Glovo anuncia el despido de 250 trabajadores, un 6,5% de su plantilla

La empresa de reparto a domicilio Glovo ha anunciado el despido de 250 trabajadores, lo que supone un 6,5% de su plantilla. Los despidos afectarán sobre todo a su sede en Barcelona. El consejero delegado la empresa, Óscar Pierre, ha detallado en un comunicado que las salidas se producirán en el área de las funciones de apoyo empresarial, de contratación y de datos. Nos se verán afectados mensajeros, ni repartidores y tampoco personal de almacén.

Pierre ha justificado la decisión alegando “ineficiencias” en sus operaciones y ha anunciado que este 2023 la compañía realizará análisis en profundidad del funcionamiento de todos los departamentos para corregirlos. Según el CEO, en octubre de 2022 Glovo empezó a ver “una desaceleración” de sus tasas de crecimiento anuales, así como de la demanda, que ha atribuido a las tasas de interés e inflación y a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Por otra parte, el directivo ha hecho alusión a que el “contexto internacional de las plataformas tecnológicas” y la “nueva realidad pospandemia” han perjudicado su cifra de negocio.

En el comunicado se recoge que esta decisión “no estaba en los planes hace seis meses” y que no afectará a los resultados de la empresa a lo largo del año. Para 2023, el consejero delegado ha afirmado que Glovo “protagonizará un crecimiento fuerte de doble dígito” y ha defendido que la industria del reparto a domicilio “tiene un futuro brillante por delante”.

Glovo acumula 205 millones en multas

La empresa catalana, ahora controlada por el grupo alemán Delivery Hero, sigue en el centro de la polémica ya que continúa operando con repartidores autónomos pese a la entrada en vigor de la ley rider, que consideró el estatuto de estos trabajadores como falsos autónomos. Por esta causa, ya acumula 205,3 millones en multas. La última sanción impuesta, por importe de 56,7 millones, ha sido a Glovo Madrid por emplear a 7.022 falsos autónomos y tener a 813 trabajadores extranjeros de manera irregular, sin el correspondiente permiso de trabajo.

Pese a que la ley rider —que obliga a contratar a los repartidores que trabajan para plataformas digitales como falsos autónomos— lleva más de un año en vigor, algunas empresas siguen operando con el mismo modelo de contratación. Por ello, Gobierno ha decidido endurecer el Código Penal para castigar con penas de prisión de hasta seis años los delitos contra los derechos de los trabajadores.