CC OO pide readmitir al vigilante despedido tras la muerte de tres geólogos en la mina de Súria

La investigación judicial sobre el accidente del pasado 9 de marzo en la mina de Súria en el que murieron tres geólogos sigue su curso, pero en paralelo el sindicato CC OO ha hecho un informe para analizar las causas del siniestro y proponer mejoras. El documento, elaborado a partir del testimonio de trabajadores de la mina y de la investigación realizada por EL PAÍS, aprecia deficiencias graves y estructurales en la organización del trabajo en la mina. También constata que Iberpotash, la empresa que gestiona la mina y que forma parte del grupo israelí ICL, prioriza los objetivos de producción por encima de la seguridad de los trabajadores. El sindicato acusa a la compañía de ocultar información sobre la investigación, y de convertir al vigilante de explotación que trabajó en el turno anterior al accidente en una cabeza de turco. El vigilante fue despedido a las pocas semanas del siniestro, y CC OO reclama a la empresa que lo readmita.

Tras el accidente mortal en la mina de Súria, la compañía realizó un informe interno que remitió al juzgado, pero del que solo hizo públicas las conclusiones: aseguró que el siniestro había sido “imprevisible”, y aunque admitía fallos de comunicación, los desvinculó del suceso. Solo el sindicato CC OO, minoritario en el comité de empresa de ICL, anunció que elaboraría un informe propio para esclarecer las causas. En este tiempo, ha tratado sin éxito que la empresa le remitiese una copia de su investigación, y tampoco ha conseguido que la Dirección General de Minas, dependiente de la Generalitat, le enviase una copia del suyo, que también está en manos del juez de Manresa que investiga el caso. “La ley de prevención de riesgos laborales establece que la representación legal de las personas trabajadoras tiene derecho a recibir la información que pidan, pero no nos han remitido ninguna investigación”, ha explicado el secretario general de Industria del sindicato, José Antonio Hernández.

En el caso del informe de ICL, en el que de hecho participaron cinco trabajadores designados por los sindicatos del comité —pero no asesores técnicos sindicales externos—, la empresa exigió a los participantes que firmasen un documento de confidencialidad y no les compartió el informe final. Por su parte, la Dirección General de Minas se negó a entregar su investigación alegando que consta en una causa judicial abierta. “No es posible evitar nuevos accidentes si no se actúa de forma rigurosa y transparente. ICL nos negó una copia del informe, y en cambio sí que hizo una construcción mediática de su relato cuando dijo que era imprevisible, para construirse una coartada”, ha apuntado Hernández.

Déficits graves de organización

El informe del sindicato concluye que en la forma de trabajar de la mina hay déficits graves de organización. “No se garantiza la comunicación, no hay traspaso de información entre los turnos de trabajo, y el vigilante de explotación tiene una sobrecarga de tareas: el día del accidente, estaba a cargo de tres frentes de trabajo enormes”, ha explicado Hernández. Ese día, los tres geólogos bajaron a la mina a inspeccionar los trabajos que había hecho el turno de noche anterior, sin saber que este equipo había avisado de que en esa zona se había desprendido ya una roca —apuntaron ”¡¡¡Ojo techo!!!” en el parte, pero el mensaje no llegó a los geólogos, porque su turno había empezado poco antes—. Hacia las 7.35, una losa de 1,9 toneladas cayó encima de los geólogos y el impacto les causó la muerte. Tanto la investigación de los Mossos d’Esquadra como la de ICL y la de Minas apuntan al vigilante de explotación, que al recibir el aviso del primer desprendimiento no bajó a asegurar la zona y no comunicó la incidencia más allá de dejar el parte en una pizarra. “Hay una falta de recursos humanos y materiales para garantizar las condiciones de seguridad. Es indecente que ICL despidiese al vigilante: significa convertirlo en una cabeza de turco, culpabilizar al colectivo de vigilantes y no abordar los problemas estructurales”. La empresa explicó que le había abierto un expediente sancionador y lo tenía apartado, pero el secretario de Acción Sindical de Industria de CC OO, Josep Rueda, recuerda que no existe una suspensión sine die, y explica que el trabajador fue despedido a las pocas semanas y que está litigando por su despido.

Antes del accidente, el turno de noche había excavado una galería planificada y, como le sobraba tiempo, obtuvo una autorización verbal para excavar una zona no planificada, lo que en argot minero se conoce como “bocado” o “pinchazo”. Esta zona terminó siendo más grande de lo autorizado y dejó un pilar más delgado de lo que debería, y al acabar fue cuando cayó la primera roca. “Lo que no se planifica no contempla la seguridad, solo contempla lograr objetivos de producción. Tras el cierre de la mina de Sallent, hay en la mina de Súria una presión permanente para lograr extraer un millón de toneladas de potasa al año, algo que no se ha conseguido nunca. Pero a la vez no se han hecho todas las inversiones prometidas”, ha explicado Hernández, que afirma que el hambre de la productividad “crea cuellos de botella en figuras como la del vigilante, y ha provocado un aumento de los relevos y los frentes de explotación”.

El sindicato explica que, tras el accidente, la empresa ha impulsado cambios y mejoras. Uno de ellos es que los geólogos, antes de ir a analizar las zonas, tienen que pasar por un punto en el que se les informa de posibles incidencias, para asegurar que no bajan sin tener toda la información. Esta nueva manera de proceder se está implementando, pero no está escrita en ningún documento, según CC OO. La empresa también decidió dejar de excavar zonas no planificadas, y según el sindicato ahora se limita a realizar “pinchazos en forma de espiga mientras la máquina se retira”, es decir, excavar pequeños huecos en la galería abierta a medida que se abandona. “Es significativo que fruto del accidente, aunque han dicho que era imprevisible, han tomado medidas”, ha resaltado Hernández.

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