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El número de ricos en España alcanzó un récord el año de la pandemia

Un total de 8.195 personas declararon tener más de seis millones de euros en 2020, 295 contribuyentes más que el año anterior

J. Sérvulo González
Urbanización La Zagaleta (Marbella), considerado el complejo inmobiliario más lujoso de Europa.
Urbanización La Zagaleta (Marbella), considerado el complejo inmobiliario más lujoso de Europa.García-Santos

2020 fue el año de la pandemia. La covid-19, detectada en la ciudad china de Wuhan, se propagó rápidamente por el mundo. Las autoridades de la mayoría de países establecieron férreos confinamientos para tratar de parar los contagios, que durante las primeras olas fueron mortales. Las consecuencias económicas de esas políticas provocaron abruptas caídas de producción y riqueza pese a las medidas lanzadas por los gobiernos para proteger el tejido productivo. La economía española se contrajo ese año un 10,8%, el mayor hundimiento desde la Guerra Civil. La Bolsa española perdió un 15,4% en 2020, el peor en una década. Muchos inversores españoles vieron sus ahorros menguar drásticamente. Pese a toda esta debacle, el número de ricos en España creció ese año hasta alcanzar su máximo histórico.

El número de contribuyentes que declararon al fisco tener una fortuna superior a seis millones de euros ascendió a 8.195 personas en 2020, lo que supone un aumento de 295 millonarios (un 3,74% más) respecto al año anterior, según la estadística del impuesto de patrimonio difundida ayer por la Agencia Tributaria. Los superricos —aquellos que aseguran tener activos valorados en más de 30 millones de euros— también aumentaron en el peor año para la economía española en casi un siglo, hasta las 724 personas, frente a los 701 del ejercicio precedente. Los contribuyentes más acaudalados se han duplicado respectos a los 352 grandes millonarios que había en 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero restableció el impuesto sobre el patrimonio.

Cada vez que se examinan las entrañas estadísticas de este tributo, que deben declarar los contribuyentes con bienes por más de 700.000 euros sin contar la vivienda habitual, sobresale el caso de la Comunidad de Madrid. Los Gobiernos regionales tienen competencia normativa para aplicar deducciones o bonificaciones. Y Madrid es el único territorio que bonifica este gravamen al 100%. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso dejó de ingresar 992 millones de euros por las ventajas fiscales que otorga a los más pudientes. El 34% de los superricos, unos 250, no tuvieron que abonar este tributo por residir en Madrid. En resumen, el año de la pandemia 19.508 personas presentaron el impuesto de patrimonio en Madrid. Ninguno de estos ciudadanos tuvo que liquidar nada al fisco porque en esta autonomía está bonificado en su totalidad.

Esa es una de las razones por las que la política tributaria madrileña ha desatado las críticas en el resto de comunidades autónomas, que acusan a la administración regional de Madrid de hacer competencia fiscal desleal con el resto de territorios. Argumentan que Madrid aprovecha injustamente el efecto capitalidad para rebajar impuestos. Es en la capital donde están registradas las principales multinacionales del país y sus sedes corporativas y los trabajadores con mejor escala retributiva. En Madrid, también, está situado el corazón de la Administración del Estado, con empleados públicos mejor remunerados que en otros sectores.

El impuesto de patrimonio es uno de los tributos analizados por el comité de expertos para la reforma fiscal que creó el Ministerio de Hacienda. Los sabios reunidos por la ministra María Jesús Montero propusieron mantener un límite mínimo para los grandes impuestos autonómicos, como patrimonio o sucesiones y donaciones para que todas las comunidades tengan que aplicar el tributo. Durante la presentación del texto sobre la reforma fiscal el pasado marzo, el presidente del citado comité, Jesús Ruiz-Huerta, cuestionó el “vaciamiento” del impuesto y la carrera a la baja que habían emprendido las comunidades con estas figuras impositivas.

En los últimos años, sobre todo desde la pasada crisis financiera, la mayoría de autonomías empezaron a rebajar tipos y establecer bonificaciones sobre los impuestos patrimoniales. El Consejo General de Economistas advierte desde hace años de esta competencia fiscal a la baja y de las grandes diferencias fiscales entre regiones.

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Sobre la firma

J. Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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