El Estado y la banca avalan a Siemens Gamesa con 1.200 millones para garantizar su viabilidad
Cesce afirma que las garantías, fundamentales para la continuidad del fabricante de aerogeneradores de origen español, “no deberían tener coste” para las arcas públicas españolas
La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), participada mayoritariamente por el Estado, ha formalizado este lunes un aval de 1.200 millones de euros a Siemens Gamesa para que el fabricante de aerogeneradores pueda cumplir su cartera de pedidos, de alrededor de 40.000 millones. En esta línea financiera, fundamental para garantizar la viabilidad de la empresa de origen español —aunque hoy integrada en el conglomerado alemán Siemens Energy—, participan también cuatro bancos españoles (BBVA, Caixabank, Kutxabank y el Santander) y dos franceses (BNP Paribas y Crédit Agricole).
La línea de avales servirá a Gamesa para “respaldar con avales técnicos, como es habitual, sus proyectos eólicos” y contará con una garantía de Cesce del 50% del total. Es decir, del Estado, que compartirá el resto del riesgo con los bancos avalistas. La cobertura última correrá a cargo del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), una entidad adscrita al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Cesce confía, sin embargo, en que la operación “no debería suponer coste para el Estado al no tener Siemens Gamesa fallidos en su historial de pagos y estar dichos pagos garantizados por la matriz”.
En los últimos años, una combinación de factores —problemas de calidad en sus turbinas de eólica terrestre y una creciente competencia de fabricantes extracomunitarios— ha llevado a Siemens Gamesa a una situación delicada, marcada por las fuertes pérdidas y los continuos reemplazos en lo más alto de su cúpula directiva, con una ratio de un nuevo consejero delegado por año.
El instrumento financiero tendrá la consideración de verde para la banca y será de tipo revolving, “permitiéndose emitir nuevos avales conforme se vayan liberando avales en vigor, hasta el límite máximo de 1.200 millones de euros”. Y las cantidades avaladas serán de “carácter técnico, es decir, aquellos necesarios para licitar, contratar, ejecutar y garantizar proyectos eólicos de Siemens Gamesa en el exterior”.
La línea de avales comunicada este lunes es “complementaria” con las ayudas ya aprobadas por el Estado alemán a la matriz, Siemens Energy, que ascienden a 11.000 millones de euros. Cuando se confirmó aquel rescate, en noviembre del año pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez ya se comprometió a arrimar el hombro para garantizar que la empresa siguiera adelante y mantuviese su empleo en España. Esa ayuda es la que se ha concretado este lunes ante notario.
En la comunicación, la propia Cesce admite que “el mantenimiento de la capacidad industrial en la Unión Europea, y en España en particular, es un aspecto esencial que han tenido presente las partes en todo momento”. A finales de mayo, la empresa anunció el despido de 400 trabajadores en España, el 10% del total. El ajuste, sin embargo, fue menor de lo temido durante meses; un guiño en toda regla para que el Gobierno liberase unos avales que son fundamentales para garantizar la continuidad de su negocio.
Siemens Gamesa tiene presencia en cinco comunidades autónomas españolas, entre fábricas y oficinas. El grueso de los despidos se está centrando en las primeras, que ven como muchas funciones pasan a manos de Alemania. El área administrativa y de gestión está repartida, principalmente, por Madrid, Sarriguren (Navarra) y Zamudio (Bizkaia), donde tiene su sede social, mientras que las plantas industriales se reparten por Castilla y León, Cantabria, Valencia, Galicia y Euskadi.
La empresa necesitaba de forma urgente estas garantías bancarias, destinadas a “cubrir la ejecución del proyecto a lo largo de varios años”, una operativa habitual entre los fabricantes de renovables. “En otras palabras, estas garantías son un respaldo financiero que asegura la viabilidad del proyecto”, acota la nota conjunta de Cesce y Gamesa.
La pasada primavera, en un encuentro con medios de comunicación internacionales —entre ellos EL PAÍS—, el primer ejecutivo de Siemens Energy, Christopher Bruch, reconoció que, tras “más de doce meses” sin vender una sola turbina, la compañía valoró incluso salirse definitivamente del negocio de eólica terrestre, una decisión que habría sido letal para sus fábricas en Europa y, muy especialmente, en España. De ahí el interés de los Gobiernos alemán y español por respaldarla para que pueda seguir adelante.
En aquel momento, a mediados de mayo, Bruch ya avanzaba a este diario que las conversaciones con las autoridades españolas empezaban a dar sus frutos y confiaba en alcanzar un acuerdo en cuestión de “semanas”. “La actitud del Gobierno está siendo muy constructiva: estoy muy agradecido por su colaboración y por el entendimiento de lo que queremos hacer. Estaban interesados en nuestra decisión de [permanecer] en eólica terrestre”, subrayaba el jefe de Siemens Energy. “No olvidemos que no se trata de recibir dinero de los contribuyentes: al contrario, vamos a pagar por los avales”.
Pese a la zozobra por los problemas de su filial, otrora joya de la corona de la industria española, Siemens Energy ha logrado superar su momento más crítico, duplicando con creces su valor en Bolsa en lo que va de 2024 y alcanzando máximos de tres años. En gran medida, por la buena marcha del resto de sus negocios: fabricación de centrales para generar electricidad con gas natural, y puesta en marcha de subestaciones y redes eléctricas.
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