Las ayudas de Estado en la UE cayeron un 35% con la salida de la pandemia

No es igual una crisis energética provocada por una guerra que una crisis económica causada por una pandemia; y, por tanto, la respuesta de la política económica es diferente. A esta conclusión puede llegarse solo con ver la cantidad de ayudas de Estado que han movilizado una y otra en la UE. En 2022, los Estados miembros subsidiaron a sus empresas con 228.000 millones de euros, un 34,8% menos que el año anterior, cuando el gasto rozó los 350.000 millones, según la Comisión Europea. Con todo, es una cantidad mucho mayor que en 2019, el año previo a la emergencia sanitaria provocada por la covid, y cuando todavía estaba el Reino Unido en el bloque comunitario.

2022 fue un año marcado por la invasión de Ucrania por Rusia. Había arrancado con unos últimos coletazos de la pandemia en enero, pero cuando empezó la guerra, la covid perdió protagonismo en la atención pública y poco a poco en las políticas. Y eso es lo que se ve en los datos que presentó este martes el Ejecutivo comunitario en el compendio del análisis de ayudas de Estado, con los últimos datos definitivos.

La guerra provocó una subida de los precios energéticos muy fuerte y, en consecuencia, propulsó la inflación en el conjunto de la economía. Bruselas y los gobiernos reaccionaron de forma parecida a como lo habían hecho en la pandemia —echando mano del gasto público— pero con matices significativos: bastante menos dinero y ayudas focalizadas en sectores y segmentos de población afectados, aunque más genéricas de lo que les hubiera gustado a la Comisión y al Banco Central Europeo.

Esas diferencias se ven también en los datos. Del volumen total de ayudas, las medidas para amortiguar el impacto de la pandemia todavía consumieron 76.650 millones de euros, ya que estuvieron vigentes buena parte del año; mientras que las aprobadas para luchar contra la crisis energética se llevaron 36.900 millones. El resto ya llegaron por las líneas de subvenciones ordinarias cuya creación no responde a situaciones sobrevenidas.

Las ayudas de Estado siempre son un tema conflictivo entre los países de la UE. Alemania y Francia, con más posibilidades de repartir mucho dinero a sus empresas y darles ventaja en el mercado, suelen ser aliados para apostar por una relajación de las reglas. Los países más pequeños y los que tienen menos margen fiscal (entre ellos, España), por su parte, defienden la rigidez para que la competición en el mercado único sea en igualdad de condiciones.

Estas posturas políticas se reflejan también en el análisis geográfico de las ayudas. Los dos grandes países de la UE son los que más dinero dan a sus compañías: de sus presupuestos salen dos tercios del total de las subvenciones. Es Alemania, como mucha diferencia, el que más da: 73.700 millones. Le sigue Francia, con 44.800. Y España, con 17.800 millones, queda lejos de ambos.

Hay, en cambio, un capítulo en el que sí que destaca España, junto con Alemania e Italia: las ayudas dadas por la guerra. En este punto, de nuevo es Berlín la capital que más dinero reparte y ahora con muchísima diferencia sobre el resto: 24.180 millones de un total de 39.300, es decir, el 66% de todas las subvenciones concedidas en la Unión. Alemania ha sido uno de los países más golpeados por la crisis energética —su dependencia del gas barato ruso y las tensiones con China han golpeado con dureza a su modelo económico— y ha salido a respaldar a sus empresas con mucha potencia fiscal.

España, por su parte, ha gastado algo más de 8.000 millones. Esto es así, principalmente, por la llamada excepción ibérica, la medida que puso un tope al precio del gas cuando esta materia prima saltaba de un determinado precio. Esa herramienta entró en vigor en la segunda mitad de 2022 y, después, ya casi no ha necesitado activarse por los precios de cotización del gas.

La retahíla de cifras que contiene el anuario de ayudas de Estado enmarca, en parte, el debate que estuvo abierto durante buena parte de 2022 y el comienzo de 2023. La aprobación en Estados Unidos de los subsidios masivos a sus empresas para la transición energética y la transición digital provocaron la reacción de bastantes capitales, que reclamaban más manga ancha a Bruselas para ayudar a que su sector privado no perdiera competitividad frente a la primera potencia mundial y a China.

Aquel debate acabó con la relajación de las normas en marzo de 2023. Pero sigue abierta la discusión sobre cuánto y cómo tiene que encarar Europa desde sus presupuestos (y desde sus ahorros) la doble transición energética y digital junto con el desafío a la defensa y la seguridad, que ha llegado también con la guerra en el este del continente.

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