Rodrigo Buenaventura (CNMV): “Si no salen más empresas a Bolsa, estará en riesgo la recuperación de la economía española”

Rodrigo Buenaventura (Madrid, 52 años) cumplirá el próximo mes de diciembre un año como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, sus primeros pasos profesionales los dio en Analistas Financieros Internacionales (AFI). Desde 2005 su carrera está ligada al supervisor bursátil. La promoción del mercado y la protección del inversor han centrado buena parte de su primer curso al frente de la institución.

Pregunta. ¿Qué consejo le daría a un inversor en criptomonedas?

Respuesta. El principal consejo es la prudencia. Hay que extremar la cautela porque son activos con riesgos muy distintos a los que estamos acostumbrados. Soy consciente de que mucha gente invierte en criptoactivos, pero es importante que se acoten bien esos riesgos porque son productos no regulados ni sujetos a supervisión y donde hay posibilidad de manipulación tanto en su cotización como en la información.

P. Ha terminado el periodo de consultas sobre la publicidad de las criptomonedas. ¿Es suficiente o habrá que ir más allá en la regulación?

R. La regulación de la publicidad no es en absoluto suficiente, es necesaria una norma que vaya a la sustancia. En estos momentos se está negociando un reglamento europeo que abordará los riesgos asociados a estos activos (custodia, comercialización, información y manipulación). Es una norma que tardará varios meses en llegar y se consideró conveniente adelantar la regulación en torno a la publicidad. Pero son normas complementarias, ninguna por sí sola es suficiente para enfrenarse a este fenómeno.

P. Muchos de los anuncios sobre criptomonedas se publican en buscadores como Google o en redes sociales como Facebook. ¿Habría que regular en este sentido a las grandes tecnológicas?

R. Creo que este es un tema que va más allá de los criptoactivos. No me preocupa tanto que en estas plataformas se publiquen anuncios sobre el bitcoin como que se permita la publicidad de entidades que ofrecen servicios de inversión sobre las que ya han advertido los supervisores por sospechas de fraude o de operar sin licencia. No es admisible que las compañías de internet se lucren cobrando por anuncios de firmas de inversión sospechosas, que figuran en las listas de advertencias de la CNMV o de otros organismos internacionales, poniendo en riesgo además los ahorros de sus propios usuarios.

P. En este ámbito, ¿bastaría con una autorregulación de los grupos tecnológicos?

R. La autorregulación sería un primer paso positivo. Hay precedentes en otros países como el Reino Unido en este sentido.

P. En su última intervención en el Congreso pidió avanzar hacia un plan nacional contra el fraude financiero. ¿En qué fase está el proyecto?

R. Hemos tenido contacto con una pluralidad de colectivos como administraciones, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entidades reguladas e incluso grupos de tecnología. Y hemos encontrado receptividad por su parte. La CNMV es un mero catalizador de la idea, porque no tenemos en nuestra mano la mayor parte de las herramientas para luchar contra los fraudes. Espero que en los próximos meses podamos concretar alguna de las iniciativas en las que trabajamos. El plan tiene tres ejes: detección de conductas fraudulentas; mejora de la coordinación entre administraciones y empresas; y desarrollo de mejores sistemas de alerta y educación para los inversores.

P. La proliferación de brókeres de bajo coste junto con el desarrollo de redes sociales especializadas en trading están produciendo cambios en los patrones de contratación de los inversores minoristas. ¿Cree que habría que regular en este sentido para evitar nuevos casos como el que se produjo en EE UU con GameStop?

R. El caso de GameStop es una experiencia particular y difícil de extrapolar al ámbito europeo. Sin embargo, uno de los componentes de este caso era la intermediación supuestamente gratuita. Es un tema que nos preocupa porque nada es gratis en este mundo, ni siquiera la intermediación bursátil. Cuando se ofrecen servicios sin coste suelen esconder comisiones ocultas que la firma bursátil percibe de un tercero. Ya existe una normativa europea en este ámbito, pero probablemente sea necesario clarificarla y mejorarla para hacer más explícita la posición regulatoria.

P. Chipre se ha convertido en una especie de coladero a través del cual algunos intermediarios financieros de perfil agresivo aprovechan su supervisión más laxa para ofrecer servicios de inversión en toda la UE. ¿Cómo actúa la CNMV en estos casos?

R. El esquema comunitario para la prestación transfronteriza de servicios financieros dice que la competencia supervisora radica en el país de origen donde está constituida la entidad. Lo que ocurre es que hemos detectado que algunas firmas legales y con licencia han venido ofreciendo servicios en España desde otros países sin cumplir unas normas mínimas de conducta o de protección del inversor. En estos casos, hemos hecho inspecciones in situ, trasladando la información al supervisor de origen. En lo que va de año, hemos cerrado o suspendido la captación de clientes de siete entidades. Es decir, estamos muy activos en este ámbito para evitar perjuicios al inversor español.

P. Si uno no se puede fiar de la supervisión de otro país miembro, ¿queda en entredicho el modelo comunitario?

R. Es un tema delicado y creo que el problema que subyace es un cierto desalineamiento en los incentivos de los supervisores. Es decir, si una entidad opera desde un país, pero la gran mayoría de clientes están en otros, el supervisor de origen no tiene los incentivos para emplearse a fondo porque los inversores que reciben los servicios de esa firma están a miles de kilómetros. Creo que hay que repensar los esquemas de supervisión para buscar un sistema más equilibrado.

P. Europa, a través de la Capital Markets Union quiere fomentar el uso de los mercados de capitales entre las empresas y los inversores, reduciendo la dependencia de la financiación bancaria por parte de las compañías e impulsando una mayor diversificación en las carteras de inversión de los ahorradores. ¿Qué pasos son necesarios para lograrlo?

R. Este es un tema extraordinariamente relevante. Las empresas europeas van a necesitar un flujo de inversión de proporciones desconocidas. Solo en el área de sostenibilidad, las compañías españolas van a tener que invertir 30.000 millones adicionales al año en esta década. Y la única forma de financiar ese importe pasa por salir a Bolsa para conseguir un mayor equilibrio entre el capital y la deuda bancaria. Por lo tanto, si no logramos que más empresas salgan a Bolsa estaremos poniendo en riesgo la recuperación económica y la transformación de la economía española.

P. ¿Qué se puede hacer para acercar a más empresas al mercado?

R. Hay que echarle imaginación, explorar nuevas fórmulas y flexibilizar los requisitos de admisión a negociación. También hay que acercar al inversor minorista para que pueda interesarse por activos bursátiles que mejoren su rentabilidad a largo plazo. Todo esto se debe hacer siempre a nivel europeo, ya que pocas de estas soluciones pueden tener éxito con una visión nacional.

P. ¿Dónde está el límite de abrir la mano en los requisitos de salida a Bolsa y la correcta protección del inversor?

R. Es un equilibrio que no es sencillo. Creo que hay que identificar elementos que faciliten el acceso al mercado, como rebajar determinados requisitos en el régimen de folletos o en las obligaciones de información periódica, sin debilitarla en exceso. Si consideramos que es algo estratégico, y yo así lo creo, también se podrían ofrecer incentivos fiscales.

P. ¿Por qué hay menos salidas a Bolsa en España que en otros países comparables?

R. Ese dato es una realidad preocupante en términos históricos. Las causas son variadas y no solo hay que buscarlas en la realidad del mercado bursátil, sino también en la propia demografía empresarial española o en la personalidad de determinado tipo de empresarios que se sienten más cómodos sin cotizar. Además, en los últimos años, y con los tipos de interés tan bajos, la opción del crédito y del capital riesgo frente a la Bolsa ha podido resultar más atractiva.

P. ¿Por qué en España todavía no se ha lanzado ninguna SPAC [vehículos que salen a Bolsa sin actividad empresarial con el fin de captar dinero para buscar luego una fusión o adquisición de una compañía]?

R. Las SPAC se incluyen entre las fórmulas novedosas a las que me refería antes para promocionar las salidas a Bolsa. No son la panacea ni están exentas de riesgos, pero hay que tener la mente abierta. Con la legislación actual es perfectamente posible registrar una SPAC en España y desde la CNMV estamos listos para verificar estos folletos. Ha habido algunas aproximaciones, pero todavía no hemos recibido una solicitud formal de emisión. Creo que hay algunas dudas fiscales sobre el tratamiento de la valoración de los activos de las compañías fusionadas que pueden frenar el lanzamiento de estos vehículos. Convendría aclarar este aspecto que ya han resuelto en otros países. Sería una lástima que las SPAC de promotores o empresas empañolas tengan que recurrir a otros mercados en lugar de cotizar en España.

P. Como antes mencionaba, España tiene un tejido empresarial dominado por las pymes. Para aproximarlas al mercado se creó BME Growth (antiguo MAB). El caso Gowex erosionó su reputación y en los últimos meses están debutando compañías en pérdidas y con planes de negocio muy débiles. ¿Cree que habría que reforzar su supervisión?

R. Tenemos que ser honestos: no es posible concebir un segmento bursátil de este tipo donde la regulación es menos exigente y pretender que tenga riesgo cero. El mercado alternativo español solo ha sido moderadamente exitoso a la hora de atraer empresas. Esta iniciativa debe de ser potenciada porque es una magnífica plataforma para las compañías de menor tamaño, pero hay que asumir que la tasa de mortalidad de los grupos que cotizan en él será mayor al de los mercados regulados.

P. El año pasado cambiaron el sistema por el cual las empresas se comunican con la CNMV diferenciando entre información privilegiada y otra información relevante. ¿No cree que este cambio ha generado confusión?

R. El cambio obedece a la aprobación del reglamento europeo sobre abuso de mercado. Como todo cambio de un sistema de comunicación que llevaba décadas consolidado ha podido causar cierta confusión por parte de algunas empresas. Sin embargo, el planteamiento actual no solo es compatible con la norma europea sino que tiene sentido.

P. Hay operaciones o resultados empresariales que no se clasifican como información privilegiada, pero tienen impacto en el mercado.

R. Hay que tener claro que la responsabilidad de calificar la información le corresponde a cada emisor. Puede haber casos puntuales en donde se comentan errores y por supuesto estas situaciones son objeto de supervisión, pero creo que el esquema es razonable. Un mismo tipo de información no es siempre información privilegiada o deja de serlo, es importante analizar cada caso y hay veces que casos que parecen idénticos no son tan idénticos.

P. Pero si unos resultados, por ejemplo, no se califican como información privilegiada, ¿la empresa puede compartirlos a algunos analistas o inversores antes de hacerlos públicos?

R. No exactamente. Debe analizarse caso por caso y el hecho de que una empresa no los califique así no limpia los pecados ni genera certificados de inocencia. Puede que los haya calificado erróneamente y si se transmiten se podría estar cometiendo una infracción. Y si realmente no son información privilegiada, aunque no se apliquen esas normas de difusión, no parece muy ético ni recomendable gestionar la comunicación con dos mecanismos distintos. Es más prudente comunicar todo de forma ordenada.

P. La financiación sostenible se ha puesto muy de moda en los últimos años. ¿Cree que las reglas que definen qué son bonos verdes y qué no están lo suficientemente claras? ¿Hay riesgo de que las empresas usen la mayor concienciación ambiental de la población para hacer mediante estas colocaciones y los planes de sostenibilidad un lavado verde a sus actividades?

R. Aún no están claras esas reglas y la prueba es que estamos en la fase de desarrollo e implementación de un estándar europeo de bonos verdes. El riesgo de ecoblanqueo existe, no es despreciable y los supervisores estamos especialmente volcados en este asunto, porque existe la tentación de calificar cualquier emisión como verde para captar más dinero o incluso con menores tipos de interés. En cualquier caso, hay que decir que en Europa tenemos un marco normativo mucho más sólido que en otras zonas del mundo.

P. La opa de IFM fue muy larga y durante el periodo de aceptación algún accionista relevante compró acciones en el mercado. ¿Detectaron alguna mala práctica en este proceso?

R. Por ley, no puedo desvelar actuaciones de supervisión que llevamos a cabo. En términos generales, a la CNMV le compete clarificar qué tipo de operativa se puede realizar en un momento determinado. Eso lo hacemos a menudo porque a veces surgen dudas en la interpretación de la norma. La opa de Naturgy fue larga, pero no fue especialmente compleja. Se alargó por la autorización previa que tenía que conceder el Gobierno para superar el 10% del capital. Este tipo de autorizaciones a la inversión del capital extranjero son elementos que, a medida que vamos recuperando la normalidad tras la pandemia, sería bueno que volvieran a la situación previa. Suponen limitaciones que no son óptimas para el funcionamiento del mercado bursátil.

P. ¿Cree que el Gobierno debería plantearse eliminar esa autorización previa extraordinaria para inversiones extranjeras?

R. Sí

P. La CNMV tiene superávit y usted se comprometió a bajar las tasas que cobran a los miembros del mercado. ¿Sabe ya cuándo se aplicará esta reducción?

R. Las tasas fueron un éxito en el diseño original de la CNMV: no le costamos un céntimo al presupuesto público. Pero deben cubrir el coste del servicio, no deben generar un excedente, como ha sucedido en los últimos años. La idea es reducir ese excedente y adaptar ciertas figuras a la realidad actual del mercado. Creo que en el primer trimestre de 2022 estará lista la propuesta de la CNMV al Gobierno y será entonces cuando comuniquemos qué tasas proponemos reducir.

P. ¿Teme que los problemas de contratación de personal que sufre la CNMV puedan derivar en una bajada en la calidad de supervisión del mercado?

R. Hay una relación directa entre número y calidad de recursos humanos y calidad de la supervisión que se ejecuta. A mí no me preocupa tanto el número global, que también, sino las rigideces a las que estamos sometidos para la mera cobertura de vacantes. En 2015 se introdujo un cambio en la norma para eximirnos de la sujeción a la oferta de empleo público, pero hoy por hoy seguimos de facto con limitaciones. También seguimos con limitaciones sobre pequeños cambios en la carrera profesional de los técnicos para, sin variar la cifra total de gasto o de empleados, permitir un mínimo reconocimiento de sus carreras profesionales. Ese tipo de limitaciones son mucho más sencillas de solventar que un cambio grande en los recursos de la casa, y nos facilitaría mucho la gestión de los recursos que tenemos.

P. En cuanto a la ley de Transparencia, ¿Qué riesgos hay de que la actuación de la CNMV se vea comprometida en la medida en que alguien pueda requerir que se hagan públicos los expedientes confidenciales?

R. Está en análisis en el Tribunal Supremo porque ha habido un par de sentencias favorables a la preminencia del derecho de acceso frente al deber del secreto, pero ha habido otra en sentido contrario y el Supremo está analizando la cuestión. Es muy importante que se clarifique, en la medida en que el principal problema radicaría en que si la interpretación que tenemos en España de la normativa de transparencia y de la directiva Mifid, que son las dos normas que están en tela de juicio en esta materia, acaba siendo distinta de la interpretación que tienen en otros países europeos sobre esa misma cuestión, tendríamos dos estándares distintos de confidencialidad que dañarían de forma muy seria la cooperación internacional entre supervisores que se basa precisamente en las garantías de confidencialidad. Nuestras investigaciones dependen de forma esencial de la cooperación internacional así como la de nuestros homólogos europeos, y por tanto es importante que tengamos interpretaciones coincidentes de lo que esas normas europeas dicen respecto a la confidencialidad de los datos en poder del supervisor.

P. ¿Cómo es la relación con el Gobierno? ¿Respeta la independencia de la CNMV?

R. Por mi experiencia el respeto es absoluto. La independencia de la CNMV está más que reconocida, tanto por este Gobierno como por los anteriores. Creo que la madurez institucional española en este ámbito es un elemento muy importante y el nivel de respeto es equiparable al de los países más avanzados de nuestro entorno.

P. ¿Qué siente cuando el líder de la oposición le incluye en una lista de nombramientos políticos?

R. Espero que sea una confusión de siglas, porque cuando en la comisión de Economía del Congreso se propuso mi nombramiento, el grupo popular votó a favor y, si no recuerdo mal, hizo incluso algún reconocimiento sobre la independencia y la profesionalidad del equipo que se planteaba para la CNMV.

P. ¿Cree que casos como el de Villarejo pueden erosionar la confianza de los inversores internacionales en el mercado español?

R. En la CNMV siempre hemos dicho que los riesgos reputacionales no deben ser minusvalorados. Cuando hay situaciones que afectan a una o a varias compañías y que perduran en el tiempo pueden acabar erosionado su reputación. Es algo que reconocen las propias cotizadas. En casos como el que menciona, mi impresión es que no han generado aún un daño permanente, pero si se generalizan o se multiplican podría producirse ese efecto.