El retraso del Gobierno en la solicitud de los créditos europeos encarece la financiación

En 2020 se constituyeron los fondos Next Generation para combatir las consecuencias de la pandemia. En un gran acto de solidaridad por el coronavirus, los países más perjudicados podrían recibir recursos europeos a cambio de elaborar un Plan de Recuperación con compromisos de reformas e inversiones. Y España fue, tras Italia, el segundo país que más obtuvo. Son unos 80.000 millones en ayudas que no tiene que devolver, y otros 80.000 millones en créditos que los Estados pueden retornar a 30 años con una carencia de 10. Con estos últimos se busca que los países que no tienen triple A como España puedan conseguir financiación como si lo fueran.

Sin embargo, el Gobierno entonces renunció en un primer momento a solicitar los préstamos. Su idea fue concentrar todos los esfuerzos en gestionar los miles de millones en ayudas a fondo perdido. Ya de por sí era una tarea ingente que suponía más que duplicar los esfuerzos inversores de un presupuesto ordinario. En esos momentos, las compras de deuda del BCE por la pandemia habían hecho que España incluso se financiase en negativo en numerosos tramos. Hasta el bono a diez años llegó a registrar tipos negativos. Era el mundo al revés y los inversores pagaban por tener dónde guardar el dinero.

Esa nueva realidad hizo que el Gobierno se confiase. Se pensó que había que darse mucha prisa para gastar los fondos no reembolsables en los tres años que quedaban de legislatura, entre 2021 y 2023. Había que volcar toda la capacidad administrativa en ejecutar lo que no se tenía que devolver y reactivar con fuerza la economía. Los préstamos se podrían solicitar más adelante con el fin de dar continuidad a las inversiones en los ejercicios posteriores. Además, engordaban la deuda cuando aún no se sabía si volvería la austeridad o si podría haber un susto en los mercados.

Pero en esas circunstancias llegó la recuperación de la pandemia, los cuellos de botella y, sobre todo, la guerra de Ucrania. La inflación volvió a rampar como no hacía en décadas y los intereses subieron a gran velocidad. En cuestión de nueve meses, el BCE elevó los tipos oficiales en casi cuatro puntos. Y la financiación en condiciones tan favorables desapareció, cogiendo a contrapié al Ejecutivo español.

Créditos cada seis meses

El grueso de países que no tenían triple A habían decidido antes tomar esos créditos y asegurarse las buenas condiciones. El sistema funciona con ventanas de financiación cada seis meses. A cambio de un paquete de compromisos culminados, la Comisión entrega dos veces al año una parte de la financiación como está pactado en el calendario. Los Estados que lo pidieron antes que España, como Italia, Grecia o Portugal, han logrado unas condiciones mejores en los préstamos que ya han ingresado. Esos están ya anclados a tipos mucho más bajos durante 30 años.

El crédito que dio la Comisión a estos países fue al 0,7% en el segundo semestre de 2021; al 1,24% en la primera mitad del año pasado, y al 2,6% en los seis últimos meses de 2022. España ha desaprovechado esa oportunidad al solicitarlo más tarde.

Cabe pensar, dado el tipo medio de las últimas emisiones, que el coste medio de financiarse con la Comisión en estos momentos será del 3,35% tomando la deuda a 15 años. En cambio, España lo hace al 3,7%. Esa es la diferencia que se ahorrará. La idea es que en su mayor parte esta ventaja financiera se traslade a Administraciones y empresas. Si bien existe la posibilidad de que se cobre por la gestión y de que haya financiación a coste de mercado. Una parte de los créditos pueden usarse como participaciones financieras en empresas en las que habrá un riesgo. Si hay impagos por los créditos, estos elevarán el déficit público y se consolidarán en la deuda del Reino de España. Mientras no se devuelvan, los préstamos de la UE formarán parte del endeudamiento público español de todos modos.

Si España hubiera cogido la deuda al 0,7% en lugar de al 3,35%, serían algo más de 26 millones al año que se hubiese ahorrado por cada 1.000 millones tomados y por cada año que esté vivo ese préstamo. A 30 años serían más de 780 millones de euros.

El Gobierno argumenta con razón que otros países que han pedido la financiación antes están teniendo problemas con la ejecución del plan. Digerir tanto en tan poco tiempo es difícil. Los planes de Italia se han visto salpicados porque muchos ayuntamientos tenían proyectos poco idóneos: estadios de fútbol, un hipódromo, una perrera con energía solar, unas pistas de esquí, un campo de golf… Su último desembolso, de 19.000 millones, ha quedado bloqueado. “España ha tenido una política más prudente”, explican fuentes gubernamentales.

Por otra parte, un informe del centro de estudios Bruegel apunta que la deuda emitida por la Comisión se está comportando peor que la de países triple A como Alemania. Los motivos son que se ha aumentado mucho el endeudamiento en poco tiempo, no se cuenta con mecanismos propios para obtener ingresos con los que reintegrarla y, sobre todo, que la deuda europea no se considera un instrumento común de inversión porque no tiene todavía la presencia suficiente en los mercados a largo plazo. Los inversores deciden invertir menos al no tener certidumbre sobre la liquidez de estos productos: no saben si pueden venderlos luego con la misma facilidad que un bono alemán, lo que provoca que se encarezca la financiación del Ejecutivo comunitario. En consecuencia, esta financiación de la Comisión está siendo, por estas razones, algo menos ventajosa que la de un triple A.

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