El precio de la electricidad sigue su escalada y marca un nuevo récord para este jueves: 141,71 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa en una media de 141,71 euros el megavatio hora (MWh) para este jueves frente a los 135,65 euros del día anterior. Se trata de un nuevo récord absoluto, que supera los 140,23 euros del 2 de septiembre. El pico máximo, que se producirá en el tramo de 21.00 a 22.00, también será récord con 155,62 euros, mientras el mínimo se fija en 120,92 euros a las cinco de la mañana.

En medio de este maremágnum, las compañías del sector energético han coincidido en exigir al Gobierno y a la Comisión Europea soluciones urgentes para atajar el precio de la electricidad. En ese sentido, han reclamado que se acelere la transición energética y la descarbonización, así como la adopción de medidas para reducir la dependencia del gas en la formación de los precios mayoristas, según han expresado los consejeros delegados de los principales grupos en un foro organizado por el diario El Economista. Según afirman las compañías, que han sido señaladas como los principales beneficiarios de la escalada de precios, la situación es perjudicial también para ellas y apuntan que la solución pasa por la reducción de impuestos al tiempo que defienden los contratos bilaterales al margen del pool. Asimismo, varias compañías consumidas han coincidido en que el futuro de las renovables pasará por que se potencie el almacenamiento. De momento, el Gobierno ya ha fijado para el día 19 de octubre la convocatoria de una subasta de renovables por 3.300 MW.

A río revuelto, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha aprovechado su intervención en el citado foro para anunciar que su empresa lanzará desde el 15 de septiembre una tarifa para el mercado liberalizado consistente en garantizar un precio de 60 euros MWh durante los próximos 24 meses para los clientes domésticos, tanto los actuales como para los nuevos contratos que logre con la oferta. Es decir, el mismo precio que tenía antes de iniciarse la escalada. Naturgy quiere pescar en el mercado regulado, en el que están en torno a 10,5 millones de consumidores, con una medida que, a juicio de Reynés, demuestra que “las compañías miramos también desde un ámbito social las decisiones empresariales”.

Por su parte, José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha pedido enfocar el tiro hacia el, en su opinión, verdadero problema, el gas, que en abril del año pasado estaba en cinco euros y ahora en casi 60, al tiempo que redimía de toda culpa al Gobierno y a las empresas de la evolución alcista del recibo eléctrico y defendía el sistema marginalista. No obstante, para Bogas, “estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua: en 2012, 2015 y 2018 se pagaron 54 euros al mes y hasta agosto el cliente tipo ha pagado 56 euros al mes, 10 euros más que el año pasado. Pero lo que se espera de aquí hasta la primavera son precios que van a estar en 60 y tantos”. Y se ha preguntado: “Tenemos el mismo mercado España y Portugal. ¿Por qué los portugueses no están preocupados? Porque tienen una tarifa en la que no les afecta. Tenemos muchos impuestos, hay que bajar los impuestos. Espero y deseo que con medidas correctas se pueda bajar el precio de la luz sin hacer barbaridades”, ha enfatizado.

En el mismo sentido se ha expresado la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, que defendió la bajada de impuestos como el camino viable. “Más del 50% de los precios que llegan al consumidor están compuestos por impuestos, lo que requiere un análisis en conjunto de la fiscalidad. Es el cuarto o quinto país de Europa que más componentes de este tipo tiene, desvirtúa la realidad”, dijo. La ejecutiva negó, por otra parte, que la compañía se beneficie de haber vaciado los embalses para producir electricidad este verano y defendió que dicha actuación, en lugar de provocar una subida del precio, ayuda a que no sean tan altos. “No hemos cometido ninguna anomalía poniendo a disposición del sistema estas reservas energéticas”, aseguró Santamaría, quien defendió también que la compañía ha respetado todos los límites y obligaciones concesionales, además de controlar el impacto en la calidad de las aguas. Además, destacó que si no se hubiera producido esta electricidad con tecnología hidroeléctrica, las emisiones de CO₂ se habrían incrementado en 1,6 millones de toneladas y “el precio hubiera sido seguramente unos euros más alto”.

Tanto Bogas como Santamaría pidieron soluciones para las centrales nucleares, cuya retribución no es la justa. Santamaría ha asegurado que estas plantas llevan cuatro años produciendo a pérdidas, lo que lleva a una situación insostenible. “Estamos completamente abiertos a explicar todos los costes que soportan para que se reconozcan y se busquen soluciones conjuntas” porque no se les puede producir a pérdidas. La energía nuclear aporta más del 20% de la generación. Al respecto, Bogas ha añadido que “no tiene sentido apagarlas antes de 2035 porque juegan un papel muy relevante en la transición” y no cree que una empresa pública las fuera a gestionar mejor que una privada. “Estos debates me aburren en el sentido de que parece que estamos buscando culpables, cuando lo que tenemos es que buscar soluciones”, ha sentenciado.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, fue más incisivo en la necesidad de acelerar la transición energética y, en ese sentido, ha pedido a Bruselas y a los gobiernos europeos que pongan más derechos de CO₂ en el mercado mientras no haya mecanismos de ajuste en frontera y dure la tensión en los precios de la electricidad. En ese punto ha puesto el dedo en la llaga al denunciar que “hay que ir en contra de la especulación con esos derechos, y eso se puede hacer de forma inmediata”. Según Imaz, “eso está haciendo que el consumidor eléctrico esté pagando lo que paga en la actualidad”. “No podemos pensar que Europa va a correr indefinidamente y el resto del mundo, no. Estos precios del CO₂ tienen consecuencias en el consumidor y en la competitividad industrial”, ha alertado, explicando que la producción se traslada a China, Turquía o India, donde no existen esos límites de emisiones. A su juicio, estas políticas están conllevando “un mayor coste para consumidor, una pérdida de competitividad y un aumento de la huella de CO₂ en el mundo”.

Por ello, el ejecutivo ha reclamado una descarbonización que contemple todas las tecnologías y con el precio como elemento de competitividad. “Tenemos que hacer una transición justa en la que todas las tecnologías puedan jugar su papel y que los consumidores paguen precios adecuados”, ha dicho. De paso, ha arremetido contra el Fondo de Sostenibilidad anunciado por el Gobierno para que todas las tecnologías sufraguen el coste de las renovables. “Habrá tres problemas en vez de dos: el coste de la electricidad, el coste del gas y el coste de las gasolinas, dado que los operadores repercutirán a los consumidores el coste de dicho fondo”. A su entender, este fondo va en contra de la visión de la España vaciada, ya que afectará especialmente a comunidades autónomas del interior como Castilla y León, Navarra o La Rioja, entre otras.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, por su parte, señaló que la solución está en potenciar las energías renovables y no algo que no tiene como el gas. Mateo destacó que “no es sorpresa que el PVPC sea volátil, lo es el diseño del mercado y la evolución del precio del gas internacional. Los productores de renovables estamos doblemente acostumbrados a lidiar con la volatilidad, la del precio del mercado y la del recurso”. El primer ejecutivo de EDP España, Rui Texeira, insistió en cambiar el modelo económico a uno más descarbonizado e incidió en que los contratos de energía bilaterales son “la solución más viable”. Al respecto informó de que ya el 30% de los contratos del pool son bilaterales.