Los registradores mercantiles, contra el crimen organizado

El impacto de la pandemia o de realidades como la guerra en Ucrania no solo han cambiado nuestras perspectivas de futuro. También las de organizaciones criminales de todo el mundo, que ahora exploran la apertura de negocios en paralelo capaces de explotar el drama humanitario de la guerra o la incertidumbre generada por la covid-19. En palabras de Europol, nunca antes el crimen organizado había supuesto una amenaza tan determinante para Europa. Por ello, nunca antes el papel de los registradores había sido tan capital en la lucha contra el narcotráfico, la trata de seres humanos o el terrorismo.

Quedará de manifiesto los próximos 15 y 16 de junio en Madrid, donde tendrá lugar un encuentro internacional que reunirá a delegaciones de todos los registros mercantiles europeos y a asociaciones hermanas de América Latina, Asia y África. La pretensión es ambiciosa y muy clara: potenciar la contribución de los registradores a la lucha contra el blanqueo de capitales, explorar vías de innovación y analizar el plan estratégico de la Comisión Europea.

Los registros mercantiles son una institución que existe en todos los países de la Unión Europea, desarrollan bajo distintas denominaciones una misma función, y ha sido utilizada en muchos de ellos como vehículo para determinar el titular real de las sociedades mercantiles, de ahí que sea un mecanismo eficiente para desarrollar políticas globales. Es cierto que tenemos margen de mejora, así en el caso español no consta en el registro quiénes son los socios, ya que esta información se halla en poder del administrador de la sociedad, pues el libro registro de socios tiene carácter privado.

El reto es enorme. En gran medida porque la responsabilidad de los registradores en el control de legalidad es una obligación indelegable para la protección del Estado de derecho y las libertades públicas. Sobre todo, tras la creación, en noviembre de 2015, del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

La función principal del Centro Registral Antiblanqueo es intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En otras palabras, ayudar a la Unidad de Inteligencia Financiera (SEPBLAC) –Autoridad Supervisora estatal en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo– y ejercer de órgano centralizado para los registradores que detectan una posible operación sospechosa de blanqueo de capitales.

El dinero negro se ha convertido en la gasolina que ansían inyectar en el canal de curso legal organizaciones delictivas que se dedican al tráfico de seres humanos, de drogas o de armas. Y pese al brutal envite, el contexto internacional está generando serios problemas añadidos a las autoridades españolas y europeas.

Lo explicó el fiscal nacional antimafia italiano Federico Cafiero de Raho, que expuso el pasado mes de abril que dramas humanitarios como el de la guerra en Ucrania “determinarán los perfiles operativos del crimen organizado, que seguramente no tendrá que respetar los canales bancarios para su liquidez”.

Europol, por su parte, alertó en un informe publicado en mayo de 2021 de que el tráfico de drogas –el 40% de las redes criminales se dedican a él– no solo ha aumentado como consecuencia de la pandemia, sino que en un año estos delincuentes ganaron 140.000 millones de euros. El equivalente al 1% del PIB de la Unión Europea.

Bruselas es rotunda: la clave de bóveda está en las finanzas operativas de las organizaciones criminales. Asestarles un golpe mortal socavando su modelo de negocio es determinante y, para ello, los registradores europeos debemos unir fuerzas y conjurarnos en torno a una tarea común.

Esa tarea no se circunscribe únicamente a la colaboración activa y preventiva entre registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, sino también a la persecución y la sanción del delito, ya que los registradores colaboramos de forma sistemática y directa mediante la aportación de información obrante en los registros. Este es el motivo por el cual las peticiones de información procedentes de las autoridades implicadas se incrementan a diario.

Hace apenas unos días la opinión pública tuvo conocimiento del resultado de un operativo de la Policía Nacional. Más de una tonelada de droga, 100 mil euros en metálico, siete millones en bienes de lujo, tres subfusiles y varias pistolas. Todo, entre Madrid y Guadalajara, donde se descabezó una organización internacional vinculada con cárteles mexicanos; una red que contaba con una estructura de sociedades en España, Colombia, Suiza y Portugal. La matriz criminal tenía un objetivo claro: lavar dinero.

Este tipo de operativos pueden desencadenarse como consecuencia de la detección, por parte de un registrador, de una operación sospechosa que, después de ser analizada, es enviada al Centro Registral Antiblanqueo. Cuando esa operación se recibe, se comprueban vinculaciones con intervinientes de otras operaciones comunicadas en todo el territorio nacional, se valora la posible conexión con operaciones realizadas en otro tipo de registro diferente –mercantil, propiedad o bienes muebles–, o se cruza información de investigaciones abiertas por las autoridades competentes en la materia de las que el Centro tiene noticia, con los índices y las bases de datos registrales y, por supuesto, con el Registro de Titularidades Reales.

El objetivo es que la labor de los registradores se suceda en tres ámbitos: la prevención, el análisis y la remisión de información. Que esos tres pilares de la lucha contra el blanqueo de capitales sean sólidos es fundamental para atajar una lacra que ha dejado de estar vinculada únicamente al cumplimiento normativo.

Las autoridades europeas son conscientes de esto en gran medida por el surgimiento de elementos que han aumentado el nivel de la amenaza. Y si bien hasta hace bien poco el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se citaban como un riesgo potencial, hoy son ya una amenaza capaz de poner en jaque la estabilidad del sistema financiero.

El futuro es hoy y de ahí que en el centro del proyecto a corto plazo de la Comisión Europea se encuentren las sociedades mercantiles, herramientas al servicio del fortalecimiento del mercado interior europeo.

Que la UE se convierta en una potencia económica implica no sólo apostar por la digitalización y la rápida constitución telemática de empresas, sino más bien por crear mecanismos y obligaciones que vinculen la creación de sociedades mercantiles a valores y a obligaciones. Solo así desterraremos la utilización torticera y nauseabunda por parte del crimen organizado de herramientas al servicio de España y de Europa.

El reto, insisto, es enorme. Pero los próximos 15 y 16 de junio, el colectivo europeo de registradores avanzará junto en la construcción de una Europa prospera al servicio de la legalidad y del Estado de derecho.