El modelo de reparto a domicilio con autónomos resiste un año después de la ‘ley rider’

La ley rider no ha logrado frenar, un año después de su entrada en vigor, el modelo de reparto a domicilio basado en autónomos de Glovo. La principal empresa del sector en España solo tiene contratados a 2.000 repartidores de una flota estimada de 16.000 personas en toda España, y está determinada a seguir así a pesar de la multa récord de la Inspección de Trabajo anunciada la semana pasada por no tener en plantilla a miles de riders. Y su ejemplo cunde: Uber Eats ha vuelto a repartir con autónomos este mes, a pesar de que la nueva normativa lo prohíbe.

Desde Glovo se asegura, tras conocer la sanción, que piensa recurrirla, que se trata de un expediente anterior a la entrada en vigor de la nueva normativa y considera que, ahora, “opera con un modelo diferente que cumple la ley”: por una parte, porque ha contratado a 2.000 empleados, que trabajan para su sección de supermercados, y, por otra parte, porque ha introducido variaciones en el algoritmo que asigna los repartos para que el rider pueda marcar su precio. Además, en mayo empezó a contactar con los restaurantes para comunicarles un cambio en sus facturas: a partir de ahora harán una por pedido y será el rider el que facturará el servicio, no Glovo, con el objetivo de reducir su relación con el repartidor.

Pese a todo, Trabajo sigue teniendo a la empresa bajo la lupa. El Tribunal Supremo fue muy claro en una sentencia clave en 2020, en la que aseguraba que había una relación laboral entre las empresas de reparto y los riders, y estos debían ser contratados. Luego, la ley sirvió para introducir esa exigencia de forma explícita. “Glovo continúa utilizando autónomos; la empresa puede recurrir las multas y los procesos judiciales son lentos, pero esto no es solo una sanción para Glovo, sino un mensaje para todo el sector: hay que cumplir la ley”, opina Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia.

Tarifas libres

La siguiente empresa en el punto de mira es la estadounidense Uber Eats. Tras un año en el que subcontrató el reparto a flotas de terceros, este mes ha vuelto a repartir con riders autónomos en España. “Hemos lanzado nuestro nuevo modelo para todos aquellos repartidores que quieren trabajar como autónomos, en cumplimiento de la regulación vigente. Este nuevo modelo incluye importantes cambios que le ofrecen al repartidor mayor control sobre su actividad, como por ejemplo la posibilidad de establecer su tarifa libremente”, señalan fuentes de la empresa.

Los cambios que ha introducido se parecen a los de Glovo. Los repartidores podrán establecer sus tarifas, y fijar el precio mínimo por kilómetro en cada pedido y recibir únicamente ofertas que sean iguales o superiores a la tarifa elegida. Podrán cambiar esto en cualquier momento y las veces que quieran. “Que los repartidores puedan elegir sus tarifas es algo poco realista: siempre va a llevarse el pedido el que ofrezca la más barata, además de que suele beneficiar el estar cerca del restaurante, lo que te ata a estar pendiente en todo momento si quieres encargos”, señala Todolí. “Uber Eats no ha visto consecuencias en incumplir la ley y por eso ha vuelto a recurrir a autónomos”, opina.

Uber Eats ya advirtió de sus planes al Ministerio de Trabajo en marzo pasado. Su directora general en España, Courtney Tims, envío a la ministra Yolanda Díaz una carta en la que señalaba a su rival Glovo por seguir utilizando autónomos para el reparto, a pesar de la ley rider, y ya abría la puerta a seguir el mismo camino. “¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?”, se preguntaba.

Ganar cuota

Trabajar con autónomos ha facilitado a Glovo ganar cuota de mercado, porque le permite tener flotas más grandes sin tener que pagar cotizaciones a la Seguridad Social, bajas laborales, vacaciones o pagas extras. Desde su fundación en 2014, Glovo no ha logrado aun así registrar beneficios en ningún ejercicio, aunque su facturación no ha dejado de crecer. Desde este año su accionariado está casi en su totalidad en manos de la empresa alemana Delivery Hero.

La competencia desleal ha afectado a los rivales de Glovo, según los expertos. La holandesa Just Eat, otro de los gigantes mundiales del sector del envío de comida a domicilio, es una de ellas. Desde antes de la ley rider, la empresa ya tenía a sus repartidores en plantilla (ahora son unos 2.000) y, además, subcontrata con flotas de terceros. Su director general en España, Patrik Bergareche, destaca que su empresa es el único operador del delivery en España que ha sido rentable en el pasado: “Esa rentabilidad es difícil mantenerla cuando existe algún operador en el mercado que utiliza un modelo laboral que, estando a priori prohibido por la regulación laboral, le permite beneficiarse de una estructura de costes mucho más ventajosa”.

Bergareche, que considera la ley rider “un gran paso adelante hacia la dirección correcta”, explica que ese ahorro en costes laborales se puede destinar a partidas como promociones y campañas de marketing, mientras Just Eat tiene que responder haciendo uso de sus fondos propios. “Es evidente y flagrante que no todos los operadores están cumpliendo la ley. En ese sentido, es necesario que todos respetemos y cumplamos la normativa vigente con el fin de tener un marco de competencia justa y leal”, añade.

Los repartidores de Just Eat cuentan con el primer convenio de empresa del sector, que se firmó en diciembre de 2021. Los riders tienen un salario base de 15.200 euros al año, con 30 días de vacaciones y una jornada máxima de nueve horas. “Este modelo de contratación propia de repartidores se combina con la contratación de flotas externas que a su vez emplean a sus repartidores, pero desconozco el número, ya que trabajamos por volumen de pedidos”, explica Bergareche.

La subcontratación a terceros de los servicios de reparto, a la que también recurre Stuart, ha sido cuestionada por los expertos y las autoridades laborales, que sospechan que se trata de una cesión ilegal de trabajadores, pero de momento no ha habido ninguna decisión judicial.