Colau ante la guerra del dinero sucio

El descarrilamiento de la economía de este país se materializó en 2009 cuando las ejecuciones hipotecarias alcanzaron niveles insoportables con más de 160.000 casos en solo dos años. Un fenómeno semejante al que había empezado antes en Estados Unidos, donde en el mismo periodo unos 10 millones de familias perdieron sus casas. Las cosas no habían sido siempre así. Como escribió Matt Stoller (The Housing Crash and the End of American Citizenship, El crack inmobiliario y el fin de la ciudadanía americana, para el Roosevelt Institute), “la crisis financiera quebró la columna vertebral de un contrato social implícito, que alienaba los intereses de la clase gobernante y la ciudadanía”.

En la década posterior hemos visto como el capital desenfrenado ha conducido a una inestabilidad financiera, que continúa agravándose, y a tremendas heridas sociales que dañan seriamente la salud. En España las muertes prematuras por la contaminación causan unas 44.000 muertes anuales, según la Universidad de Harvard.

Frente a esta carrera suicida de los negocios fuera de control que arrasan con las regulaciones han aparecido importantes respuestas constructivas en la esfera local. Destacan las iniciativas desarrolladas por el Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau, que se levantó contra los desahucios, el dominio del automóvil y los lobbies que ya habían amedrentado a la concejal Itziar González. La defensa del ayuntamiento de la salud, vivienda y espacio público han provocado una guerra sucia de los intereses económicos mediante denuncias penales.

El catedrático Josep Maria Montaner, ex concejal de Vivienda en el equipo de Colau, ha escrito el libro Lawfare urbano. Ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau, que provoca un profundo desasosiego por la amenaza que supone para la democracia. Explica como las élites económicas actúan para que no se pongan en peligro sus negocios basados en el extractivismo. Significa que un pequeño porcentaje de los habitantes de las ciudades “se han especializado en hacer negocio y en extraer de ellas todo lo que sea posible: suelo, viviendas, oficinas, recursos, ahorros, espacio público, aceras, playas, memoria, valores patrimoniales, etcéteera. Y este 1% a menudo se niega a aceptar lo que vota democráticamente la mayoría”.

El ex magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, que ha prologado la obra, expone el sentido de Lawfare: “Hacer la guerra por medio del derecho”. Precisa que desde 2018 se han presentado 14 querellas y denuncias contra Ada Colau y su equipo, de las que nueve ya han sido archivadas, seis abiertas, dos de ellas reabiertas por la Audiencia de Barcelona. Y califica de “utilización espuria de los procedimientos judiciales”, “la puesta en marcha por la actual empresa privada que gestiona el abastecimiento de aguas a Barcelona (AGBAR)”, filial de Suez.

La guerra sucia no debería ganar en Barcelona, cuyos avances sociales son reconocidos por los organismos internacionales, y cuyos modelos de referencia son ciudades como Viena y países como Holanda. Un proyecto moderado que despierta el interés de los ciudadanos y empresas que caminan con las luces largas.

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