Trabajo lanza una “advertencia expresa” al Sabadell por su ERE

El Ministerio de Trabajo ha lanzado un aviso a Banco Sabadell con respecto al expediente de regulación de empleo (ERE) que la entidad anunció a principios de septiembre, y que prevé el despido de unas 1.900 personas. En una carta con fecha 21 de septiembre, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la Dirección General de Trabajo manda una “advertencia expresa” al banco, en la que le recuerda que debe “incorporar al necesario debate a desarrollar durante el periodo de consultas aquellas medidas dirigidas a evitar o reducir los despidos colectivos y a atenuar sus consecuencias respecto de las personas afectadas”.

La misiva señala que la entidad debe de cumplir los requisitos formales que requiere la ley, pero incide en que “adquiere especial trascendencia en los supuestos como el presente” también el respeto de los requisitos de fondo. “En este sentido, la intención empresarial, según la información de que dispone este centro directivo, presenta elementos de especial gravedad y trascendencia, particularmente por su impacto en el empleo, que podría afectar, además, a los colectivos que actualmente ostentan las tasas de desempleo más preocupantes en nuestro país: las personas jóvenes y las mujeres”, reza la carta.

En principio, Sabadell pretende cubrir el ERE en la mayor medida posible con salidas voluntarias y prejubilaciones, y excluirá a determinados colectivos de trabajadores de los despidos. Entre los exonerados están los trabajadores de entre 50 y 55 años, por considerar que tienen mayor dificultad para acceder al mercado laboral, o los mayores de 63. Sabadell ha justificado el recorte, que afectará a más del 12% de la plantilla, en la necesidad de conseguir una mayor rentabilidad y eficiencia, tal y como marca su plan estratégico 2021-2023. Una motivación que los sindicatos consideran un “insulto”, sobre todo después de que ya se hubieran pactado medidas en esta dirección a inicios de este año, con la salida de unos 1.800 empleados de forma voluntaria. La entidad presidida por Josep Oliu, sin embargo, alegó que este recorte no había sido suficiente para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Las autoridades laborales no pueden vetar despidos colectivos en las empresas después de la reforma de 2012, pero sí advertir de defectos de forma o falta de documentación en sus procedimientos. Aunque no sea frecuente, hay un precedente muy reciente. El departamento liderado por Yolanda Díaz ya había lanzado en mayo la misma advertencia a BBVA y CaixaBank, después de que las dos entidades pusieran en marcha dos procesos de recorte de plantilla.