Los Benetton rechazan la oferta de ACS por Atlantia y se preparan para una batalla de opas

En apenas unas horas, la compañía italiana Atlantia, gestora de infraestructuras y autopistas, se ha encontrado en medio de una batalla por su control, con dos posibles opas a la vista. De un lado, la constructora de Florentino Pérez, ACS, estudia lanzar una oferta pública de adquisición por el negocio de concesiones de autopistas de Atlantia, aunque aún no hay ninguna decisión firme. ACS reconoció el miércoles al supervisor bursátil español que tiene un acuerdo exclusivo con los fondos especializados en infraestructuras GIP y Brookfield para afrontar la operación. Pero la maniobra de Pérez se ha encontrado con un duro contrincante. La familia Benetton, primer accionista de Atlantia, de la que controla el 33,1%, ha rechazado de plano la oferta, a la que califican como “no solicitada” y ha apuntado a una eventual contraoferta con el fondo estadounidense Blackstone como posible socio para que la compañía siga en manos italianas. Considerando que Atlantia tiene actualmente una capitalización bursátil que supera los 15.000 millones de euros, sería una de las mayores operaciones corporativas del mundo en lo que va de año.

La familia Benetton, accionista mayoritario de Atlantia a través de su sociedad patrimonial Edizione, emitió un comunicado este jueves, a petición de la Consob, organismo supervisor del mercado italiano, en el que aclara que su inversión en Atlantia es “de carácter estratégico” y que pretende mantener las raíces italianas de la empresa, además de “seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de su valor”. También ha confirmado que su grupo está manteniendo conversaciones con el fondo estadounidense como posible socio, “pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo”. A lo largo del día, diversas informaciones de medios especializados habían apuntado a que el clan industrial estaba negociando con Blackstone una posible contraopa, que pasaría por tomar la totalidad de Atlantia y excluirla de Bolsa.

ACS y Atlantia ya son socios en Abertis, empresa española concesionaria de autopistas en la que la compañía de Pérez cuenta con el 50% menos una acción y la sociedad italiana con el otro 50% más una acción. Si prospera la oferta, ACS se haría también con el control absoluto de Abertis.

Edizione dedica parte del comunicado a Abertis y a la posibilidad de vender a ACS el negocio de autopistas. En la nota no cita a ACS como parte oferente, sino como posible comprador de la mayor parte del negocio de autopistas del grupo italiano de infraestructuras Atlantia, y explica que ha informado a GIP y a Brookfield de que rechazaba el proyecto. Señala que la venta de Abertis y, potencialmente, de otros activos de autopistas supondría una fragmentación de facto del grupo Atlantia, algo que rechaza en pro de su “política estratégica de preservar la integridad del grupo y dar un mayor impulso a sus actividades apoyando su desarrollo sostenible como accionista principal”.

Si ACS decide seguir adelante con su opa hostil se toparía con otro escollo. El fondo de inversiones del Gobierno de Singapur (GIC), que tiene el 8,2%, y la Fondazine Cassa Risparmio Torino (4,5%), segundo y tercer accionista de Atlantia, han tenido siempre una buena relación con Edizione, y juntos suman el 45,8% del capital de la gestora de infraestructuras. La multinacional británica HSBC tiene un 5%, el Tesoro italiano un 0,84% y el resto, algo más del 48%, es capital flotante, que cotiza en Bolsa.

La empresa italiana arrancó la sesión del jueves con una subida del 11% en el mercado, ante la perspectiva de una guerra de opas, y llegó a alcanzar los 21 euros por acción, un precio que no registraba desde antes de la pandemia. Tras el comunicado de Edizione el alza en sus títulos se moderó al 6,87%.

Atlantia representa una oportunidad suculenta para ACS, ya que haciéndose con su control, obtendría la otra mitad de Abertis, que tiene una fuerte presencia en España y en América Latina, sobre todo en Brasil, Argentina y México. Además, tiene 48 concesiones de autopistas en 11 países, cuenta con algún tipo de servicio de peaje en 24 países, opera cinco aeropuertos (los de Fiumicino y Ciampino, en Roma, y Niza, Cannes y Saint Tropez, en la Costa Azul francesa), y tiene el 15,5% de Getlink, la sociedad de cartera que gestiona el Eurotúnel en el Canal de la Mancha.

ACS buscó ya el año pasado un acuerdo con Atlantia para comprarle Autostrade per l’Italia (ASPI), la sociedad con la que controlaba casi 3.000 kilómetros de autopistas italianas por unos 10.000 millones de euros. En aquella ocasión se trataba de una operación particular y con gran presión política y de la opinión pública en la que también entraba en juego el interés del Gobierno italiano, que fue quien había obligado a Atlantia a desprenderse de su red de autopistas, la mayor del país transalpino, a consecuencia del derrumbe en 2018 del puente de Génova, gestionado por Autostrade, que provocó 43 víctimas mortales. Finalmente la sociedad quedó en manos de un consorcio formado por el propio Ejecutivo italiano, a través del banco público Caja de Depósitos y Préstamos y los fondos Blackstone y Macquarie, tras una operación de 9.300 millones de euros.

Desde entonces Atlantia se ha focalizado en sus planes de expansión y de diversificación, pero ha perdido un tercio de su valor de mercado. Actualmente tiene un valor en bolsa de unos 15.700 millones de euros, al final del año su deuda financiera neta era de 35.278 millones y cerró el pasado ejercicio con unas ganancias de 626 millones de euros, frente a las pérdidas de 1.177 millones de euros del 2020.

Juicio por el derrumbe del puente

Precisamente este jueves, se ha conocido que un total de 59 personas, entre ellas el ex consejero delegado de Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, serán juzgadas desde el 7 de julio por el derrumbe del puente Morandi de Génova en 2018. La jueza del proceso preliminar, Paola Faggioni, decidió este jueves el envío a juicio de todos los acusados del derrumbe de este puente la mañana del 14 de agosto del 2018, en el que perdieron la vida 43 personas.

Por otro lado la magistrada ha pactado con la compañía Autostrade per l’Italia (ASPI) y su filial de ingeniería SPEA, que debía encargarse del mantenimiento de la infraestructura, el pago de unos 30 millones de euros como compensación para evitar el proceso. Uno de los procesados será el que fuera consejero delegado de ASPI, Giovanni Castellucci, que daba ya “por descontada” la apertura de un juicio en su contra, explicaron sus abogados a la prensa. El directivo fue relevado del puesto en enero de 2019 y se mantuvo como administrador delegado de Atlantia —controlada por la familia Benetton a través de la holding Edizione—, hasta su dimisión en septiembre de 2019.

Los fiscales Massimo Terrile y Walter Cotugno han conducido tres años la investigación sobre las causas de este desastre que conmocionó al país y durante los cinco meses de audiencia preliminar han acusado a los imputados del mal estado del puente. Los procuradores habían descrito el puente como “una bomba de relojería” que no se sabía cuándo explotaría debido a su mal estado de conservación. Sus pesquisas barajan delitos como homicidio culposo múltiple, homicidio vial, desastre culposo, ocultación de documentos, atentado a la seguridad de los transportes, falsedad u omisión dolosa de dispositivos de seguridad en el puesto de trabajo, entre otros.

El portavoz del comité de los familiares de las víctimas, Egle Possetti, expresó su “satisfacción” por la apertura del juicio. El 3 de agosto de 2020 se inauguró por todo lo alto la reconstrucción del puente, bautizado como Viaducto de San Giorgio y encargado al famoso arquitecto Renzo Piano.