La Palma un año después del volcán: son las segundas Navidades que los damnificados pasan sin un hogar

El pasado 19 de septiembre se cumplió un año desde que uno de los volcanes de la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, despertó. Durante más de tres meses (fueron en concreto 85 días y 8 horas hasta que el 25 de diciembre de 2021 el Instituto Geográfico Nacional dató el fin de la actividad eruptiva), la tonelada de lava que arrojó se llevó por delante viviendas (1.345 de uso residencial según los datos catastrales), locales, carreteras y hasta 370 hectáreas de plantaciones (según los datos del informe de la comisión mixta para la reconstrucción de la isla). Miles de palmeros perdieron en un momento su hogar, su modo de vida y sus recuerdos. Estas Navidades serán las segundas que los damnificados por el volcán pasarán sin un hogar donde celebrar las fiestas. La nostalgia de estas fechas hará especialmente dura esta situación.

La crisis habitacional que provocó el Cumbre Vieja en la isla está por resolverse. El volcán desplazó a más de 7.000 personas. Esto supone que, actualmente, un 9% de la población de la isla (que en 2021 era de 83.380 personas, según el INE) está pendiente de una solución. Los representantes políticos están barajando diversas opciones, pero, mientras llegan, los palmeros se sienten abandonados a su suerte. El pasado 14 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una ayuda de 9,5 millones de euros.

Una vivienda en El Paraíso

Ester vivía en El Paraíso, uno de los primeros pueblos en ser arrasados por la colada del volcán. El pequeño asentamiento, que hacía honor a su nombre, se convirtió en pocas horas en un infierno de fuego. Ester perdió todo: una vivienda, heredada de sus abuelos maternos, y las construcciones que había hecho en el terreno, donde se quedaban sus hijos cuando venían desde Tenerife. El día que la lava se encaminó fatalmente hacía El Paraíso, rememora con dolor, “a nosotros no nos avisaron. Yo no estaba en la casa ese día y, al querer volver, ya no nos dejaron pasar. Ya no pude entrar más en mi casa, aunque la lava tardó 24 horas en arrasar el pueblo. Estuvimos encima de las montañas mirando”. “No nos pudimos llevar nada, ni una cuchara pequeña”, relata la mujer. Hasta los animales (tenían gallinas y tres pajareras) quedaron allí.

Desde esa noche, que Ester y su marido pasaron cobijados en la vivienda de una amiga, han tenido que peregrinar. Primero se quedaron tres meses con un hijo en Tenerife y, actualmente, están viviendo en Los Llanos de Aridane en una pequeña “casita” prestada. Se sienten totalmente abandonados. “Es la segunda navidad que pasamos sin nuestro hogar”, lamenta. “Siempre nos dijeron que El Paraíso estaba fuera de peligro, y nosotros nos confiamos. Ese día salí de mi casa y ya no pude regresar más”.

Uno de los primeros colectivos que se puso manos a la obra para intentar ayudar a los damnificados fue el de los notarios. Mediante tres notarías en El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane han atendido y auxiliado gratuitamente a más de 1.000 palmeros. A nivel global, las notarías abiertas en La Palma han resuelto 2.800 consultas. A través de un sistema inédito y creado rápidamente, han otorgado a estas familias un título por sus viviendas y terrenos engullidos por la lava. Uno de los primeros notarios que hizo las maletas y viajó a la isla en plena erupción del volcán fue el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín. Junto con sus compañeros de Canarias y Comunidad Valenciana, fueron la avanzadilla de un total de más de 50 notarios voluntarios que han pasado por estas oficinas. Se reaccionó rápido. El 6 de octubre de 2021, dos semanas y media tras la erupción del volcán, se publicó un decreto ley en el que ya preveía que este colectivo pudiera hacer actas de notoriedad (documento que atestigua hechos notoriamente conocidos) sobre los terrenos perdidos. Es decir, “declarar notorio que estas personas tenían esa propiedad”, explica José Alberto.

Gracias al trabajo de los notarios, cuenta Ester, pudieron arreglar los papeles para conseguir la ayuda económica del Gobierno. No tenían seguro de las casas. “Como era una construcción de más de cien años heredada de mi madre y tenía una vivienda nueva con planos, construida en el terreno, lo que hicieron fue unificármelas para pagarme los 60.000 euros”, cuenta la mujer. Desde entonces, “a nosotros ya no nos han informado de nada, estamos totalmente abandonados”. Preguntada sobre si tiene intención de quedarse en la isla, Ester responde: “Yo aquí ya no tengo nada”. Según cuenta, los precios de los terrenos se han disparado y es casi imposible construir. “Nosotros teníamos dos casas, teníamos un apartamento y una bodega y hasta el coche se quedó dentro del garaje. Los políticos prometieron soluciones, pero todavía no se ha cumplido”.

Fotografías aéreas y catastro

La labor de los fedatarios era conseguir que los afectados pudieran acreditar que eran dueños de una casa, plantación o negocio para poder recibir una indemnización. Para ello, se pusieron un jersey con la palabra “notario” para identificarse y se coordinaron con los ayuntamientos de la isla. El problema era que había muchos vecinos que no tenía el título de su vivienda, terreno o plantación. En la mayoría de los casos, porque nunca lo habían tenido. “En aquella zona era tradicional no hacer prácticamente ningún documento cuando había una transmisión porque todos eran familia”, cuenta Marín. “La mayoría no tenían escritura pública ni documento privado y, en los pocos casos en los que existía, se quedó debajo de la lava; nos encontramos un territorio con propietarios, pero sin títulos”, explica.

Las posesiones que sí estaban registradas tenían una vía más sencilla, pues los registradores de la propiedad habilitaron un servicio de certificación gratuito y ágil de titularidades.

Los palmeros que lo precisaban contaban con la ayuda de los notarios que, a su vez, tiraron de la ficha catastral y de las fotografías aéreas que unos meses antes, en mayo de 2021, había realizado el gobierno canario sobrevolando la zona. Estas instanténeas daban una información más reciente de la situación física. Los afectados fueron llegando con testigos, vecinos y familiares que atestiguaban que, en tal sitio, ahora sepultado por la colada, estaba la casa o la plantación de su allegado.

Esta labor se hizo muy dura, reconoce Marín, por la situación de emergencia, los relatos de los palmeros y la impredecibilidad del momento. “Era un momento trágico, cada dos por tres parecía que se podría abrir una nueva boca del volcán”. De las experiencias más dramáticas con las que se topó, Marín rememora el caso de uno de los voluntarios que, a su vez, había sufrido una pérdida emocional irreparable. Había pedido, sin éxito, la exhumación del cadáver de su hija, una niña pequeña fallecida y enterrada en un cementerio arrasado por el volcán. “Nos contaba que era como perderla dos veces, ya que ahora no podría ir a velarla”, recuerda.

Tras las necesarias comprobaciones, los notarios daban un título que legitimaba al afectado a solicitar una ayuda. “Nosotros declarábamos notorio ese hecho previa publicación de un edicto, que teníamos durante un mes en el tablón de anuncios del ayuntamiento, por si alguien consideraba que podía verse afectado, para que pudiese personarse y reclamar”. Pero no hubo que activar esa fase. “Nos impresionó la honradez de estas personas, no tuvimos ni un solo caso de reclamación”, expresa José Alberto. Es más, apostilla, “cuando el ayuntamiento le daba a un ciudadano una ficha catastral y resultaba que, a lo mejor, una esquinita se la había vendido a su primo de palabra, te lo advertían”. Es una de las cosas que más le han impactado personalmente: "ya sabes que los notarios tenemos que vigilar siempre que no nos la cuelen”.

Una solución definitiva

El título que poseen ahora los palmeros afectados por el volcán del Cumbre Vieja se hará valer cuando llegue la solución que les prometieron. “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos atendido prácticamente a todos los damnificados”. Tan solo quedan casos aislados. Son personas que o bien no contaban con documentación (catastro, fotografías, testigos, etcétera) para justificar su propiedad, o bien no han podido acercarse antes a regularizar su situación porque, por ejemplo, residían fuera. De las tres oficinas iniciales tan solo queda la de Los Llanos de Aridane, que da soporte a estas situaciones.

La mayoría de estos títulos que facilitaron a los damnificados no se inscribieron a la espera de que se sepa si el terreno es practicable. “Les sirvieron para poder cobrar las primeras ayudas, unos 60.000 euros”, recuerda Marín. “Se habían quedado sin casa, sin medio de vida, sin recuerdos, sin nada. Ahora tiene que llegar la solución definitiva, porque esas personas tienen que rehacer sus vidas y necesitan de un sitio donde vivir”, clama.

Los palmeros desplazados por culpa del volcán, más de un tercio de los habitantes de la zona afectada, siguen levantándose cada día en casas de amigos, en pisos habilitados, en caravanas. “Nosotros organizamos en septiembre en La Palma unas jornadas sobre la reconstrucción de la isla y fuimos bastante críticos, sobre todo con la lentitud con la que se está abordando el tema. En estas jornadas pusimos de manifiesto la urgencia de la solución, que no solo tiene que ser buena sino rápida”, afirma José Alberto Marín. “Una vez desaparecida la atención, las prisas, desgraciadamente, no son tantas”, lamenta.

Ahora son los políticos los que tienen la llave para dar una solución a estas personas. Se han barajado diversas salidas, como la de recalificar terrenos para que los palmeros no tengan que salir de la isla. Pero, como señala Marín, el encaje es difícil, dado que La Palma es reserva de la biosfera y hay mucho terreno protegido. El notario espera que no suceda como con el terremoto de Lorca de 2011. Decenas de afectados siguen esperando once años después a que llegue el dinero para reconstruir sus casas.

Como colectivo, Marín cuenta que se sienten orgullosos del trabajo hecho. “Cuando llegas ahí te das cuenta de que puedes hacer mucho, para ti es trabajo, pero para ellos es la vida”, resume. Su labor ha dado luz a un protocolo de intervención notarial en catástrofes naturales pionero a escala mundial.