La negativa a aumentar las contratas públicas aleja a la patronal del acuerdo del salario mínimo

A priori, las posiciones están tan cerca que parece difícil que no haya acuerdo para un nuevo incremento del salario mínimo (SMI). Los empresarios plantean un 3%, CC OO en torno a un 5%, UGT se mantiene a la espera y el Ministerio de Trabajo explora un alza que ronde el 4%. Todo parece apuntar al 4% como punto de encuentro (casi en línea con la evolución de los precios) y que Yolanda Díaz logre un nuevo hito del diálogo social, una nueva foto en la que empresarios y sindicatos se den la mano. Esta posibilidad existe, pero está más lejos de lo que podría parecer viendo esos puntos de partida.

Esto es así porque la patronal quiere que el Gobierno se comprometa a que las contratas públicas crezcan para poder repercutir el incremento del salario mínimo. Sin embargo, Trabajo deja claro que esa no es su competencia y que no es objeto de debate de la actual negociación. En el ministerio siguen expresando “optimismo” ante la posibilidad de poner a todos de acuerdo, pero otras fuentes de la negociación ven “difícil” que la patronal participe. Este lunes por la mañana se celebra la segunda reunión.

La patronal dio el primer paso de la negociación el 22 de noviembre. El interlocutor más reacio a los incrementos se adelantaba planteando un alza del 3% en 2024 y otro 3% en 2025, en línea con el pacto salarial suscrito en mayo. Así, quedaría establecido en 1.112 euros brutos mensuales en 14 pagas el año que viene y 1.145 al siguiente, frente a los 1.080 actuales. Este movimiento cogió por sorpresa a muchos, sobre todo porque suponía una aceptación tácita del 47% de incremento que el SMI registra desde 2018, cuando la patronal solo ha participado en uno de los sucesivos acuerdos de subida (el alcanzado en enero de 2020).

Este planteamiento de CEOE y Cepyme iba acompañado de un pero importante, que en la primera reunión (celebrada el 30 de noviembre) la patronal dejó claro que era clave. “Esta propuesta tiene como condición sine qua non la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución”, decía el comunicado empresarial. Y en este punto de la negociación, de momento, no se aprecian las condiciones para el acuerdo.

En su nota de prensa los empresarios también insistían en reclamar un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, “con una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos ya vigentes”.

Fuentes de Trabajo reducen las posibilidades de acceder a estas peticiones de la patronal. En el ministerio indican que la mesa de diálogo se dedica a actualizar el salario mínimo, no a otros asuntos, así que consideran que ni la petición referente al campo ni la de las contratas públicas están en el centro del debate. Sobre este segundo asunto, desde el departamento de Díaz añaden que ni siquiera es competencia del Ministerio de Trabajo. Forma parte de las atribuciones de Hacienda. Respecto a las deducciones en la agricultura, las mismas fuentes opinan que no se ha demostrado una afectación negativa del salario mínimo en el campo.

Contratos públicos

Los empresarios no están solos en el debate sobre los contratos públicos. Los sindicatos vienen planteando que es una petición razonable, e incluso lo plasmaron junto a la patronal en el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Con todo, las centrales sindicales insisten en la importancia de vigilar que esos incrementos repercutan en mejoras para los trabajadores y no para los márgenes empresariales. El planteamiento de la patronal se aplicaría, por ejemplo, a contratos públicos en materia de limpieza. La empresa que consigue la licitación suele hacerlo con un precio ajustado y, a menudo, con una retribución de salario mínimo para los empleados. Un incremento del SMI desarbola el cálculo de la empresa y puede absorber buena parte de sus márgenes.

El contrargumento más sencillo es que la empresa debería prever esta circunstancia, pero a la vez es la Administración Pública la que suele optar por la opción más barata. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, suele cristalizar esta petición con esta metáfora: “Con el salario mínimo, el Estado nos dice: ‘Te invito a cenar, pero la cena la pagas tú”. Fuentes sindicales ven difícil que, con las posiciones actuales, la patronal participe en el acuerdo: “Si quiere hablar de SMI, podemos llegar a un acuerdo. Si quiere hablar de otras cosas, se antoja complicado”, razonan.

Las condiciones de la patronal son uno de los principales motivos por los que UGT no ha desvelado su propuesta de incremento. En el sindicato quieren saber si la oferta de subida de la patronal “es realmente sincera y con posibilidades claras de negociar” antes de fijar su posición. Es decir, su propuesta no es la misma si participa la patronal que si no lo hace. Si los empresarios no forman parte del pacto, UGT adoptaría una posición mas inflexible que moderaría si hay posibilidades de un acuerdo transversal. Asimismo, aunque comparten con la patronal la importancia de actualizar las contratas, no creen que deba ser condición para subir el SMI.

CC OO sí ha verbalizado una cifra de incremento: creen que debe ser en torno al 5%, guarismo con el que, indican en el sindicato, el SMI se colocaría el año que viene en el 60% del salario medio (en línea con lo que recomienda la Carta Social Europea y a lo que se comprometen PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno). En CC OO vienen expresando que no van a aceptar el 3% que plantean los empresarios y que tampoco se conformarían con un 3,8% en consonancia con la inflación. Esto es así porque los productos básicos han aumentado más de precio (en torno a un 10%), y son justo las personas con menos recursos las que más afectadas se ven por esas subidas. En el sindicato agregan que la actualización de las contratas no debería ser una línea roja en la negociación,

Senda de subida

Trabajo, CC OO y UGT han acordado las tres últimas subidas del SMI (de 950 euros brutos en 14 pagas a principios de 2020 a 965 en septiembre de 2021, de ahí a 1.000 en septiembre de 2022 y de esa cifra a 1.080 en enero). A ellos se sumó la patronal en el acuerdo de enero de 2020, que elevaba el SMI a 950 euros mensuales. Ese fue el primer incremento con Díaz como ministra de Trabajo, pero antes hubo otro acelerón, en diciembre de 2018. El entonces Gobierno en solitario del PSOE, que tomó las riendas tras la moción de censura a Mariano Rajoy, se comprometió con sus socios parlamentarios de Unidas Podemos a incrementar el SMI de 736 a 900 euros, pacto que cristalizó en el BOE en el inicio de 2019.

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