El Gobierno mantiene el peso del gasto en vivienda sobre PIB en el plan remitido a Bruselas pese al anuncio de 183.000 pisos sociales

Las promesas del Gobierno de promover hasta 183.000 viviendas no han tenido reflejo en las cuentas enviadas a Bruselas este viernes. El Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea el llamado Programa de Estabilidad, su hoja de ruta en la que traza cuál será la evolución de los presupuestos del conjunto de las administraciones a cuatro años, esta vez entre 2023 y 2026. Sin embargo, estas proyecciones no parecen dar cabida a las medidas anunciadas para fomentar la construcción de un parque público semejante al que tienen otros países europeos. El gasto sobre PIB en políticas de vivienda y servicios comunitarios, incluyendo los esfuerzos de todas las administraciones, permanece inalterado en el 0,5% del PIB que ya había registrado en 2021 y en 2022; esto es, unos 6.000 millones de euros. De ellos, la mayor parte son ahora de las comunidades autónomas. El peso sobre el PIB de estas políticas seguirá igual durante los próximos cuatro años.

La cifra irá por tanto aumentando al mismo ritmo que crezca el PIB en euros. Un 21% hasta 2026, dicen fuentes de Hacienda, si bien ese aumento se produce en cuatro años y con una inflación del 10%. Aun así, no figura ningún incremento específico por encima del crecimiento económico para financiar la puesta en marcha de tantos pisos sociales que, en todo caso, contarán con la iniciativa privada. “Se trata de la mayor política de vivienda que se ha hecho en los últimos cuarenta años”, dijo este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en A Coruña. El Ejecutivo calcula que el parque público español se encuentra en el 2,5% del total de viviendas frente al 9% de la media europea. Fuentes del Gobierno alegan que en estas estimaciones de gasto no están plasmados ni los fondos europeos ni los recursos financiados a través del ICO con los que se pretende costear estas iniciativas por ir fuera de los presupuestos ordinarios. Señalan que una parte de los proyectos pueden hacerse con financiación y que esos cálculos enviados a Bruselas son meras proyecciones tendenciales.

Los anuncios del Gobierno son una maraña difícil de descifrar de iniciativas que ya estaban en marcha y nuevas propuestas. La mayoría no requieren tanto gasto. En gran medida estos planes contemplan que el parque se haga con colaboración público-privada. Es decir: poniendo terrenos a disposición de las empresas para que construyan pisos destinados a alquiler social. Y esto es lo que se quiere hacer principalmente con los suelos de Defensa que se destinarán a levantar 20.000 viviendas sociales: que los desarrolle un promotor privado. No obstante, la empresa estatal del suelo Sepes tiene que recibir el presupuesto de Hacienda para comprarlos y dejarlos listos para la promoción. En 2022 ya se usaron unos 260 millones para continuar con la edificación de unos proyectos que alcanzan los 16.000 pisos. Y ahora se pretende añadir las 20.000 viviendas mencionadas.

Otra parte, unas 43.000 casas, se financiarán con 4.000 millones de euros en créditos europeos a través del ICO. Otras 20.000 se nutrirán de fondos europeos no reembolsables y recogidos en el Plan de Recuperación: en el actual presupuesto para vivienda del Ministerio de Transportes hay un gasto total de unos 3.500 millones de euros, de los que unos 2.500 se corresponden con fondos europeos. De estos, la mayoría se dedican a rehabilitación. Pero se contabilizan unos 1.000 millones a dos años que se destinan a construcción. Con esta cantidad se sufragarán las 20.000 viviendas del Plan de Recuperación.

Otro paquete busca que comunidades y ayuntamientos compren los pisos y suelos a la Sareb. El banco malo pondrá en comercialización unas 21.000 viviendas. Estas compras para poder desarrollar el parque sí que deberían tener en principio un reflejo presupuestario.

Sin mención en el plan de estabilidad

El plan estatal de vivienda 2022-2025 comprende para esos cuatro años unos 1.400 millones para ocho programas distintos, entre los que figuran por ejemplo ayudas para el alquiler o para evitar desahucios. Solo uno de esos ocho programas es para la compra de viviendas sociales e incluye también rehabilitación. Además se contabilizan unas 14.000 que ya tiene la Sareb bajo la fórmula de alquiler social y 15.000 más que promoverá en suelos propios buscando la colaboración público-privada.

En todo caso, en el plan enviado a Bruselas, que cuenta con 125 páginas, hay únicamente seis referencias al término vivienda. Una de ellas es sobre fiscalidad; otra sobre conexión a internet; se destacan las medidas diseñadas para aliviar el pago de las hipotecas; se recuerda la prórroga hasta final de este año del límite al 2% en la actualización de los alquileres, y se menciona la vivienda en relación con el cumplimiento de las políticas de transición energética. Solo hay una vez en la que aparece el gasto en vivienda, que es en el apartado dónde se dice cuál será la proyección de desembolsos sobre PIB. Simplemente aparece la rúbrica con el gasto congelado en el 0,5% del PIB desde 2021 hasta 2026. Pero no hay ninguna mención a estos planes para fomentar la vivienda asequible y pública. La ausencia en uno de los principales documentos que definen la política económica del Gobierno contrasta con los sucesivos anuncios divulgados en los últimos días.

Aumento en defensa

La única partida que el Gobierno aumenta en el programa remitido a Bruselas es la de defensa, que en 2022 se encuentra en el 1,1% del PIB, unos 13.000 millones de euros. En 2022 sube al 1,2%. Y luego en cuatro años solo repunta hasta el 1,3% del PIB. Esto implica que esta rúbrica crece a un ritmo mayor que lo que lo hará el PIB sumando la inflación. De hecho, es la única partida que crece junto a la protección social por las pensiones. Pero supone un ritmo que pondrá difícil llegar al compromiso suscrito con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en 2029. En los tres años restantes habría que elevarlo en 0,7 puntos cuando en los cinco años anteriores solo se habría engordado en 0,2 puntos.

El resto de partidas se mantienen igual o decrecen. Sanidad baja respecto a la elevada proporción que adquirió con la pandemia. En 2021 era el 7,3% del PIB. Pero desde 2022 hasta 2026 permanece en el 6,9%. Educación se queda en el 4,5% del PIB. Y la mayor partida de todas es la protección social, que incluye pensiones y prestaciones de desempleo y que sube dos décimas hasta el 19,1% del PIB en 2026. Esta partida empezará justo en esos años a estar bajo presión por el inicio de la jubilación del baby boom.

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