decisión española en este contexto, limitándose a indicar que se trata de una “decisión sobre una inversión de una compañía húngara en otra empresa europea”.

Con todo, los choques con Budapest por los lazos prorrusos de Orbán son frecuentes desde hace tiempo. Y se han disparado desde que Hungría asumió, en julio, la presidencia de turno del Consejo de la UE. El primer ministro húngaro emprendió a los pocos días una supuesta “misión de paz para Ucrania” que lo llevó a Moscú para reunirse con el presidente Vladímir Putin, así como a Pekín y a Florida, donde se entrevistó con el candidato presidencial republicano Donald Trump. El viaje fue rápida y públicamente desautorizado por la UE. Una de las consecuencias del desafío húngaro a la línea cerrada de defensa europea de Ucrania ha sido la decisión de no enviar a comisarios a los consejos informales que se celebren en territorio húngaro. También se ha eludido el Gymnich, el tradicional encuentro informal de ministros de Exteriores y Defensa en el país anfitrión al comienzo de su presidencia, que ha sido sustituido por un consejo informal en Bruselas que tiene lugar este jueves y viernes.

A su inicio, el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha vuelto a recordar, aunque sin citarlo expresamente, que Hungría es el responsable de que lleven bloqueados desde hace meses más de 6.000 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz, un fondo intergubernamental destinado, entre otras cosas, a reembolsar a los Estados miembros el apoyo militar que envían a Ucrania. En declaraciones a su llegada a la cita con los ministros de Exteriores, el jefe de la diplomacia europea ha adelantado que buscará la forma de “circunvalar este veto de un Estado, que no es aceptable”. Budapest también ha vetado este verano una declaración de la UE contra el régimen de Lukashenko en Bielorrusia.

En las últimas semanas, Budapest ha vuelto a sacar de sus casillas a la UE con su decisión de ampliar a rusos y bielorrusos su forma más laxa de visado laboral, la denominada tarjeta nacional, pese a la inquietud manifestada por Bruselas por las potenciales implicaciones en materia de seguridad de la Unión en el tercer año de ofensiva rusa en Ucrania, temores que Hungría ha rechazado.

También en el campo económico y jurídico choca la Hungría de Orbán con la UE. Budapest tiene bloqueados por Bruselas decenas de miles de millones de euros por no luchar contra la corrupción y sus agresiones al Estado de derecho. El último informe sobre este tema que presentó la Comisión Europea a finales de julio no ha detectado cambios en Hungría que le dieran motivos para descongelar los fondos retenidos, tanto los del plan de recuperación como los de las políticas de cohesión.

Bruselas ha señalado además varias amenazas al mercado interior de la UE: “Las intervenciones del Estado repercuten en la competencia y el funcionamiento del mercado único en Hungría”, señala un informe publicado en junio sobre las políticas económicas, sociales, laborales, estructurales y presupuestarias de Hungría. “En los últimos años, han aumentado los impuestos sectoriales aplicados a determinados sectores y empresas, que tienden a ser los que tienen más presencia del capital extranjero (por ejemplo, el comercio minorista, el cemento, la construcción y los materiales cerámicos), lo que supone una carga desproporcionada para las compañías afectadas y afecta al funcionamiento del mercado único. Las empresas se quejan de trato desigual y arbitrariedad cuando las autoridades realizan inspecciones administrativas o deciden sobre los permisos”, agregó.

La cadena austriaca de supermercados SPAR ya ha denunciado ante la Comisión Europea, específicamente ante la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que los impuestos húngaros en su sector son “discriminatorios y selectivos, y constituyen una ayuda de Estado ilegal” porque las compañías extranjeras acaban tributando más.

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