Adrián Todolí: “Un mercado desregulado tiende a provocar altos niveles de desempleo y salarios muy bajos”

El ecosistema laboral se encuentra en un momento de gran transformación. A la implementación de una reforma pactada por sindicatos y empresarios le ha sucedido, casi inmediatamente, un aumento del salario mínimo, que lo ha situado por primera vez en el umbral de los 1.000 euros mensuales. Dos movimientos que han alterado singularmente las relaciones laborales, una materia que domina Adrián Todolí (Gandia, 36 años), profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, y que aborda en su último libro, Regulación del trabajo y política económica. De cómo los derechos laborales mejoran la economía (Aranzadi, 2021). Este martes lo presenta en la sede del Consejo Económico y Social (CES) en Madrid.

Pregunta. En su libro defiende que el derecho laboral vive de espaldas a la economía. ¿Por qué?

Respuesta. Históricamente, en el derecho del trabajo se ha pensado en la protección de las personas sin resaltar la importancia y los efectos que eso puede tener en la economía. Es decir, se antepone la protección de estas personas precarias al impacto positivo que todo refuerzo de las condiciones laborales tiene sobre el crecimiento económico.

P. ¿Están las leyes adaptadas a las relaciones laborales actuales?

R. No. El derecho del trabajo que tenemos está pensado para un modelo tradicional de grandes empresas, integradas verticalmente, y ahora mismo las empresas funcionan en red. Tampoco están adaptadas al propio concepto de trabajador, fuera del que existía en el siglo XIX. Hoy las personas trabajadoras tienen estudios superiores, la gran mayoría saben cómo hacer su trabajo, de hecho se les contrata para eso, porque saben más que el propio empresario.

P. Sostiene que hay mantras económicos, como que la intervención del Estado en materia económica perjudica al empleo, que se mantienen porque benefician al empresariado.

R. En muchas ocasiones se hacen discursos reduccionistas. Por ejemplo, quienes defienden la no intervención de Estado en la economía. ¡Eso no existe! Si así fuera, seguiríamos en la época medieval. Cuando se defiende esta idea es porque lo que se quiere es proteger los derechos patrimoniales. Se dice que la desregulación mejora la economía, y la realidad es que los estudios que se han hecho en los últimos 30 años empiezan a demostrar que no, que es lo contrario. Un mercado desregulado tiende por su propia naturaleza a que haya altos niveles de desempleo y salarios muy bajos a la vez.

P. En su libro defiende que el binomio empresario-trabajador puede llegar a ser perverso.

R. El problema es que la norma define al trabajador como una persona dependiente y por cuenta ajena, y si no encajas en esta definición eres un empresario. ¿Qué pasa entonces con los autónomos? Yo lo que propongo es que se considere como genuino empresario a todo aquel que de verdad tenga una estructura productiva relevante detrás, porque hay muchos autónomos que en el fondo, aunque funcionan con cierta autonomía, solo aportan mano de obra.

P. ¿La reforma laboral que acaba de aprobarse reequilibra el tablero negociador entre empresarios y trabajadores?

R. Sí, pero con una matización: llevamos viendo cómo desde los años ochenta, cuando se realizó el primer estatuto, se ha ido desequilibrando este tablero, y todavía existe un desequilibrio importante, también después de esta reforma. Esto lo vemos en los datos: hasta los años setenta y ochenta, la productividad y los salarios iban de la mano, y desde entonces se ha producido una desconexión, y el empresario se ha ido apropiando de las ganancias del aumento de la productividad, de los beneficios. Sin embargo, yo creo que con esta reforma se ha fortalecido la negociación colectiva, particularmente por la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa en materia de salarios, y con el fin de la ultraactividad. Tampoco hay que menospreciar el hecho de que con esta reforma se trate de corregir la elevada temporalidad que presenta el mercado de trabajo, ya que existe un consenso, con independencia de ideologías, en las ventajas que tiene para la productividad de los trabajadores el contrato indefinido.

P. ¿Un despido improcedente debería tener consecuencias jurídicas para la empresa que lo decreta?

R. En el libro insisto mucho en el concepto de la meritocracia. El problema está en que rompemos esta meritocracia si jurídicamente permitimos que no haya consecuencias negativas cuando se despide a un trabajador sin que este haya hecho nada, que es de lo que trata en esencia un despido improcedente. Ya no es un tema de si la indemnización debe ser más alta en estos casos para el trabajador, es que permitiendo estos comportamientos a las empresas se está poniendo en riesgo la meritocracia como valor esencial de la economía.

P. ¿Que la reforma laboral haya sido acordada entre sindicatos y patronal lima las históricas asperezas entre ambas organizaciones?

R. No sé si es así, o si se trata de una mera cuestión de intereses concretos. Lo cierto es que al haber un Gobierno progresista detrás la fuerza de los sindicatos es mayor y, por tanto, la patronal ha tenido que negociar y ceder. Al final en esto consiste el diálogo social, y que se haya llegado a un acuerdo a tres es una de las cosas más positivas de esta reforma.

P. El Gobierno, esta vez solo con el aval de los sindicatos, ha decretado una nueva subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 mensuales. ¿Está de acuerdo?

R. Está claro que la mejora del salario mismo afecta a muchísimas personas (dos millones, según Trabajo). Se vende como una buena noticia, pero en realidad es una mala noticia porque implica que hay muchísimos trabajadores que no tienen negociación colectiva y, por tanto, están bajo las condiciones mínimas de seguridad legal. Se debe trabajar en mejorar la negociación colectiva para que esta cubra el mayor número de trabajadores posible.

P. ¿Las plataformas digitales son una amenaza para las relaciones laborales?

R. Sí, mientras sigan utilizando a los autónomos. Además, las plataformas son altamente ineficientes en materia de productividad laboral, precisamente por el hecho de que el sistema jurídico permite que los riesgos del negocio del empresario sean trasladados al trabajador.

P. Durante el confinamiento las empresas recurrieron al teletrabajo como fórmula de supervivencia, diciendo, además, que favorecería la conciliación. Sin embargo, ¿considera que es un arma de doble filo para los trabajadores?

R. Sí, sobre todo por el hecho de que la desconexión digital se hace muy complicada con el trabajo a distancia. Lo que provoca este sistema es que como la herramienta de trabajo la tienes permanentemente contigo, se crean unos círculos en los que estás en todo momento pensando en el trabajo. Aunque el derecho a la desconexión digital se ha regulado, no existe una efectividad verdadera. ¿Y por qué no se aplica? Pues porque muchas personas tienen miedo a perder el trabajo si se lo reclaman a sus empresas.

P. ¿El aumento histórico de la inflación debería ir acompañado de una subida de los salarios?

R. Hay que ir siempre con precaución para evitar la inflación de segunda vuelta. Pero la realidad es que en el momento en el que estamos no parece que un aumento de los salarios pueda provocarla. Países como Alemania o Francia están subiéndolos un 3%, y en España estamos solamente en el 1%. La razón por la que opino que esto no va a provocar inflación de segunda vuelta es porque la productividad laboral ha aumentado y los salarios no, lo que significa que las empresas tienen margen para pagar mayores salarios y están tomando voluntariamente y no por imposibilidad la decisión de no hacerlo.