El juez manda a juicio a la empresa pública Mercasa y a 18 personas por pagar mordidas en Angola

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este jueves la apertura de juicio oral contra 18 personas y cuatro mercantiles, entre ellas la empresa pública Mercasa, que gestiona los mercados centrales en España, por el presunto pago de comisiones ilegales para conseguir contratos en Angola entre 2006 y 2016. Entre los que se sentarán en el banquillo está el que fuera presidente de Mercasa, el exdiputado del PP Miguel Ramírez González; además de los exdirectivos de la compañía pública Arturo Cortés de Cruz y María Jesús Prieto Jiménez.

En la cabeza de la trama, la investigación también sitúa a los hermanos José Manuel y Francisco Javier Pardo de Santayana, responsables de Incatema, otra de las sociedades contra las que dirige la acusación el magistrado; el empresario José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y el diplomático José María Castroviejo, que estuvo destinado en Angola como embajador de España entre enero de 2009 y junio de 2012. Quien no se sentará en el banquillo por esta pieza de la causa es Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González y exdirector de Estrategia y Operaciones de Mercasa, quien llegó a declarar como imputado por estos hechos.

El Ministerio Público imputa a los procesados los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo, falsedad documental y organización criminal. Para Ramírez, Cortés de la Cruz y Prieto solicita 25 años de cárcel; 21 para Herrero de Egaña y los hermanos Pardo de Santayana, y 18 años para el exembajador Castroviejo. El magistrado impone además el pago de fianzas por más de 22 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse en la sentencia. Mercasa ―que en este caso ostenta la doble condición de acusación y acusada― es la segunda empresa pública procesada en un caso de corrupción después de que el juez José De la Mata enviara a juicio, en mayo de 2019, a la compañía de venta de armas Defex, también por pagar sobornos y comisiones para conseguir negocio en Angola.

La investigación judicial ha revelado que el consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC), formado por la empresa pública y la mercantil Incatema, obtuvo contratos con la entidad Presild Nova Rede (Programa de Reestructuración Logístico de Distribución) del Ministerio de Comercio angoleño para construir un mercado mayorista en la capital del país africano, Luanda. Para ello, supuestamente se pagaron comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios de ese país. En ello jugó un papel clave el comisionista Guillerme de Oliveira Taveira Pinto, prófugo de la justicia y que también figura como intermediario de la trama de Defex en Angola.

Según las pesquisas, Taveira y otras personas relacionadas con él se embolsaron más de 20 millones de euros en mordidas que camuflaron como supuestos contratos por servicios inexistentes. El dinero ―que era un porcentaje que llegaba al 8% del importe del contrato público conseguido― era remitido a cuentas bancarias abiertas a nombre de sociedades instrumentales o pantalla, desde la que se distribuía a los beneficiarios finales. Este mismo patrón delictivo fue supuestamente utilizado en otros países como República Dominicana, Panamá y Argentina.

En el auto por el que el primer juez instructor de la causa, José de la Mata, dio por concluida la investigación en noviembre de 2019 señalaba que “estas dádivas eran detraídas de los montos de los contratos” y que los sobreprecios también se destinaron al lucro propio de algunos de los investigados. En el caso de los Pardo de Santayana, el juez concluye que consiguieron apoderarse del 2% de todos los contratos del proyecto de mercado central de Luanda. A Herrero de Egaña lo señalaba como el presunto receptor de comisiones de, al menos, el 1%.

El juez De la Mata recalcaba entonces la ausencia total de cultura de respeto al derecho en las compañías investigadas. “Actuaban con un absoluto desprecio al Derecho, y a las más elementales normas legales y éticas, impulsadas por una política de beneficio a cualquier precio”. Algo que, si resulta inadmisible en compañías familiares privadas, añade De la Mata, “resulta absolutamente insoportable en una sociedad mayoritariamente pública como es Mercasa, que persigue muy importantes y muy relevantes intereses públicos, y CMIC, que tenía participación pública”. El magistrado concluía que ambas compañías carecían de cualquier sistema interno de organización y control de sus operaciones comerciales y, en relación con los mecanismos de prevención de delito y control establecidos, asegura que “eran simplemente inexistentes”.