El Congreso aprueba la reforma del subsidio de paro que eleva la mayoría de prestaciones a 570 euros

Al segundo intento, el Gobierno ha logrado los apoyos necesarios para reformar el sistema asistencial de desempleo, la red que protege a los parados que han agotado su prestación contributiva. La mayoría del Congreso (178 diputados) ha votado este jueves a favor de que aumente la mayor parte de cuantías de 480 a 570 euros mensuales, de proteger a más colectivos, de generalizar la compatibilidad con el trabajo y de mantener en el 125% la base de cotización de los mayores de 52 años. Esto último era clave: la rebaja de ese porcentajes hasta el 100% que planteaba la reforma del pasado diciembre, enmendada ahora, fue lo que motivó el voto en contra de Podemos, que se sumó al rechazo de PP y Vox. Esta vez los grupos de la derecha se han abstenido y el partido de Ione Belarra ha votado a favor. Ahora sale adelante, a la vez que la prevalencia de los convenios autonómicos, a cambio de la cual el PNV dio su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

En torno a un millón de desempleados reciben el subsidio de paro, que es la ayuda destinada a aquellos que no tienen derecho a una prestación contributiva. El subsidio sube ahora para más de medio millón de personas, ya que la cuantía pasa del 80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem, fijado en 600 euros) al 95% en los primeros seis meses. Es decir, de 480 a 570 euros. Cae al 90% (540 euros) en los seis siguientes y al 80% (480) el resto de tiempo que dure la prestación. Estos cambios entrarán en vigor en noviembre, cinco meses después de lo previsto.

Hay unos 450.000 receptores de esta ayuda para los que no sube la prestación, aquellos que la reciben por ser mayores de 52 años y haber agotado la prestación contributiva. Esta modalidad se puede percibir indefinidamente, a diferencia del resto, que se agotan (por lo general) pasados seis meses. El 59% de los beneficiarios del sistema son mujeres, que sufren más paro que los hombres, y también son más comunes en el sur del país, con hasta el 10% de la población activa beneficiaria en Extremadura.

La reforma extiende los subsidios a las personas víctimas de violencia de género o sexual, a emigrantes retornados, a menores de 45 años sin cargas familiares que agoten la prestación contributiva y a los eventuales agrarios de todo el Estado. Hasta ahora solo recibían una ayuda similar los temporales del campo de Andalucía y Extremadura, donde esta actividad tiene mayor peso que en el resto de España.

Por otro lado, la norma generaliza la compatibilidad del subsidio con el trabajo por cuenta ajena con la percepción de un complemento de apoyo al empleo por un tiempo máximo de 180 días. La cuantía que se podrá compatibilizar irá reduciéndose en función de la jornada del empleo compatibilizado, desde el 80% del Iprem a jornada completa y al 60% si se trabaja menos del 50% de la jornada. Estas cuantías están previstas para el primer trimestre de cobro y van reduciéndose a medida que pasan los siguientes trimestres.

Desde el 23 de mayo sí están en vigor los cambios en el permiso de lactancia, también incluidos en el texto aprobado y que ha quedado convalidado. Para los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento puede acumularse en jornadas completas, aunque esta posibilidad no venga recogida en el convenio colectivo de referencia de la persona trabajadora o lo haya pactado así con su empresa.

Fracaso en enero

La reforma del subsidio se negoció de forma acelerada el pasado diciembre, en un nuevo choque público entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño. Los dos ministerios acabaron sellando un acuerdo que no cristalizó por el rechazo parlamentario a la ley. Tras ese traspié, la líder de Sumar abrió el contenido de la norma al diálogo social. Una vez más, Trabajo solo logró alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, con los de los empresarios en contra del acuerdo adoptado. “No se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social, sino simplemente un proceso de consulta”, dijo la CEOE en un comunicado.

“Es la reforma más ambiciosa del sistema asistencial de desempleo hecha en democracia”, ha dicho Díaz este jueves en el Congreso de los Diputados. La vicepresidente segunda ha reconocido el papel de los sindicatos y la patronal en el diseño de la norma, a pesar del rechazo empresarial los cambios: “Avanzamos en la construcción del Estado social en España”. Esta reforma era uno de los hitos del Plan de Recuperación vinculado al cuarto desembolso de fondos europeos, adscrito a un plazo que España incumplió (y que se postergó) por el rechazo inicial del Congreso.

Cambio en la prevalencia de convenios

Por otro lado, el Congreso también ha sellado el cambio en el Estatuto de los Trabajadores que elimina el despido automático por incapacidad permanente o gran invalidez y la prevalencia de los convenios autonómicos respecto a los estatales, como se había pactado con el PNV. Es un cambio que critican los sindicatos y, aún con más virulencia, la patronal. El Gobierno no ha sometido este cambio tan importante para la negociación colectiva a un diálogo formal con los agentes sociales. No obstante, desde el Ministerio de Trabajo vienen señalando que este cambio era conocido desde hacía tiempo por empresarios y sindicatos, y que había sido debatido en distintos foros.

UGT criticó firmemente la falta de negociación por parte del Gobierno, dado que la prevalencia de los convenios “pertenece a la naturaleza esencial de nuestra actividad (en la ordenación de las relaciones labores) y debería de pasar primero por el diálogo social”. En la misma línea, CC OO consideró que el cambio “supone una intromisión en las funciones, que el artículo 7 de la Constitución Española, atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales”.

Por su parte, CEOE y Cepyme opinaron que el Ejecutivo “desprecia” el diálogo social por la forma en la que ha aprobado estos cambios normativos, que la reforma “atenta” contra la unidad de mercado y que supondrá un “deterioro de la cohesión social y de la competitividad” de la economía y las empresas en España.

El Congreso también ha convalidado otro cambio que ha irritado a CEOE: abre la puerta del Consejo Económico y Social a las organizaciones empresariales autonómicas que compiten con la principal patronal nacional. De esta forma, la patronal catalana Pimec, más independiente respecto a CEOE, entrará en el CES.

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