La CNMV nunca ha detectado una acción concertada irregular

Al regulador bursátil no le falta trabajo. La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) investiga cada semana decenas de operaciones corporativas, descubre qué firmas actúan como chiringuitos financieros, obliga a las compañías cotizadas a hacer públicos algunos aspectos relevantes, indaga la existencia de posibles pactos sociales no declarados, irregularidades en los consejos de administración o acciones concertadas entre varios accionistas para cambiar el rumbo de una sociedad sin informar al resto, entre otras cuestiones. La institución que dirige Rodrigo Buenaventura nunca ha detectado una acción concertada irregular tras la cual haya obligado al accionista mayoritario a lanzar una oferta pública de adquisición (opa), según fuentes financieras.

El regulador bursátil está atento a dos operaciones que han suscitado interés mediático: por un lado la junta de Indra del pasado 23 de junio en la que tres accionistas (la sociedad pública SEPI con el 25,2% del capital; el grupo vasco de defensa SAPA, con el 5%; y el fondo Amber Capital, primer accionista de Prisa, editora de EL PAÍS, con el 4,1%) votaron para destituir a cuatro consejeros independientes y no renovar a otra vocal. El presidente de la CNMV manifestó: “Lo que ha pasado es llamativo y preocupante”. Y advirtió: “Habrá que analizar cómo recompone el porcentaje de independientes en el consejo”.

La CNMV investiga si hubo concertación entre SEPI, SAPA y Amber. Si concluye que se pusieron de acuerdo sin informar al resto de accionistas, podría obligar a la empresa estatal, por ser el accionista mayoritario, a lanzar una opa sobre Indra, una operación valorada en 1.200 millones.

La CNMV también investigó meses atrás posibles pactos parasociales entre varios accionistas para tratar de aislar a los consejeros independientes, según El Confidencial. En los últimos años también hubo otras operaciones similares a las anteriores que despertaron los recelos del supervisor como el caso de Telepizza, Codere o Vocento, entre otros. En ninguno de los casos el supervisor concluyó que existía una acción concertada entre accionistas que sumen más del 30% del capital para cambiar la gestión o la visión estratégica de las compañías. Fuentes financieras justifican que la CNMV tiene poco margen de maniobra porque necesita pruebas muy evidentes para detectar ese tipo de conductas calificadas como irregulares por la Ley de Sociedades de Capital. En cualquier caso, remarcan que la existencia de un pacto parasocial o una acción concertada no es ilegal.

La CNMV tiene registrados hasta 45 pactos parasociales. Por ejemplo, los miembros de la familia Botín han informado de un acuerdo para gestionar sus paquetes de acciones en el Santander de forma coordinada. Eso es una práctica perfectamente legal. Un caso parecido ocurre en Fluidra, la empresa cotizada dedicada a la fabricación de piscinas, que tiene registrado un acuerdo para la sindicación del voto de varios de sus accionistas. O la constructora Sacyr, que en 2012 también informó de otros pactos parasociales.

La Ley de Mercado de Valores regula la información entre accionistas. Y diferencia entre pactos parasociales; un concierto o acción concertada y la toma del control de la compañía. En el primer caso, se considera un pacto entre accionistas cuando se regula el ejercicio de voto en la junta o se limita la libre circulación de acciones. Este tipo de acuerdos siempre hay que comunicarlos a la CNMV y a la sociedad.

También están los conciertos, que son pactos que persiguen fijar una estrategia común o para gestionar la sociedad de una determinada forma. Estos también son legales, pero se tiene que informar a las partes y al supervisor. Son los más complejos de detectar por la CNMV.

Por último está la acción concertada, que persigue el control de la compañía, que tampoco es ilegal. Pero si se suma más del 30% de los derechos de voto o más de la mitad de los consejeros, entraría la normativa de opa y estaría obligado a lanzar una oferta por el 100% de la compañía. Eso es lo que la CNMV no ha detectado nunca a pesar de que sí ha recibido quejas denunciándolos. Siempre ha concluido que no se daban todas las condiciones para considerar que los accionistas se ponían de acuerdo para controlar la compañía.

Cuando el supervisor investiga un caso como los de antes tiene que comprobar si existe un pacto entre accionistas. En el supuesto de que haya uno, ha de ver si tiene como objetivo definir una visión común o gestionar la empresa de una determinada manera. Y, por último, verifica si los accionistas que se han puesto de acuerdo superan el 30% del capital.

En todo caso, fuentes financieras explican la dificultad del supervisor para determinar este tipo de comportamientos. Las investigaciones de la CNMV en busca de acciones concertadas suelen ser largas. Si los funcionarios del supervisor encuentran un documento escrito tienen la prueba clara, pero no suele ser así y las pesquisas son muy difusas. En muchas ocasiones, la CNMV se fija en el modo en que se restituyen los consejos: si los nuevos vocales cumplen el perfil de independientes, tienen una trayectoria intachable y no han sido elegidos por afinidad ni para facilitar el control de la compañía.