La participación sindical y Europa

En medio del ruido de las estériles querellas políticas cotidianas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sorprendido con una audaz propuesta para afrontar la falta de democracia en las empresas. Un desafío que afecta a las economías más desarrolladas y que ha ido de la mano de la precarización laboral y el aumento de las desigualdades.

En Estados Unidos, la pandemia y el consiguiente recurso al teletrabajo han acelerado la desafección de los trabajadores con sus compañías, provocando la denominada Gran Renuncia. Supone que unos cuatro millones de trabajadores abandonen cada mes su empleo. La administración de Biden ha tomado nota de la situación y apuesta por potenciar a los sindicatos para “hacer crecer la clase media y construir una economía que ponga a los trabajadores en primer lugar y fortalezca nuestra democracia”.

En las situaciones límite es cuando se producen los cambios más profundos. En la Alemania arrasada por la guerra, la construcción europea fue de la mano de la democratización de las empresas. En mayo de 1950, el ministro de Exteriores francés, Robert Schuman, plantó la semilla de la federación europea. El entonces inverosímil proyecto contó con el apoyo de canciller alemán Konrad Adenauer. Al año siguiente, el 10 de abril de 1951, Alemania aprobó una ley sobre la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas hulleras y siderúrgicas. Capital y trabajo contaban con una representación paritaria. La cogestión se extendió posteriormente al resto de empresas.

Adenauer era consciente de que tenía necesidad tanto de un acuerdo con el obrero para asegurar la estructura social en su país como de un pacto con Francia para garantizar la contribución alemana a la defensa de Europa. Es difícil cuestionar el éxito de estos pactos.

La participación de los trabajadores en las empresas ha sido retomada en varias ocasiones en la Unión Europea, pero con escasos resultados. El capitalismo triunfante de los beneficios exorbitantes no precisaba pactos. El último intento de promover la participación los trabajadores en las empresas en la UE ha sido con el pilar europeo de derechos sociales en 2017. Buenas recomendaciones, pendientes de concreción.

En España, la Constitución de 1978 establece que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Pero no se ha promovido nada. En 2002, el diputado Ramón Jáuregui, presentó en nombre del PSOE, una proposición de Ley sobre la participación de los trabajadores en las empresas. Y ahí quedó la propuesta.

La iniciativa de Díaz, que desea debatirla con empresarios, sindicatos y expertos, es fundamental para que este país aterrice en los problemas reales de empresas y ciudadanos. Es urgente para reducir el abismo entre política y sociedad.