Yolanda Díaz recupera su plan para sentar a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha recuperado en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar varias regulaciones que no le dio tiempo a implantar en la anterior legislatura. Una de estas iniciativas que ha pasado más desapercibida, pero que es de gran trascendencia, y que el futuro Ejecutivo de coalición pretende aprobar dentro del marco de concertación del diálogo social, consiste en articular la participación de los sindicatos en los órganos de decisión de las empresas, como serían los consejos de administración. Es un asunto espinoso del que Díaz ya empezó hablar en su intervención durante la manifestación sindical del Primero de Mayo del año pasado y que la patronal no considera que deba regularse con una ley, según apuntan fuentes empresariales

Se trataría, según recoge el acuerdo de Gobierno entre los socialistas y la formación de Díaz, de implementar un mayor desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución española, de forma que “se impulse una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas”, según señala el citado pacto presentado hace una semana. En el Ministerio de Trabajo resaltan la “importancia” de haber incluido esta medida en dicho pacto y consideran “insólito” que “hasta ahora el desarrollo de este precepto constitucional se haya restringido prácticamente a la idea de los comités de empresa y a los delegados de personal”. Además, el equipo de Díaz ha impulsado el debate sobre esta nueva regulación durante la Presidencia española del Consejo de la UE y espera tener conclusiones en el próximo Consejo Europeo, antes de que termine este mes.

El artículo 129.2 mandata literalmente que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Es precisamente esta última frase la que lleva a Díaz a querer implantar una normativa similar a la que ya existe en otros países europeos, con especial éxito y relevancia en Alemania, donde directamente existe un modelo de “cogestión” —que va a cumplir pronto 50 años— en el que los sindicatos están históricamente presentes en los órganos empresariales de decisión y, en las compañías más grandes, tienen incluso derecho de veto a las decisiones de carácter laboral de las compañías.

No obstante, el desarrollo de esta nueva normativa está aún en un estado muy embrionario e incluso el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha, Antonio Baylos, precisa que “el compromiso que hay en el acuerdo de Gobierno para desarrollarlo es también muy abierto” por lo que está todo por diseñar. Si bien, insiste en que hay que hacerlo y se refiere a distintas normativas europeas que también requieren desarrollar dicha participación sindical en la empresa. Pero, ¿cómo llevarlo a cabo? El catedrático explica que tanto la esfera de las directivas comunitarias como los países europeos que ya han legislado al respecto apuntan a la existencia de dos posibilidades. Se trataría de dos fórmulas antes citadas a cuenta del caso alemán de cogestión: la primera consistiría en sentar a consejeros sindicales en el consejo de administración de la empresa; y, la segunda, en la creación de un comité u órgano de vigilancia que supervise las decisiones de la compañía, sobre todo en materia laboral.

Baylos cree que podría haber una parte del mundo sindical que optaría por la segunda opción, que les otorgaría más capacidad de veto en cuestiones de empleo y relaciones laborales. Si bien, en ese caso, además de que podría ser más complicada la concertación con la patronal, habría que crear mecanismos de arbitraje o solución de conflictos con la empresa para desarrollar alternativas a las medidas que sean vetadas por el organismo de supervisión. Uno de los máximos exponentes de este tipo de órganos es el Comité de Vigilancia de Volkswagen, al que pertenece por primera vez el español Matías Carnero, secretario general de UGT en Seat.

Sin embargo, la secretaria de Acción Sindical de CC OO y negociadora de esta central en el diálogo social, Mari Cruz Vicente, cree que “la pertenencia (de representantes de los trabajadores) al Consejo de Administración es una de las soluciones por las que hay que apostar”. En su opinión, este cambio es necesario porque “es la única manera de que la empresa pueda escuchar a los trabajadores ante decisiones estratégicas y viceversa, porque muchas veces la plantilla no tiene información de decisiones que les afectan negativamente hasta que ya no tienen remedio”, se queja esta responsable sindical.

Cómo hacerlo: con acuerdo, por fases y de forma urgente

En cualquier caso, los expertos consultados coinciden en que sea cual sea la opción elegida para el desarrollo de esta regulación en España, requeriría un profundo cambio cultural por parte del empresariado, pero también ciertos cambios del lado de los representantes de los trabajadores. Así lo asegura el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, para quien “es imprescindible regularlo mediante concertación social porque debe modificarse el concepto de participación de los trabajadores”.

“Un consejero elegido por los empleados y los sindicatos tiene que tener una lógica participativa para el medio y largo plazo en las decisiones estratégicas de la compañía en todas las materias, sobre todo en las adaptaciones y cambios tecnológicos o ecológicos, y eso es diferente a la lógica de un comité de empresa, que piensa más a corto plazo y solo respecto a cuestiones laborales”, señala Cruz Villalón. Por ello, el catedrático hace hincapié en que las personas que se elijan del lado sindical para formar parte de un consejo de administración no pueden ser en ningún caso las mismas que pertenecen al comité de empresa de la compañía.

En cuanto a cómo debería implantarse esta normativa, Cruz Villalón apunta a la necesidad de que se realice probablemente en fases. Así, sugiere que podría empezarse, por ejemplo, por las empresas públicas —donde Francia cuenta con una larga tradición de participación sindical en los órganos de dirección— y seguir con las grandes compañías de más de 500 trabajadores de los principales sectores productivos, como la banca, las telecos, las energéticas y la automoción. “Una idea sería empezar con las grandes del IBEX”, apunta Baylos por su parte. Igualmente, Mari Cruz Vicente (CC OO) cree que sea cual sea el desarrollo regulatorio, tiene que implantarse de forma progresiva, “porque partimos de cero; ni siquiera ha estado nunca encima de una mesa de negociación”.

Pero independientemente de cómo se despliegue esta futura norma, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que será con toda probabilidad uno de los negociadores de esta próxima regulación, tiene muy claro que articular legalmente la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas “es una ley que no puede esperar más, porque es un mandato constitucional que lleva esperando a ser desarrollado nada menos que 45 años”. Respecto a cómo hacerlo, Luján cree que aunque la referencia a desarrollar el artículo 129.2 de la Constitucional pueda parecer “tímido”, en su opinión es “urgente” que se articule el acceso de los trabajadores a la gobernanza de todo tipo de empresas.

Además, el número dos de UGT aprovecha para incidir sobre otro punto del acuerdo de Gobierno, que Díaz también citó junto al desarrollo del artículo 129.2 y es la aprobación de una Ley de Participación Institucional, de los agentes sociales y que, en su opinión, debería incluir una modernización de la negociación colectiva que, “como otros ámbitos del Estado social y democrático debería tener una dotación presupuestaria”.

Manifiesto de 80 expertos laborales

Los expertos consultados coinciden en que, aunque esta reforma empresarial aún no se haya abordado en España, no es un planteamiento nuevo ni mucho menos. “Hay mucho escrito sobre esto; no vamos a ser pioneros, ni tenemos que inventar nada”, asegura la responsable de CC OO Mari Cruz Vicente. Es más, la relevancia de un cambio legal en esta materia es tal que incluso un grupo de cerca de 80 expertos profesionales del mundo laboral, entre los que hay catedráticos de universidad, sindicalistas, economistas o abogados y periodistas, bajo el paraguas de “La plataforma por la democracia económica” han firmado un manifiesto titulado Por la modernización de las empresas españolas y por la participación de los trabajadores en su gobierno. El momento es ahora.

La principal reivindicación del texto es que “el nuevo Gobierno progresista” lleve a cabo “una reforma empresarial que atienda al artículo 129 de la Constitución, que defiende como principio la participación de los trabajadores en las empresas”. Recuerdan que España es uno de los escasos países de la UE que no tiene regulada esa participación y se quejan de que “esa carencia ha sido, sin duda, un factor que ha impulsado un modelo productivo volcado en modos de explotación simples basados en la precariedad laboral y demasiado perezoso en pautas innovadoras”.

“No se trata de imitar modelos de participación vigentes desde hace décadas en los países del centro y norte europeos, por muy exitosos que sean, como lo es la cogestión alemana. Se trata de definir el modelo que más se adapte a nuestra estructura productiva y que facilite, al máximo, la activación del talento colectivo existente en la sociedad”, precisan los firmantes. Y abogan asimismo por hacer esta reforma mediante la concertación social. “Hacer efectivos los derechos de participación sobre información, en línea con las directivas europeas de sostenibilidad, consulta y control incluidos en el Estatuto de los Trabajadores y ya previstos para los diferentes niveles, es un requisito que debe culminar con la participación en los órganos de Gobierno de la empresa para garantizar la codecisión en aquellas decisiones estratégicas que dibujan el futuro de las empresas”, concluyen.

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