Súria: la maldita bendición de una mina de potasa

Con un ramillete de margaritas silvestres en la mano, Josep Olivas se detiene a hablar a pocos metros de su casa. Luce un raído gorro de pescador y unas gafas que parecen de protección y le cubren casi medio rostro. Tiene 88 años y es uno de los pocos vecinos que sobreviven en el fantasmal barri vell de Súria, cuyas fachadas de piedra añeja se han reformado con dinero público para acoger cada año una feria de artesanía medieval. Pero este pueblo de la Cataluña interior, que no alcanza las 6.000 almas, no vive del turismo. Su fuente de riqueza está a espaldas de Olivas, ahí donde asoma el titán Cabanasses, la mina de potasa. “Es como si tuviésemos oro”, dice sonriente. Súria tiene profundas raíces mineras, primero con las extracciones de yeso en la Edad Media y más tarde con las de sal y potasa. No es difícil encontrar mineros o veteranos, como Olivas, que trabajó allí tres décadas. Recuerda el calor permanente, y cómo salir a toda velocidad de las profundidades de la tierra en el skip [una especie de ascensor] “era como viajar a la Luna”. Todos tienen una historia sobre la mina, una industria de la que el pueblo se siente orgulloso, pese a que periódicamente engulle a algunos de sus hijos: el último accidente, hace dos meses, se cobró la vida de tres geólogos.

Olivas, que no desaprovecha la ocasión para recordar a los ilustres locales —por encima de todos, la eurovisiva Beth—, no había nacido cuando se descubrió que se puede extraer potasa de los yacimientos de sal que hay en grandes cantidades en esa zona. El hallazgo de este fertilizante natural, esencial para la agricultura, fue una bendición que llevó prosperidad: casi la mitad de los cerca de 1.000 trabajadores de las instalaciones (767 en la plantilla de ICL, el resto de subcontratas) son aún hoy vecinos de Súria. Resultó ser, también, una maldición. Cada cierto tiempo, mueren trabajadores en accidentes que, en más de una ocasión y según han probado los tribunales, han sido consecuencia de insuficientes medidas de seguridad por parte de ICL Iberia (antes Iberpotash), la empresa de matriz israelí que explota la mina.

La tragedia visitó de nuevo Cabanasses el 9 de marzo. En uno de los siniestros más graves de su larga historia, tres jóvenes geólogos (Óscar Molina, de 28 años; Victoriano Pineda, de 29; Daniel Álvarez, de 31) se sumaron a la lista de mártires involuntarios cuando el desprendimiento de un liso (una losa en el techo) de 1,9 toneladas les aplastó. Ocurrió a las 7.35 horas en el minador número 30, a 855 metros de profundidad. Un juez de Manresa investiga las causas del accidente y posibles responsabilidades. Según los datos de la Subdirección General de Minas de la Generalitat, entre la mina de Cabanasses, en Súria, y la de Vilafruns, en el municipio vecino de Sallent (clausurada en 2020 tras dos accidentes mortales y después de que la empresa, acechada por sentencias sobre su impacto en el medio ambiente, decidiese concentrar toda su producción Súria), ambas gestionadas por ICL, han ocurrido 55 accidentes graves y 23 accidentes mortales desde 1987, la última vez que hubo tres fallecidos en un solo siniestro. En la última década fueron seis accidentes mortales con nueve fallecidos.

La empresa ha sido la primera en entregar su informe al juzgado sobre la muerte de los tres geólogos. ICL admite que el turno de noche detectó dos deficiencias en la galería: un pilar situado a ocho metros del lugar del accidente era más delgado de lo que debía ser; y un trozo del techo, a seis metros del siniestro, “no estaba en condiciones” y, según fuentes consultadas por este diario, mostraba signos de desprendimiento. Esa información no llegó a los geólogos que llegaron a la galería a primera hora de la mañana. Pero la empresa dice que ni esos “hallazgos” ni el “fallo de comunicación” son la causa del accidente, que la investigación califica de “imprevisible”.

“No hay accidentes imprevisibles”

Ese adjetivo, el de “imprevisible”, ha irritado a extrabajadores de ICL que en su día estuvieron implicados en las medidas de seguridad de la mina. EL PAÍS ha hablado con dos de ellos. Aunque están jubilados, quieren preservar el anonimato porque aún tienen a familiares trabajando para la empresa. “Nadie firma un contrato asumiendo que puede morir. No hay accidentes inevitables o absolutamente imprevisibles”, sostiene A., crítico con el informe. Afirma que la obsesión de la empresa por la productividad (la empresa invirtió 500 millones de euros en construir una enorme rampa en la mina para poder extraer más material) junto a los incentivos (parte del sueldo es variable) hacen que “la seguridad, a veces, quede en un segundo plano”. “Los percances que he tenido han sido por ir confiando. Si los jóvenes pueden ganar más dinero con un metro más durante su relevo, ¿pararán por seguridad o seguirán?”, se pregunta. “Es aberrante que digan que fue imprevisible”, añade B., que también critica la actual “presión por la productividad” y sospecha, por su experiencia, que con lo que ya hay sobre la mesa (el fallo de comunicación, las deficiencias previas) el accidente de marzo “conllevará responsabilidades importantes”.

Eso es lo que debe determinar ahora la instrucción judicial, impulsada por las familias de los fallecidos, que se sienten desatendidos mientras buscan la verdad. Denuncian que, desde el 9 de marzo, nadie de ICL se ha puesto en contacto con ellos. “Nos sentimos maltratados”. No será fácil, aunque hay precedentes. Un vistazo a los siniestros de la última década arroja algo de luz. Cuatro de los seis accidentes mortales de la última década (tres en Súria y tres en Sallent), incluido el del pasado marzo, han tenido la misma causa: el desprendimiento del liso. El más parecido es el del 6 de diciembre de 2013, en Cabanasses, cuando los operarios de Iberpotash Isaac Closa (37 años) y Joan Ramon Mitjans (49) fueron sepultados también por la caída de un liso cuando estaban en el minador 14.

La sentencia, dictada de conformidad en 2019, condenó a dos responsables de la mina (el director facultativo y el jefe de explotación) por homicidio imprudente a ocho meses de cárcel, pena que fue sustituida por una multa, por “no contemplar el riesgo de caída de lisos”. Previamente al juicio, Iberpotash pagó una importante indemnización a las familias de los fallecidos. La resolución concluyó que hubo deficiencias en materia de seguridad: la distancia entre los pilares que debían soportar el techo era “excesiva y superior a la del resto de galerías, con lo que la sujeción era “manifiestamente insuficiente”. El liso de 22 toneladas que cayó sobre los operarios estaba “sujeto solo con dos bulones” (barras de hierro que se insertan en la roca para sostenerla), un número también insuficiente para “resistir la presión”. La empresa explica que, desde entonces, se han multiplicado por 10 los bulones que se instalan (unos 250.000 al año) y en ello se invierten nueve millones de euros anuales.

El siniestro de los tres geólogos lleva a preguntas parecidas a las de hace una década. La empresa no aclara qué distancia había, en este caso, entre los pilares de la galería (aunque admite que uno de los pilares era demasiado delgado), pero sí ha explicado a este diario que, en la zona donde fueron sepultados Óscar, Victoriano y Daniel “no había bulones” porque acababa de ser excavada y había que analizar dónde colocarlos. Afirma, de hecho, que los geólogos formaban parte del equipo de mecánica de rocas (en el que trabajan 12 personas) que iba a determinarlo aquel día, ya que una de sus funciones es analizar la seguridad de las galerías. Tanto los extrabajadores consultados por este diario como las familias replican que esa no era la tarea de los geólogos, que se dedican a analizar dónde está la veta de mineral y por dónde se puede seguir excavando. “Quienes valoran cómo se bulona son el operario, el encargado y el jefe de turno. Si el parte de la noche dice que había problemas, antes que mandar a nadie a trabajar hay que asegurarlo”, enfatiza A. La familia de Victoriano, por ejemplo, recuerda que ni siquiera cobraba plus de peligrosidad.

Nereida Crespo y Mónica Fanlo son las abogadas que consiguieron aquella sentencia y que defienden a dos de las tres familias de los geólogos. “Lo sencillo es archivar y nunca es fácil ganar estos casos, pero hay que pelear”, cuentan. Tampoco ayuda el velo de silencio que recorre todos los estamentos de Súria en lo que toca a la mina, ni la percepción generalizada de que estos accidentes son o inevitables o una consecuencia posible de una actividad peligrosa, la cara b de la fuente del bienestar y el empleo. Esta percepción se percibe no solo en las conclusiones de la empresa, sino también en la reacción al siniestro de la administración y los sindicatos. Al visitar la zona tras el accidente, el consejero de Empresa, Roger Torrent, dijo que la compañía ICL pasaba controles periódicos y que todo estaba en orden. Las secciones sindicales en la empresa lamentaron las muertes, pero los representantes de los trabajadores han guardado silencio desde entonces, y han tenido que ser las federaciones y las sedes centrales las que han pedido más explicaciones y responsabilidades.

Un pueblo que vive de la mina

“La muerte de estos chicos ha sido una conmoción para el pueblo. Y ni la empresa ni los trabajadores pueden normalizar los accidentes. Pero es cierto que aquí todo esto se percibe de otra forma. Súria es un pueblo minero y siente la mina como algo suyo. Casi todo el mundo tiene un familiar, un amigo o un conocido que trabaja allí”, explica el alcalde Albert Coberó. En su caso, un tío. Desde que llegó al poder en 2019 (opta a la reelección con el PSC) ha bajado dos veces a las galerías y mantiene un contacto fluido con los responsables de ICL. “Sorprende porque no es nada claustrofóbico, son cientos de kilómetros de túneles bajo tierra grandes como los de una autopista”. Coberó admite que, “para bien o para mal”, la economía de Súria depende de la mina, y recuerda que desde que cerró la mina de sal de Cardona, su población ha caído en picado. Los ingresos que el Ayuntamiento recibe de ICL a través de impuestos representan el 6,14% del total, según los datos del consistorio, pero además la multinacional se ha hecho cargo del autobús urbano municipal, que era deficitario, patrocina eventos culturales y ha cedido unos terrenos para que el consistorio instale placas solares y se ahorre la factura de la luz. Por Santa Bárbara, patrona de los mineros, se organiza una gran fiesta con botifarrada, hinchables y sorteos de viajes.

“Aquí la gran ilusión de los jóvenes es entrar a trabajar en la mina, con eso tienen la vida solucionada”, cuenta el hombre que regenta el bar Quintana, en la carretera principal del pueblo, junto al río Cardener. Un minero, según los puestos en los que haya trabajado, puede llegar a reducir su edad de jubilación hasta los 52 años, y los sueldos que paga ICL son generosos, en especial los de quienes trabajan “en el frente”, en las galerías: oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales. Los trabajadores disponen de un poder adquisitivo “superior a la media del territorio”, lo que repercute en el nivel de gasto “en el tejido comercial”, explica el alcalde. La empresa es uno de los principales motores para la comarca, y también es estratégica para el Puerto de Barcelona, donde ICL tiene una terminal propia a la que el mineral llega directamente en tren. En 2022, este tren transportó 539.860 toneladas de potasa, el 42% más que el año anterior.

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