Tecnología sin derechos ciudadanos

Las tecnologías informáticas se desarrollan a una velocidad vertiginosa, mientras los derechos de los ciudadanos van a la zaga. En el sector bancario el aumento de los ataques de ciberdelincuentes es extraordinario. Los daños sufridos por los mayores como el vaciado de sus cuentas producen una terrible indefensión y deterioros psicológicos irreparables. Los métodos son múltiples, phishing, (engaños para pescar los datos del cliente); carding, (falsificación de tarjetas); smishing, (captura de datos a través de mensajes de WhatsApp) o vishing, obtener datos a través de una llamada telefónica.

La urgencia de proteger a los ciudadanos ante la multitud de ciberataques ha sido abordada a fondo en el Encuentro de los Pioneros en la Protección de Consumidores de España, organizado por la Unión de Consumidores de Asturias. Han participado magistrados, fiscales, juristas, ingenieros informáticos y activistas con una larga trayectoria en la defensa de los consumidores.

Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid, señaló el crecimiento “exponencial” de los fraudes bancarios que se está registrando mediante ciberataques y estimó que se duplicará la litigiosidad este año. Recordó que la responsabilidad legal en la custodia del dinero corresponde al banco.

El magistrado Edmundo Rodríguez Achúegui, reflexionó sobre el gran cambio en la atención de los ciudadanos. Antes podían ir a una oficina a tratar sus problemas y ahora en la banca online todo son dificultades. “Los bancos”, precisó, “se han ahorrado mucho dinero con el cierre de oficinas y con menos empleados”. Recordó que corresponde a las entidades “probar que actuaron con la diligencia correspondiente” mientras que “el cliente solo tiene que decir que no autorizó el pago”.

El abogado José Antonio Ballesteros, que ha logrado varias sentencias favorables a los clientes en casos de phishing, censuró la actitud de los bancos que “sistemáticamente lo impugnan todo hasta la última instancia con las escusas más burdas a pesar de que las sentencias no les sean favorables. Su propósito es dilatar los pleitos para disuadir a los afectados que reclamen”.

En esta batalla desigual, los abogados José María Erauskin y Maite Ortiz, expertos en desahucios y en hipotecas con el índice IRPH, mostraron su decepción por la actitud del Tribunal Supremo de reinterpretar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para proteger a la banca.

Dacio Alonso, presidente de la Asociación de Consumidores de Asturias, creada hace 35 años, fue muy explícito: “Menos mal que tenemos al TJUE, que es el que ha tutelado de verdad a los consumidores”. Exigió una legislación que no obligue a todo el mundo a ir al Juzgado para obtener sus derechos. Y criticó que “la banca utilice el aparato de justicia como su sistema de reclamaciones”.

Europa ciertamente es el soporte último de los consumidores. El Fiscal Fernando Santos Urbaneja, recordó, no obstante, que “los lobbies se ganan la vida en Bruselas al haber impedido aplicar sanciones punitivas a los responsables de malas prácticas.

Asociaciones de consumidores, activistas y abogados son una minoría. Pero van por delante, benefician a todos y hacen el trabajo que correspondería a las autoridades.

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