Así es la nueva PAC: más verde, profesional y redistributiva

Impulso a las políticas verdes; más exigencias medioambientales; más controles y recortes en el uso de fertilizantes; o más apoyo a los jóvenes, mujeres y, en conjunto, a los activos profesionales del sector. Estos son algunos de los ejes más importantes del Plan Estratégico negociado en los dos últimos años por el Ministerio de Agricultura con todos los interlocutores sociales y económicos, y al que se sumó, sobre la bocina y entre críticas, el Ministerio de Transición Ecológica. Tras recibir el visto bueno de Bruselas el pasado mes de agosto, España aplica desde el 1 de enero de este año la nueva Política Agrícola Común (PAC), que estará en vigor hasta 2027.

La ejecución del plan supone la disponibilidad de unos fondos anuales estimados en unos 4.800 millones de pagos directos que, como ha señalado el ministro de Agricultura, Luis Planas, son un seguro de rentas que apoya la estabilidad de los ingresos del sector. De cada 10 euros de estos fondos, seis euros se irán a ayudas básicas a la renta y al pago redistributivo; 1,4 euros para ayudas asociadas a diferentes producciones; 2,3 euros a ayudas agroambientales vía los ecoregímenes y 20 céntimos como pago complementario a los jóvenes. A esta cifra se suman más de 500 millones en programas sectoriales y otros 1.700 millones por vía del desarrollo rural para digitalización e innovación.

Para aplicar este plan, el Ministerio de Agricultura ha desarrollado de un amplio programa legislativo, histórico por su volumen, con una Ley sobre Gestión de la PAC y 18 reales decretos ley de carácter general y sectorial. La gran mayoría ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los textos versan sobre multitud de materias: desde la gestión de las ayudas a las exigencias en el uso de productos fito o zoosanitarios, pasando por el control de la densidad de animales en el porcino, una cuestión que levantó espinas el año pasado debido a las macrogranjas. Este conjunto de disposiciones para una nueva política agraria solo es comparable al paquete legislativo aplicado por Atocha en los años setenta, en plena transición democrática.

Con el Plan Estratégico en su conjunto, la ejecución de la política agraria para los agricultores y ganaderos también se ha hecho más compleja: contempla unos mayores controles y, con respecto al campo, mayores exigencias con limitaciones sobre el empleo de algunos de los medios de producción, así como disponer de mayor información sobre la explotación vía el cuaderno digital. Unas exigencias que, de acuerdo con una gran parte de los afectados, tienen dificultad para cumplir si en paralelo no se avanza en otra política de asesoramiento e información.

Requisitos

Uno de los puntos básicos de la nueva regulación, además de la política verde, es la normativa sobre quiénes son los destinatarios prioritarios de las ayudas de la PAC. Para acceder, de entrada, hay que tener la calificación de “agricultor”: una persona —o empresa— titular de una explotación, que desarrolla la actividad directamente o bajo encargo y que asume el riesgo de la explotación. Quedan fuera de la lista tierras como las grandes superficies ligadas a aeropuertos, campos deportivos o de inmobiliarias.

A la definición de agricultor se añade la de “activo”, que supone estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social o que sus ingresos procedentes de la actividad agraria supongan al menos el 25% de sus ingresos totales. Para la norma, un agricultor es considerado activo automáticamente si sus cobros superaron los 5.000 euros el año anterior. Esto abre la puerta a una agricultura a tiempo parcial, importante en algunas zonas, dando entrada a no profesionales.

Ayudas

Las ayudas varían en función de los distintos tipos de cultivo, y de cada una de las zonas en las que se halla dividido el territorio, ya se trate de secanos, regadíos, pastos o cultivos permanentes leñosos. Además, se contempla el pago redistributivo o un pago complementario para las pequeñas y medianas explotaciones en función del tamaño de las mismas y la zona donde estén ubicadas por un importe global estimado en casi 500 millones.

En la nueva regulación se pasa de 50 a 20 el número de regiones donde se pondrá en marcha un sistema para la convergencia de los derechos de pago entre activos en esa región agronómica. Este sistema consiste en aproximar los importes de los derechos de pago que tiene cada agricultor a la media de cada una de sus regiones. Para 2026 los pagos más bajos serán como mínimo el 85% de la media, y para 2029 llegarán al 100%.

A partir de un pago directo de 60.000 euros, se aplicará un sistema de recortes progresivos: el 25% para cobros hasta 75.000 euros, el 50% para cobros de entre 75.000 y 90.000 euros; del 85% para cifras entre los 90.000 y los 100.000 euros y del 100% a partir de esta cifra. Sin embargo, son posibles cobros superiores —siempre con un techo de 200.000—, si se deducen gastos en mano de obra en la explotación.

Habrá partidas específicas para sectores y colectivos concretos: como apoyo al relevo generacional se contemplan ayudas por un volumen de 220 millones al año para los jóvenes que se incorporen a la explotación, además de otras medidas existentes y que se incrementan en un 15% si se trata de una mujer. Para ayudar a producciones como apicultura o vino —y, por primera vez, el olivar— se destinarán 600 millones. Y se han aprobado hasta 700 millones para sectores con riesgos de vulnerabilidad, como las cabañas ganaderas de vacuno y ovino, o el algodón y la remolacha.

Política verde

Una de las grandes novedades de la nueva PAC es el refuerzo de las exigencias climáticas y de medio ambiente. Estas suponen un paso adelante en relación con la anterior política verde, y los agricultores y ganaderos deben cumplirlas para acceder a los pagos directos. Se concretan en una decena de las denominadas Buenas Prácticas Agrarias y Medioambientales, las BECAM. Entre otras, se refieren al mantenimiento de los pastos, la protección de humedales, el control de la quema de rastrojos —salvo autorización—, la cobertura mínima de los suelos o el mantenimiento de franjas de protección de cinco metros junto a los ríos, entre otras cosas, para evitar los vertidos de residuos de fertilizantes.

Además, se exige tener un plan de abonado, reducir labranzas para frenar la erosión y la pérdida de suelo fértil —que cada año es de unas 25 toneladas por hectárea, según la Asociación de Suelos Vivos—, así como la rotación y diversificación de cultivos para mejorar suelos. Estas últimas estarían exentas de cumplimiento en 2023, ante las medidas adoptada por la UE para frenar los efectos derivados de la invasión de Ucrania, y tampoco se cumpliría para explotaciones con menos de 10 hectáreas

Para animar a los agricultores y ganaderos a sumarse a la nueva arquitectura verde de la PAC, la normativa incluye incentivos económicos, denominados ecoesquemas. Es una de las novedades más importantes en el marco de la política verde, y supone el 23% del total de los pagos directos, por un valor de 1.100 millones de euros. La normativa contempla hasta nueve actuaciones medioambientales voluntarias que permiten acceder a una ayuda complementaria por hectárea de entre 40 y 165 euros: dos corresponden al pastoreo, tres a rotaciones de cultivos y siembra directa y cuatro al mantenimiento de cubiertas vegetales en terrenos con diferente pendiente.