Huawei España planta cara al Gobierno por el veto a sus redes 5G

Huawei ha decidido plantarle cara al Gobierno por lo que considera un veto velado que está sufriendo a sus redes y equipos de telefonía móvil 5G. El fabricante chino ha recurrido las bases del concurso convocado por el Ministerio de Economía para otorgar más de 500 millones de euros en ayudas para el despliegue de esta nueva tecnología 5G en zonas rurales de menos de 10.000 habitantes con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación.

La filial española del gigante chino, Huawei Technologies España, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden 685/2023 del Ministerio de Asuntos Económicos “por considerar que la misma contiene una provisión contraria a Derecho y desproporcionada”, en referencia a un artículo incluido en las bases para la concesión de esas ayudas que perjudica a los operadores que hagan uso de equipos de Huawei en su despliegue de redes 5G en zonas rurales, informaron a EL PAÍS fuentes de la compañía.

La cláusula impugnada es el artículo 10.9 de las bases del concurso, publicadas en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de junio, en la que se especifica que “los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España”. Y, como quiera que España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, aún no ha confeccionado esa lista de proveedores prohibidos, el artículo añade una “condición especial de ejecución” por la que “si una vez ejecutado el proyecto, el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación, realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado”. Y, además, impone que esa sustitución se realice en un plazo máximo de dos años.

En la práctica, la disposición supone un serio condicionante para Vodafone y Orange, que operan con equipos de Huawei y ZTE, los dos fabricantes chinos acusados por Estados Unidos y la UE de trabajar para el Gobierno chino en labores de ciberespionaje a través de sus redes 5G. De ganar el concurso, ambas operadoras estarían afectadas por una gran incertidumbre, ya que en el caso de que, como es previsible, el Gobierno español, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, publique esa lista de proveedores de alto riesgo e incluya a Huawei, tanto Vodafone como Orange deberían devolver prácticamente todas las ayudas, ya que las subvenciones abarcan a la totalidad de los equipos (unidad de banda base, unidad de radio, antenas y elementos complementarios)

Huawei España, que hasta ahora se había mantenido en un segundo plano en el contencioso remitiéndose a la posición del grupo con sede en la ciudad china de Shenzhen, considera que el concurso del 5G rural es una declaración de guerra contra su presencia en el país y se ha decidido a dar el paso con el recurso que supone, además, un duro alegato contra el Ministerio que dirige Nadia Calviño: “El artículo en cuestión interfiere con la libertad de los operadores para elegir el mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad. En su lugar, busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios. Este planteamiento reducirá la competencia, lo que provocará una distorsión del sector de las telecomunicaciones en España, obstaculizará la innovación y planteará grandes riesgos económicos y sociales”, ha señalado la filial española.

El origen de la controversia es el terreno de nadie en el que se ha situado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el veto a los equipos de Huawei. La Comisión Europea anunció el pasado mes de junio que tanto Huawei como ZTE constituían un “riesgo” para la seguridad de la Unión Europea lo suficientemente grave como para “justificar absolutamente” su exclusión del despliegue de la red 5G. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, instó a los Estados que aún no lo han hecho, como España, a implementar la “caja de herramientas” para mitigar riesgos que se acordó hace tres años.

Desventaja para Vodafone y Orange

El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2022 un real decreto para fijar las normas para garantizar la seguridad de las redes de 5G en los que se citaba la posibilidad expresamente de vetar a proveedores sometidos. Pero el Ministerio de Asuntos Económicos no ha elaborado por el momento el listado de empresas prohibidas.

El concurso del 5G rural financiado por los fondos Next Generation va a suponer una prueba de fuego a esa tibieza mostrada por el Gobierno al boicot contra los fabricantes chinos bajo sospecha. Porque no solo Huawei, sino también Vodafone España, que ha confirmado que ha presentado otro recurso contra las bases de la licitación. La operadora que dirige Mário Vaz se siente discriminada, puesto que el 70% de su red actual de Vodafone es de equipos de la marca Huawei y el 30% restante de la sueca Ericsson. En situación parecida está Orange, que opera en un 50% con Huawei, un 8% de ZTE y el resto de Ericsson, y que previsiblemente recurrirá también el concurso, aunque oficialmente la operadora francesa prefiere no pronunciarse “hasta que no se publique definitivamente la convocatoria”, según indicó una portavoz.

Ambas operadoras entienden que la cláusula anti Huawei beneficia exclusivamente a Telefónica, la tercera compañía en discordia, ya que el grupo que preside José María Álvarez-Pallete dispone de una red 5G al 50% de la finlandesa Nokia y de Ericsson, por lo que no alberga ningún riesgo en la concesión de las ayudas.

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