España recibe una misión del Parlamento Europeo para un tenso examen al plan de recuperación

Tres misiones del Parlamento Europeo visitan España esta semana. Lo más probable, sin embargo, es que la mayor parte de la atención se concentre en una de ellas: la que envía la comisión de control presupuestario para ver cómo se está desplegando el plan de recuperación español. Su trabajo sobre el terreno empieza poco después del mediodía de este lunes, pero ya antes ha provocado choques y roces, incluso en la preparación de la agenda. Una prueba de ello está en un cruce de cartas de la pasada semana entre la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y la parlamentaria alemana Monika Hohlmeier, presidenta de la comisión y miembro del Partido Popular Europeo (PPE). La primera expone algunos datos y líneas básicas del plan; la segunda responde lamentando la filtración a la prensa de esa carta y reclamando la reunión con quien hasta octubre pasado fue directora general del plan de recuperación, Rocío Frutos.

La misión, que aterriza dos días después del espaldarazo que la Comisión Europea dio a España desbloqueando el tercer pago, está compuesta por 10 parlamentarios, cinco titulares y cinco “acompañantes”. La mayoría de los miembros de la delegación visitante —siete— son españoles. “No me parece bien”, apunta Ernest Urtasun, eurodiputado catalán de Los Verdes y participante en la visita. “Yo acudo porque la titular de mi grupo, una compañera alemana, no puede ir. Pero soy el único de mi grupo. Hay otros ultrarrepresentados”, señala. La lectura que hace Isabel Benjumea, parlamentaria del PP, está en las antípodas: “Es una cosa normal, no tiene nada de excepcional”, apunta esta eurodiputada española, que se ha mostrado reiteradamente crítica en la Eurocámara con el plan de recuperación español en los últimos años.

Para unos, como Urtasun o Isabel García, del PSOE y una de las titulares de la expedición, esta misión llega pronto porque el plan todavía no ha podido desplegarse sobre el terreno. Explican que como España fue el primer —y único país— que recibió un primer pago en 2021, además de la prefinanciación, se ha convertido en el primer objeto de examen. Algo que también apuntan fuentes de la Comisión. Para otros, como la parlamentaria de Ciudadanos Susana Solís, muy consciente de la polémica que ha desatado el viaje, “esta es una misión muy legítima que tiene por objeto ver si el dinero ha llegado a la economía real”.

En este punto comienzan las discrepancias. García, del PSOE, recuerda que el trabajo de la comisión de control presupuestario es vigilar “cómo se implementa el dinero comunitario y vigilar a la Comisión”. “No se trata de evaluar el plan de recuperación, sino si el plan de recuperación se cumple”, apunta la socialista, que apunta que, para ella, ese es el problema que tiene Hohlmeier: que no le gusta el fondo de recuperación ni el papel que le reserva al Parlamento. De ahí, dice, su actitud.

Esto último lo explicaba la eurodiputada bávara a comienzos de año en una conversación con este diario. Sostiene que el diseño del Fondo de Recuperación ha dejado un papel menor a la Eurocámara en el control y la concesión del dinero. Tampoco le acaba de gustar que los recursos vayan a grandes empresas porque, defiende, las innovadoras son las pymes.

Pero esto son ideas generales. En lo concreto, antes de partir a España, en las comparecencias de los máximos responsables del Fondo de Recuperación para preparar el viaje, la crítica Hohlmeier y los demás eurodiputados escucharon a Céline Gauer, jefa de la task force creada para la gestión del plan, y a Declan Costello, vicedirector director general del departamento Economía y Finanzas de la Comisión, defender la marcha del plan en España. “Es el país pionero en la implementación”, declaró Gauer, quien además puso como ejemplo la reforma laboral por haber “mejorado el equilibrio entre flexibilidad y seguridad para los trabajadores y también para los empresarios según la cifras de 2022″.

El temor entre los socialistas y quienes apoyan al Gobierno, como es el caso de Urtasun, es que esta misión —integrada mayoritariamente por grupos y partidos que en España están en la oposición (PP, Ciudadanos y Vox)— se acabe convirtiendo en un arma arrojadiza contra la gestión que hace el Ejecutivo del plan, algo que han perseguido los populares en reiteradas ocasiones. “Se dañaría la imagen de la institución”, apunta Urtasun. García añade que incluso se puede acabar dañando al propio mecanismo de recuperación en toda Europa, no solo en España.

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